EPÍLOGO DE LAS LEYES COLONIALES DE LAS INDIAS Y PRÓLOGO DE LA CODIFICACIÓN EN VENEZUELA
EPÍLOGO DE
LAS LEYES COLONIALES DE LAS INDIAS Y PRÓLOGO DE LA CODIFICACIÓN EN VENEZUELA
Pedro Casale Valvano*
SUMARIO: INTRODUCCIÓN. A. DESDE EL DESCUBRIMIENTO HASTA LOS
ACONTECIMIENTOS DE 1810. Escenario jurídico como consecuencia del
descubrimiento. Régimen político y legal en el período colonial hasta la
creación de la Capitanía General de Venezuela (1777). Marco legal durante la
colonización e independencia: Constitución Material. Las leyes españolas.
Derecho indiano. Derecho criollo. Transformación de los órganos del Poder
Público: La Intendencia de Ejército y Real Hacienda; Real Audiencia de Caracas;
Real Consulado de Caracas. B. ECOS DE LA
REVOLUCIÓN FRANCESA EN NUESTRA JURIDICIDAD. C. JURIDICIDAD ENTRE 1810 Y 1830.
1. Sinopsis de las fases del nacimiento del derecho
nacional: Primera fase: Nacimiento de un nuevo derecho; Segunda
fase: Transición legal (Mixtura de sistemas legales); Tercera Fase. 2. Publicaciones
y doctrina. D. PRÓLOGO DE LA
CODIFICACIÓN EN VENEZUELA Y ABOLICIÓN DE LAS LEYES ESPAÑOLAS. Referencia
Liminar. Proceso de Codificación Civil, Penal y Mercantil. Preámbulo. La
Codificación Civil Sustantiva. La Codificación Civil Adjetiva: Antecedentes;
Proceso de codificación. La Codificación Penal Sustantiva. La Codificación
Penal Adjetiva. La Codificación Mercantil. Derecho Tributario. Derecho del
Trabajo. Conclusiones. Bibliografía.
INTRODUCCIÓN.
La intención de estas
líneas no es realizar un estudio a profundidad sobre la formación de las leyes venezolanas,
más bien queremos destacar algunas circunstancias que influyeron tanto en su
fase inicial como en la transición a la codificación moderna.
Durante el ciclo
historiográfico de la conquista y colonización se aplicaron exclusivamente
leyes especiales españolas y después, precisamente con la proclamación de la
república, se abre paso a algunas leyes locales que compartían validez jurídica
con aquellas. Ese dicotómico sistema legal, que se mantuvo cerca de un siglo, pervive
hasta finales del siglo XIX cuando se adopta la codificación.
_____________________________
*Universidad Central de Venezuela: Abogado; Especialista en Derecho del Trabajo por la UCV; Doctorando
UCV; Coordinador del postgrado en Derecho del Trabajo UCV. Profesor de la
materia Derecho Procesal del Trabajo en el postgrado en Derecho del Trabajo
UCV. Este artículo corresponde a una línea de investigación que iniciamos en el
Doctorado en Ciencias, Mención Derecho, UCV, en la materia Génesis
Constitucional, con la Profesora Irene Loreto, y en la materia Historia de las
Instituciones Coloniales Hispanas, con el Profesor Tulio Alberto Álvarez.
Otro hecho, no menos
importante, pero que condicionó no solamente el proceso de formación de
nuestras leyes sino además nuestra formación sociocultural, política y
económica, es que esas leyes estructuradas
originalmente en la Península Ibérica impuestas en las Indias occidentales se fundamentaron
principalmente en el derecho quiritario. La colonización se ejecutó al estilo
de la Imperium romano: se asume como querido
por Dios que existan quienes en la sociedad civil gobiernen a la masa y, la
consecuencia necesaria, quienes no lo acaten perpetran un pecado manifiesto[1], abriendo la puerta al absolutismo.
Para acometer el objetivo,
analizamos la evolución diacrónica de la formación normativa indiana, que comprende
el periodo transcurrido desde la conquista/colonización hasta la alteración ocurrida con los acontecimientos políticos de 1810, pero que no concluye
sino hasta finales del siglo XIX al preferirse la codificación moderna al
estilo del código napoleónico.
Para su comprensión,
dividimos el ensayo en tres momentos esenciales. El primero, comprende desde el
descubrimiento/colonización hasta la conformación de la Capitanía General de
Venezuela y la fundación de las separadas provincias - conforme al sistema de
división territorial creado por los romanos - donde se instaura un sistema
legal especial principalmente para la ordenación del territorio, redactado
generalmente en España, salvo algunas órdenes o instrucciones particulares
dictadas por algunos funcionarios en las tierras de las Indias occidentales
para surtir efectos en el territorio de ultramar. Para ese momento, no existía
un derecho indígena[2], tampoco el derecho español
se encontraba sistematizado jurídicamente, y lo que realmente existía era un
laberinto de leyes que seguramente influyó en la tardía codificación en la Península.
Tal vez, y por esa misma circunstancia se dictó primero un Código Civil en
Venezuela que en España.
Como consecuencia de las transformaciones
políticas ocurridas en Venezuela a finales del siglo XVIII, particularmente con
la creación de La Intendencia de Ejército y Real Hacienda, la Real Audiencia de
Caracas, el Real Consulado de Caracas, se asoman los primeros intentos legislativos que marcan la dirección
para la construcción de un derecho redactado en el país. Por supuesto, no fue
sino hasta la ocurrencia del levantamiento de 1810 cuando la juridicidad se
asienta en Venezuela, precisamente para ordenar el nuevo gobierno recién
instalado.
El segundo periodo se
centra en 1810. Dado que existía la imperiosa necesidad de reglamentar el nuevo
orden social e institucional, los integrantes de la junta suprema[3] y el congreso constituyente se encargaron de
este periodo especial, aunque esa labor jurídica fue suspendida en el tiempo por
la guerra de independencia y la caída de la primera república. El propósito es destacar
(i) la dualidad legislativa que comenzó a regir en ese momento en la sociedad
venezolana: dos sistemas jurídicos en supervivencia, uno autóctono, novedoso, consecuencia
de las profundas transformaciones políticas que pretendían irrumpir contra el
antiguo régimen, y el derecho español vigente desde el descubrimiento. Más
adelante, a causa de la integración colombina, estuvimos sujetos a tres
sistemas legislativos, a saber, el venezolano, el colombiano y el español; (ii)
que, intrínsecamente a la transformación política surge la transformación
jurídica, la cual simboliza la fase inicial del abandono del derecho español
inspirado en el derecho quiritario.
Desvinculados
definitivamente de la Gran Colombia iniciamos a tomar la distancia normativa
frente al derecho colonial español, principalmente con la promulgación de las
nuevas constituciones y otros actos jurídicos dictados por el ejecutivo, aunque
continuaron rigiendo algunas leyes extranjeras (mixtura legal) en la sociedad
venezolana hasta la creación de los códigos nacionales a finales del siglo XIX.
Finalmente, con la
intención de concretar este ensayo, en el último periodo aportamos un esquema que
ejemplifica la paulatina abolición del derecho español que abre a la vez la dirección
del derecho nacional. Precisamente con la creación y redacción escalonada de
los códigos nacionales se abandona la vestidura quiritaria-española en materia
legal, tanto sustantiva como procesal en materia civil, penal, mercantil y
tributaria.
- Escenario jurídico como consecuencia del descubrimiento.
Según el contenido de la Bula del Papa
Alejandro VI, Eximiae devotionis[4] la Iglesia concedió
en 1493 a los reyes de España, Fernando e Isabel, reyes de Castilla y Aragón, la posesión y jurisdicción sobre las tierras
del nuevo mundo. Con esa facilidad se concretó la integración para que las Indias
formaran parte del estado español. Aquella Bula combinada con la breve
apostólica Inter Caetera, de la misma
fecha y de otras inmediatamente posteriores, constituyeron la base jurídica o
el fundamento legal de la época para definir la ocupación y conquista de las
tierras americanas y de sus habitantes, llamados en ese tiempo con el
gentilicio de indios por haber creído erróneamente Colón llegar a la India
Occidental.
Describen
los historiadores[5], quienes a su vez glosan las crónicas de los
misioneros, que los nativos a pesar de no estar totalmente civilizados cumplían
reglas de convivencia y de forma de vida, tenían sus propias costumbres y
hábitos. Incluso, emplearon distinciones sociales como el de los caciques o los
indios caribe, conocieron del matrimonio, la familia, algunos practicaban la
poligamia, otros habían construido ciudades como las del Delta del Orinoco, algunos,
como los caribes fueron antropófagos. Los principios de una elemental legislación
consuetudinaria, la única que podríamos descubrir en la época precolombina, no
nos interesa como elementos formativos de lo jurídico, sino como hechos
históricos en delimitación de lo que hemos denominado precivilización aborigen[6].
Con
el transcurso del tiempo, el desenfrenado propósito de tomar posesión del
territorio propicia algunos hechos que trastornan la autóctona forma de vida de
los nativos: la actuación de los conquistadores les quitó sosiego y hubo
entonces luchas extremas con los indígenas, quienes ejercieron resistencia al
ser indignamente tratados y usurpados. Los secuestraban para esclavizarlos,
robarlos y asesinarlos; los sometieron a trabajos forzados[7]. Frente a los escenarios de
crueldad, carecían además de una organización social y política homogénea.
Es
solo a mediados del siglo XVI que el imperio español instaura el sistema
organizativo-territorial y surgen las primeras provincias que se van unificando
para crear luego la Capitanía General de Venezuela en 1777[8]. Con la creación de las provincias
a semejanza del sistema español, a la vez este profundamente influenciado por
el sistema quiritario de colonización territorial, comienza a surgir en
Venezuela nuevas reglas de conducta distintas a las que se conocían y empezaron
a aplicarse las leyes dictadas en España en el territorio conquistado, entendiéndose
como el inicio de la constitución material.
Los indígenas, que según Ángel Rosenblat en ese
momento eran unos 350.000[9], quedaron sujetos a la legislación española dictada
exclusivamente para ser aplicadas en las Indias: Las Leyes de Burgos; las
Ordenanzas de Zaragoza (1518); Las Leyes Nuevas (1542); Recopilaciones no
Oficiales; Recopilaciones Territoriales: Cedulario de Vasco de Puga,
Recopilaciones Generales: Código de Ovando, Proyecto de Alonso Zorita,
Cedulario indiano recopilado por Encinas, Recopilación de Cedulas de Solórzano Pereira;
la Real Audiencia de Valladolid (1543) y la Recopilación de 1680, cuyos propósitos era la organización geopolítica
del territorio, justificación de la conquista para luego servir de fuente del
derecho, y de manera especial la regulación de la protección de los nativos.
Se
dictan regulaciones especiales para proteger la vida y salud de los nativos como
consecuencia de las constantes quejas de los monjes franciscanos, capuchinos,
jesuitas, dominicos, agustinianos, quienes eran los únicos que testificaban el real
maltrato a los indios. En esas leyes indianas se previeron algunos beneficios, como
el derecho de propiedad de las granjas y productos, la prohibición de trabajar
embarazadas, prohibición de cargarlos como bestias, prohibición de trabajar los
menores de 14 años, límites a la jornada de trabajo, en fin, se previó la protección
de la dignidad del indio y la prohibición de esclavizarlos[10].
A
pesar de toda esa inflada regulación, los antecedentes documentales de los
misioneros confirmaron que la actitud y comportamiento de los conquistadores se
caracterizó por ser contrario a lo dispuesto por el Estado Español. Se violaron
todas las normas protectoras de la integridad y salud de los indígenas y
desconocieron el valor de las leyes y normas jurídicas. La colonización en Venezuela fue el más estupendo escenario de la
trasgresión legal[11].
- Régimen político y legal en el período colonial hasta la creación
de la Capitanía General de Venezuela (1777)
Como
consecuencia de la colonización se fundaron en territorio venezolano las
principales ciudades al estilo de conquista quiritario, que a su vez fungieron
como capitales de las provincias. Fueron pobladas principalmente por los
indígenas y los representantes misioneros provenientes de España: Margarita,
Venezuela o Caracas, Nueva Andalucía o Cumana, Guayana y Maracaibo, la cual comprendía
la de Mérida-La Grita.
Las
provincias se constituyeron con una jurisdicción territorial y con un sistema
político-administrativo separado, emulando al modo formal de conquista romano[12], hasta la integración en la Capitanía General
de Venezuela[13] que en definitiva sería el territorio que
conformaría la república en 1811.
Las provincias
tuvieron un régimen interno constituido por varias autoridades, cuyo principal
representante fue el Gobernador y sus funciones preestablecidas en las leyes,
pero dependientes unas de la Audiencia de Santo Domingo y otras de la Audiencia
de Santa fe. Aparecen las primeras ordenanzas
particulares para su gobierno, en las cuales encontramos magníficas directivas
que forman la legislación primigenia de Venezuela, desde el punto de vista histórico[14].
El
Gobernador también administraba justicia civil y criminal en primera instancia
con el asesoramiento de un letrado denominado Teniente de Gobernador y Auditor
de Guerra. De sus decisiones conocían los Alcaldes Ordinarios en apelación. Esta
injerencia del ejecutivo participando en la administración de justicia, encarna
un signo distintivo de la cultura política en nuestro país, el cual, a la fecha
de este ensayo, no hemos superado.
Según
el historiador Guillermo Morón[15], el
régimen interno administrativo de cada ciudad lo constituían de acuerdo con las
Leyes de Indias, las siguientes autoridades: El cabildo, los regidores, los
Alcaldes Ordinarios, Alcaldes provinciales, Escribanos Públicos y de Cabildo,
Alféreces Reales, Fieles Ejecutores, Depositarios Generales. Pero, entendemos
que el máximo representante del ejecutivo de la época era el Gobernador de la
provincia.
Durante
ese periodo colonial regían en las Indias Occidentales las Leyes de Indias a
través del Consejo de Indias, suprema autoridad después del rey sobre el
gobierno del nuevo continente. Se creó
igualmente la Casa de Contratación de Sevilla para controlar los asuntos
mercantiles y de justicia[16].
Las
reglas y normas de la recopilación de la Leyes de Indias, rigieron la vida
civil y comercial, los delitos y las penas, los procedimientos civiles,
criminales y mercantiles, los impuestos y rentas públicas, los Cabildos o Ayuntamientos
y otros cuerpos y tribunales públicos, el régimen militar de los veteranos y de
milicias y todo aquello que requería cierta regulación y orden.
3.
Marco legal durante la colonización e
independencia. (Constitución Material)
a)
Las leyes españolas:
En la
época del descubrimiento no existía en la Península un sistema ordenado de leyes,
al contrario, había una inflación de normas que se encontraban dispersas en
distintas leyes[17]. Para el momento de la gestación
revolucionaria y la independencia venezolana, el derecho español no se
encontraba codificado en el sentido moderno sino repartido en varios
ordenamientos jurídicos, no asumía la unidad teórica francesa que contaba con el
Código Civil de 1804, a saber, el llamado Código Napoleónico.
Efectivamente para ese momento las principales
leyes españolas eran, el Ordenamiento de Alcalá, las 83 Leyes del Toro, la Recopilación
de las Leyes de Castilla, Novísima Recopilación de las Leyes y el libro de las
Partidas.
La
Novísima Recopilación de las Leyes impuso el orden a seguir en la observancia
de las leyes, expresando que primero se debe seguir las leyes de la
recopilación y las que se han establecido después de ellas, con la advertencia
que las más antiguas ceden a las más recientes que le son contrarias, y en
segundo lugar las del Fuero Real y los Fueros Municipales y por ultimo las de
las Siete Partidas.
Se
debe puntualizar que la fuente jurídica española de la edad media estaba
influenciada esencialmente por el derecho
romano. En los siglos V al VII se impuso en la Península el sistema
jurídico calificado como visigótico, que como recordamos se asentó
principalmente en las costumbres, y no fue sino hasta principios del siglo VIII
que se produce la invasión musulmana que no dejo huellas en la cultura jurídica
en la Península[18]. En los siglos XI y XIII la labor de los
glosadores determino el retorno del derecho romano, se promovió nuevamente la enseñanza
del derecho Justiniano con la alianza de los cánones de la Iglesia.
b)
Derecho Indiano
Constituido
por el ordenamiento dispuesto en España para ser aplicado en los pueblos
hispanos. Rigió tanto en las indias orientales como occidentales (Américas y Filipinas)
y su vigencia se extendió desde el descubrimiento hasta la formación de los
derechos nacionales hispanoamericanos en el siglo XIX.
Más
adelante[19], analizamos como ese derecho importado coexistió
con el derecho nacional desde 1810 hasta la promulgación de los códigos
nacionales, simbolizando la derogatoria definitiva de este derecho.
El
derecho indiano proviene de la tradición jurídica europea dominada especialmente
por la Recopilación de las Leyes de Castilla por ser el reino que logró el
descubrimiento y conquista de américa. Las primeras iniciativas las
constituyeron las Leyes de Burgos especialmente dictadas para el tratamiento de
los indios, en dos momentos distintos: la primera el 27 de diciembre de 1512 y
las cuatro últimas el 28 de julio de 1513. Posteriormente se publica por orden
del emperador Carlos I de España las Leyes Nuevas de 1542-1543, la cual se
caracterizó por la diversidad de materias que regulaba y trataba el nacimiento del
Virreinato de Perú y la Audiencia de Lima, y se crea la Audiencia Real de los
Confines, con jurisdicción en Centroamérica. Fue un derecho creado y ordenado
para evangelizar a los indios y ordenar el sistema político-administrativo de
la colonia al buen estilo quiritario de colonización.
Siguiendo
la tradición dispersiva, aquí también existía una normativa en reales cedulas,
decretos, ordenanzas, pragmáticas, provisiones, mandatos, instrucciones,
cartas, las cuales fueron recopiladas desde 1609 por Juan de Solórzano y
Pereira, que a su vez constituyo la base de la recopilación de las leyes de
indias de 1680[20].
En
definitiva, este derecho indiano se caracterizó por ser ambiguo y complejo por
su adaptación a otras costumbres y organización política foránea. Además, por
la dificultad del castellano de la época para los venezolanos representaba un sistema
legal abstruso y farragoso.
En
Venezuela, básicamente estaba compuesto por:
1. La Recopilación de las Leyes de Indias, promulgada en 1680. Dividida en cuatro tomos
con un total de 9 libros[21] que contienen 6.385 leyes agrupadas en 218
títulos. Siguiendo el mismo estilo del Codex
Iustinianus. Cada ley señala el año, rey y lugar de expedición de dicha
norma.
2.
Por otra parte, Las Partidas
del siglo XIII con marcada influencia en américa hasta la codificación nacional,
aunque en España tuvo aplicación secundaria,
pues primero se atiene en los tribunales a las leyes de la Recopilación y las
que se han establecido después de ellas, por su defecto a las del Fuero Real y
a las de los fueros municipales en cuanto estén en uso, y últimamente a las de
las Siete Partidas[22].
Alfonso X, soberano de
León y Castilla, propició desde 1252 la integración del derecho. Su obra
legislativa se concentró en instrumentos: A) El Fuero Real; b) El Espéculo; c)
Las Leyes de Estilo, y d) Las Partidas.
Las Partidas, además
de organización político-territorial y proclamación de la fe cristiana,
contempló los derechos reales y personales, la división de las cosas, la
costumbre o derecho no escrito y el patronazgo, el vasallaje, los modos de
adquirir el dominio, posesión, servidumbre, hipoteca y prenda, enfiteusis,
contratos, distinción entre pacto y contrato, géneros de contratos, testamentos,
las penas, entre otros. Fue un texto jurídico fundamentado en el derecho romano
justinianeo, canónico y feudal[23].
Como antecedente
histórico, Las Siete Partidas adquirió una vigorosa presencia en Venezuela,
incluso, hasta más allá de la codificación, tanto en carácter de ley vigente
como de obra doctrinaria apreciada por juristas y otros escritores. Particularmente
tuvo mayor aceptación aquí que en la Península. Fue el cuerpo legal de mayor
aplicación en Venezuela y principal fuente para el proceso de formación de los
códigos nacionales.
3. Se han de considerar también un conjunto de reales
cedulas, pragmáticas e instrucciones, órdenes, bando, provisiones, autos,
emanadas de la Corona[24].
Gran
parte de los mencionados cuerpos normativos indianos, previeron disposiciones
procesales sobre competencias, pleitos y sentencias, apelaciones, recusaciones,
referencia a la cuantía mínima, facultad de los árbitros, inmediación procesal,
se establecieron términos o lapsos razonables para las apelaciones y
suplicaciones. Para las apelaciones de segunda suplicación (causas de mayor
cuantía) para ante el rey, los pobres en lugar de dar fianza daban caución
juratoria, contempló sanciones por corrupción, cárceles y carceleros; aposentos
apartados para las mujeres, separación en atención a su posición social y
política, los regidores diputados eran los defensores, vistas de cárcel,
sanción a los falsos testigos, que prácticamente rigió hasta la creación de la
Junta Suprema de 1810.
c)
Derecho Criollo
Es el
derecho nacido en los territorios americanos y de exclusiva aplicación al
territorio donde ejercía sus funciones la autoridad que las creo. Son
elaboradas por gobernadores, veedores y otras autoridades y enviadas al Consejo
de Indias para la confirmación real.
- Transformación de los órganos del Poder Público.
Debido
al crecimiento económico y poblacional en las provincias - que luego conforman la
Capitanía General de Venezuela - suceden importantes cambios en la estructura
orgánica del país que positivamente contribuyo con el avance cultural, político,
económico y legal en ese momento histórico. Se fundaron por las autoridades
españolas nuevas instituciones políticas-jurídicas que constituyeron paradójicamente
nuestra primera fuente legislativa y judicial, las cuales dejaron importantes
huellas en la creación de un derecho nacional. A saber:
4.1 La
Intendencia de Ejercito y Real Hacienda:
Se funda el 8 diciembre de 1776 por cédula de Carlos III (instrucción Real), regulando
principalmente lo relativo a la materia económica y propiedad de las tierras[25]. Regía lo relacionado a las rentas, alcabala
de tierras, alcabala de mar, el derecho al almirantazgo, el almojarifazgo,
derecho de armada, arrendamiento de tierras realengas, venta de papel sellado,
del aguardiente, juegos de gallos, boliches y billares, la de la sal, la de las
minas, las del tabaco y chimó, un valioso antecedente del derecho tributario
nacional. Después de la Batalla de Carabobo fue abolida por las autoridades
republicanas.
4.2 Luego de un extenso proceso de formación,
el día 6 de julio de 1786 se dictó el real decreto de creación de la Audiencia de Caracas, para matizar el desacreditado
exceso político y militar que estaba en manos de los gobernadores y el capitán
general.
Se funda este tribunal
con variadas funciones políticos-administrativas. Ejerció
un permanente control de funcionarios e instituciones. Intervino en los fueros
militares. Atendió asuntos eclesiásticos. Vigiló el buen tratamiento de los
indígenas. Fiscalizó la Real Hacienda. Legisla sobre varios asuntos sobre la
base de la Recopilación de Leyes de Indias de 1680, y tenía jurisdicción en
todo el territorio provincial y luego en la Capitanía General de Venezuela.
Realmente fue un medio para agilizar los asuntos judiciales, pero a la vez fue
un instrumento para apaciguar los ánimos de los diferentes sectores de la
sociedad y evitar en lo posible las arbitrariedades de los gobernadores, del
intendente y demás funcionarios locales: se deseaba rescatar la deteriorada autoridad
española.
Se consagró como la cúspide de la
administración de justicia, dado que se concibió como tribunal de apelación. “…La instalación de la Real Audiencia de
caracas fue un gran acontecimiento, porque tal institución vino a encauzar las
actividades judiciales que se cumplieron a través de casi trescientos años en
el territorio venezolano. Puede decirse que la Real Audiencia desempeña la más
elevada función en orden a la cohesión social y política, con la consolidación
de la juridicidad, pues aun en las épocas de crisis de la ley y del derecho,
ante la avalancha militarista encabezada por Domingo Monteverde y José Tomás
Boves, el Alto cuerpo judicial, representado por su regentes, entre quienes se
destaca Don Francisco José Heredia, dio siempre el frente con singular
heroicidad para mantener en alto el estandarte de la ley y la justicia…”[26]. Sin embargo, sus funcionarios y
magistrados no escaparon de la tradición colonial, la corrupción y el desorden[27]. Según
los propósitos de su creación y la forma posterior de funcionamiento, de
acuerdo a lo que nos explican los glosadores, nos convence la idea que allí se
encuentra el antecedente de la corrupción que siempre se ha infiltrado en el
poder judicial venezolano.
Aspecto que merece
destacar, es que la Audiencia nos libera del dominio de las Reales Audiencias
de Santa Fe y de Santo Domingo, y realiza la unificación de las provincias
venezolanas (1777). Significó un factor importante en el proceso de integración
jurídico-política de las dispersas provincias, lo cual dio configuración a la
jurisdicción territorial que conformaría la República de Venezuela de 1811 y
fundamentaría el principio de Uti
possidetis iuris.
Mantuvo sus funciones,
incluso, después de la promulgación de la constitución de 1811 - que había
plasmado la separación de poderes y creado el Poder Judicial como la Corte
Suprema de Justicia - dado que por el conflicto bélico esas instituciones no se
conformaron. Hasta la caída de la primera república soportó el caos de la
guerra, y desde 1812 hasta 1821 represento la única fuerza legal en el
territorio venezolano[28].
Este tribunal sintió
los oprobiosos embates de Monteverde quien fue el último capitán general
presidente de la Real Audiencia. Perdida la causa española por su derrota en la
batalla de Carabobo condujo a su extinción, culminando con la actuación de una
institución que de alguna manera puede considerarse la antecesora de los altos
tribunales del país.
Además de lo
mencionado, también se le puede atribuir como hechos históricos relevantes, la
promoción de los (i) estudios jurídicos: bachilleres en leyes, abogados y
doctores en derecho que se habían formado en el Seminario Colegio de Señora Santa
Rosa de Santa María de Lima de Santiago de León de Caracas donde se erige luego
la Real y Pontifica Universidad de Caracas[29], el Seminario Colegio de
San Buenaventura de Mérida de los Caballeros. De sus aulas egresaron
importantes figuras intelectuales de nuestro proceso emancipador[30]; como su contribución (ii) en la instalación
del Colegio de Abogados de Caracas (1788) y la creación de la Academia de Derecho
Español y Público (1790).
Con absoluta
convicción, podemos afirmar que, con el funcionamiento de este tribunal, la
juridicidad comienza a formar parte de nuestra cultura.
4.3 El 3 de junio de 1793 fue expedida en
Aranjuez la real cedula de erección del Consulado
de Caracas, el cual fue un órgano establecido con el propósito de
incrementar y fomentar la actividad económica. Sus funciones eran la de
administrar justicia en los pleitos mercantiles. Constituyó un instrumento de
poder económico de mucho valor utilizado por la burguesía caraqueña como
elemento político de gran proyección. Sirvió de base para la acción iniciada el
19 de abril de 1810.
Con este Consulado se
instaura un derecho fiscal, un derecho mercantil y nuevas normas para la
administración de justicia. Inicia en la sociedad un clima legalista.
Fue una de las
primeras instituciones jurídicas especializadas, verdaderamente autóctona.
Constituyó el primer Tribunal Mercantil con jurisdicción en toda la Capitanía
General de Venezuela, la cual previó que lo que no estuviese establecido en
ella se decidirá por las leyes de indias.
Esta institución
sufrió una notable decadencia durante los primeros años del siglo XIX, el
terremoto de caracas y la guerra de independencia afecto su estructura. A
partir de 1813 siguió funcionando ante las autoridades de la república como las
realistas. En 1816 se instaló en una casa que había sido de Simón Bolívar,
conocida como la Casa Consular. Fue eliminada en 1821.
1. Mientras el absolutismo regio adquiría protagonismo
político en los países europeos, al inicio del siglo XIX se abre en todo el
mundo hispánico un ciclo historiográfico de profundas transformaciones:
comienza en España la revolución liberal y en América el proceso que va a lograr
la independencia. No obstante ello, sigilosamente se hace presente la anterior
idea de la Ilustración que ocupa nuevos espacios y se reivindica bajo la
victoria del individuo en la sociedad, considerado como valor supremo y
criterio de referencia[31]. Para enfrentar y segregar al monarca, el
modelo ideal del hombre y de la sociedad invade los escenarios públicos, y solo
a través de la ruptura del Ancien Regime
(una verdadera refundación, un nuevo pacto social) se alcanzarían las
condiciones para construir este nuevo mundo: El hombre se concibe ante todo
como individuo, como ciudadano; la nación, como un pacto voluntario entre estos
hombres, independiente de los organismos o regímenes particulares. La única
fuente posible de legitimidad es la que surge de esta nación y la soberanía
nacional reemplaza a la soberanía del monarca. La nación soberana es libre de darse una nueva ley, la Constitución,
que no resulta de la restauración de las «leyes fundamentales», sino de un
nuevo pacto social, capaz de curar todos los males sociales y de crear ex nihilo un hombre poderes fundados
en la tradición o en la Providencia y no en la voluntad de los ciudadanos[32].
2. Inicialmente con el pensamiento central de la
Revolución Inglesa del siglo XVII se postula y difunde la noción de hombres
dotados de libertad de conciencia e igualdad ante el derecho. Esas ideas
liberales europeas alcanzan a las colonias americanas del norte y con ellas el
deseo y la búsqueda de la independencia.
Un tiempo después, los ideales de la ilustración, a saber, libertad, igualdad,
legalidad, separación de poderes, que confluyen en el proceso revolucionario
iniciado en 1789 en Francia[33] - unos
20 años después de la Revolución de las Trece Colonias o de la Revolución
Estadounidense - fueron conocidos tanto en España como en las Indias
Occidentales, y en ese sentido intervino ideológicamente a los movimientos
independistas hispanoamericanos, con excepción de Brasil[34], que tuvo un proceso de unidad con la colonia
que contrasta con los demás países de Sudamérica al trasladarse a ese país la
corona portuguesa en su huida estratégica ante el acoso del ejercito de
Napoleón, y con ella se puede decir que
quedaron codificadas las ideas fundamentales de la filosofía política del siglo
XVIII[35].
3. La alentadora experiencia de los Estados
Unidos de Norteamérica y la resistencia contra Napoleón dan origen a la
revolución tanto en la Península como en Venezuela: los levantamientos Peninsulares
de 1808 a la disolución de la Junta Central en enero de 1810, los movimientos
revolucionarios venezolanos de abril de 1810, gestaron la independencia. La formación revolucionaria caraqueña de 1810 es
contemporánea, políticamente, con la desaparición de la Junta Central. Fueron
los liberales caraqueños del siglo XIX quienes pretendieron su filiación con la
Francia revolucionaria para independizarse de España. La Independencia americana es hija de la Revolución Francesa y
consecuencia de la difusión en América de sus principios[36].
La Declaración de los Derechos del Hombre y
el Ciudadano (1789) se adoptó con especial veneración en la conciencia de los
pensadores civiles y eclesiásticos criollos, así como en los abogados, invocando la
necesidad de contar con un estado independiente, una nación soberana gobernada
bajo el manto de la juridicidad, distanciada de la monarquía y de la
catolicidad colonial[37]. De inmediato los postulados promovidos por
la revolución francesa[38] cuyo protagonista es el pueblo como
depositario del poder de Dios, desencadenan las nuevas ideas de cambio con
relación a los aspectos políticos y sobrevienen instintivamente los precedentes
del proceso independentista, con verdaderas intenciones de erradicar la monarquía, las cuales resumimos por ser un tema más largo y de separada discusión[39]: (i) Conspiración de Gual y España en 1797, motivados por el
reaccionario español Juan Bautista Picornell[40] tuvo amplios objetivos políticos que
consideraba un programa de igualdad y de independencia. Este movimiento fue
descubierto el 13 de julio y sus promotores fueron capturados y sentenciados. Manuel
Gual logra huir a Curazao y desde el exilio siguió cruzando correspondencia con
Francisco de Miranda. Promocionaron algunos documentos independentistas, como
la Carta a los Españoles Americanos de
Juan Pablo Viscardo y Guzmán (jesuita
peruano), utilizada con frecuencia
por los próceres independentistas sudamericanos. (ii) El ataque a Venezuela de
Francisco de Miranda en 1806, también llamado el primer gran criollo de América. Como sabemos, decide organizar una
expedición a Venezuela para liberarla del dominio de la monarquía española. Su
expedición contó con el apoyo del ministro inglés Pitt, y zarpó desde Nueva
York el 2 de febrero de 1806, luego pasa por Haití y llega posteriormente a las
costas de Ocumare, pero tuvo que retirarse por la gran maquinaria de guerra del
adversario, especialmente de los buques españoles y por el incondicional apoyo
del pueblo de Coro a la monarquía. Su trayectoria política, cultural y militar
fue encomiable. Participó en las guerras de independencia de américa del norte
y con actuación destaca en la revolución francesa. Posteriormente asumió los
poderes de la primera república, aunque no tuvo la dicha de presenciar a Venezuela
emancipada, dado que fallece en Cádiz el 14 de julio de 1816, y hasta la fecha
se desconocen sus restos. Es destacable su proyecto de Constitución Americana, el Proyecto
Constitucional de 1901 y la Proclama de los Pueblos de Colombia de 1806, y (iii) La
Conspiración de los Mantuanos entre 1808 y 1810, que fue un movimiento juntista inspirado por jóvenes del sector
económico y social más poderoso de Caracas (no fue un movimiento popular) que
pretendían crear una Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII - en
ese momento España estaba gobernada por José Bonaparte - para constituir a
Venezuela como una provincia más de las provincias de España. La idea de los
mantuanos pudo concretarse el 19 de abril de 1810 cuando depone, en un
sincronizado y muy bien preparado movimiento compuesto por los integrantes del
cabildo de caracas, por los diputados nombrados por el pueblo, del clero y del
gremio de pardos quienes contaban con el apoyo de las tropas regulares y de milicias
destacadas en la ciudad, el capitán general Emparan, y se nombra La Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII que proclamó la
autonomía de la provincia Venezuela sujeta a Fernando VII, encausando nuestro
primer congreso constituyente, luego se redacta el Acta de Independencia y la
Constitución Federal de 1811.
En definitiva, las
tendencias liberales europeas, la crisis política acontecida en España con un
Consejo de Regencia en extinción[41], los autóctonos movimientos reaccionarios de
los venezolanos, la cual soliviantó gran parte de la América del Sur, el
contenido del texto de la constitución francesa napoleónica de 1793, supuso la
creación de cabildos criollos con
marcado predominio independentista.
4. Los letrados venezolanos de la época colonial
sabían de la situación política de España y Francia, y apelaron a los
postulados marcos de la revolución francesa y de todo el pensamiento liberal
europeo, alcanzando en definitiva la independencia de la monarquía española a
través del Derecho. Es reconocido que la
inestable situación política de España, invadida por las tropas francesas, y
con un vacío de poder, apenas cubierto por la Junta Suprema de Gobierno
establecida por Fernando VII poco antes de su marcha a Bayona, influye
directísimamente en las ideas de la independencia y constitucionales de los
venezolanos de 1811[42].
Una vez instalada la Junta
Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII[43] tuvieron que debatir - además de ser la base
para la conservación del orden social durante el periodo excepcional de cambio
- las razones para constituir un nuevo gobierno sobre las bases legales existentes
y un nuevo orden jurídico apropiado para construir la futura
república sobre fundamentos sólidos. Se establece un nuevo gobierno en donde
quedaban privados del mando el Gobernador y Capitán General, el Intendente del
Ejército y Real Hacienda, el Subinspector de Artillería y el Auditor de Guerra,
así como la Real Audiencia.
Siendo su principio la
provisionalidad, ello no les excusó de redactar actas y dictar normas para mantener
el orden en la sociedad, motivar su legitimidad y reconocimiento hasta la
instalación del Congreso Constituyente de 1811. Fue inmensa y encomiable la
labor legislativa de esta junta, suprimida luego por la guerra de independencia.
Por su trascendencia requieren especial mención, el reglamento de elecciones de
diputados, las normas sobre conservación del orden interior y relaciones
diplomáticas y comerciales internacionales, las medidas económicas. Incluso, debatieron
ampliamente sobre la competencia del congreso para declarar la independencia.
Estamos convencidos que
el movimiento inicialmente juntero y luego con verdaderas intenciones
políticas, aparte de representar la transformación social y política para la
subsistencia de la sociedad, significó en Venezuela un proceso jurídico que dio
vida a una legislación autóctona que a la postre fue evolucionado. El aspecto
jurídico preocupó a los hombres de 1810 y 1811, la independencia fue, ante todo, un proceso jurídico[44].
Las
reacciones antinapoleónicas[45],
los sentimientos generados por la conspiración de Gual y España y las ideas de
Francisco de Miranda y los mantuanos, así como los nuevos ideales de los
estudiosos del derecho, la inestable situación política en España, la
decadencia del Consejo de Regencia, confluyen sinérgicamente para la
insurrección del 19 de abril de 1810, la instalación del congreso constituyente
del 2 marzo de 1811 y la firma del acta
de independencia el 5 julio de 1811. Su resultado transforma y constituye a
Venezuela en una unidad política y territorial soberana, libre e independiente,
donde se articularon las genéticas provincias de la entonces Capitanía General
de Venezuela, con excepción de Coro, Guyana y Maracaibo, que siguieron bajo las
reglas del derecho español.
Es
necesario precisar que, al margen del proceso de transformación política, inexorablemente
ocurren en el país - para abonar su legitimidad - las transformaciones
jurídicas. Esas novedades legales tuvieron que construirse y redactarse en la
recién fundada República, que a la vez marca el inicio de la separación -
escalonada por supuesto, como quedara evidenciado en los siguientes capítulos -
del derecho español por un derecho nacional.
1. SINOPSIS DE LAS FASES DEL NACIMIENTO DEL
DERECHO NACIONAL:
A) Primera
fase: Nacimiento de un nuevo derecho.
No
cabe duda que tras los acontecimientos políticos ocurridos el 19 abril de 1810
nace un derecho nacional con características propias, a cuenta de la cesación de
las funciones de las autoridades políticas, militares y judiciales de la
Capitanía General de Venezuela. El derecho español no podía satisfacer las
nuevas aspiraciones políticas y la organización del nuevo estado, pero tampoco
podía ser suprimido, los tres siglos habían afianzado un sistema social,
cultural y económico[46].
Con
la instalación de la Junta Suprema se
conduce - inimaginable en los periodos anteriores - a significativos cambios
jurídicos en el país. Recordemos que hasta ese momento (1810) los actos legislativos
estaban reservados a las autoridades españolas.
El
acta del 19 de abril de 1810 representa la transición jurídica del poder
político al Ayuntamiento de la Ciudad de Caracas. El acta fue firmada por todos los asistentes incluso los depuestos. La
revolución se llevó a cabo sin derramamiento de sangre[47].
En
esta fase inicial, se debe destacar algunas actuaciones políticas como legislativas,
entre otros: 1) Se establece un nuevo gobierno, quien a su vez formalizó las
juntas provinciales; 2) Se dicta el Bando de Organización Interior, donde se ratifica principalmente la
instalación de la Junta Suprema de Caracas y se cambia su denominación por
Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII; se crea un Tribunal de
Policía que sustituye al anterior Ayuntamiento de Caracas; las facultades
judiciales de la Real Audiencia de Caracas fueron asignadas a un Tribunal de
Apelaciones, Alzadas y Recursos y luego a la Alta Corte de Justicia; encomienda
a un Corregidor las causas que conocía el gobernador y su teniente y las del
Juzgado de los Bienes de Difuntos y otro corregidor la de los Tribunales de los
Alcaldes Ordinarios y Juez de provincia; 3) Organización Militar para la
defensa de Caracas; 4) Decreto sobre la Conducta de los empleados de la
Administración del Estado; 5) Proclama sobre conspiraciones; 6) Decreto de
elección de jueces ordinarios y empleado de la Real Hacienda; 7) Una serie de
medidas económicas, fiscales y aduaneras,
como el Bando sobre libre comercio con los amigos y neutrales, supresión al
tributo indígena; reciprocidad de ventajas comerciales con Inglaterra,
abolición de los derechos de importación
para las máquinas y utensilios agrícolas, trigo, cebada, centeno, así
como, de la alcabala y en la subsistencias y objetos de necesario consumo;
establecimiento de una sociedad patriótica de agricultura y economía; decreto
de prohibición de extracción de plata y oro. 8) El 11 de julio de 1810 se dictó
el Reglamento para la Elección de Diputados que han de componer el Cuerpo
Conservador de los Derechos del Señor Don Fernando VII en las Provincias de
Venezuela, que significó el
desconocimiento de la Convocatoria a Cortes y abrió el camino para la
instalación del Congreso Constituyente de 1811, que como sabemos, separó los
poderes, declaró la independencia, consagró la soberanía popular y sancionó la
Constitución Federal de 1811.
B) Segunda fase: Transición
Legal (Mixtura de sistemas legales).
En
ese contexto de legitimación de la Junta Suprema como la instalación del Congreso
Constituyente de 1811, se altera el orden
de cumplimiento de las leyes al encontrarse la sociedad con dos sistemas legales.
La sociedad venezolana comenzó a enfrentarse a una situación inexplorada hasta
la fecha, la dualidad legislativa: empiezan a coexistir dos regímenes jurídicos
en supervivencia, uno autóctono, novedoso, consecuencia de la nueva república y
el derecho español existente desde el descubrimiento, circunstancia que perdura
hasta el Congreso de Angostura. Luego, hasta 1830, conviven leyes venezolanas,
colombianas y españolas.
Enunciamos
a titulo ilustrativo las actuaciones políticas y jurídicas que marcaron la
transición legal:
1.
Los diputados integrantes del
Congreso
Constituyente que se instaló el 2 de marzo de 1811 para sustituir a la Junta Suprema de Caracas, debieron legislar
sobre la base de los principios republicanos y sostener al mismo tiempo la
continuidad institucional. Se dictaron varias
leyes, decretos y reglamentos, como la ley de abolición de la tortura,
ampliación de la ley sobre papel moneda, ley para abolir el tribunal de la
inquisición en toda la confederación, ley para el establecimiento de una ciudad
federal, ley sobre matrimonios, ley sobre papel sellado, reglamento que
prescribe las facultades de la sección administrativa de la Hacienda Nacional,
ley de derechos del pueblo, declaración de la soberanía y derechos del hombre
en sociedad, reglamento sobre la libertad de imprenta, ley sobre recusación de
magistrados judiciales, entre otros.
Sin embargo, todavía no rompimos
definitivamente los lazos jurídicos con España. De esta forma, todo el derecho que se va estableciendo en el periodo de
fundación de la República de Venezuela, comprendiendo entre abril de 1810 y
abril de 1812, mediante los diversos actos políticos-jurídicos emanados de la
Suprema Junta y los actos legislativos sancionado por el Primer Congreso
General de Venezuela, tiene como telón de fondo histórico-jurídico el derecho
español vigente en Venezuela, que se extendía prácticamente a todas las
relaciones institucionales y personales[48].
2.
Inmediatamente luego de su instalación, el 5 de marzo de 1811 el
Congreso dictó un Reglamento Orgánico Provisorio para la Separación de los Poderes[49], reservándose el Congreso el Poder
legislativo, designando a tres ciudadanos para ejercer el Poder Ejecutivo
Nacional, turnándose en la presidencia por períodos semanales, y constituyendo,
además, una Alta Corte de Justicia. Ese reglamento provisorio canalizó el tránsito a la república aun antes de la
declaración de independencia y de la Constitución de 1811. Tal fue su
importancia republicana que se recogió luego en la Constitución de Cádiz de 18
de marzo de 1812[50].
3.
El Acta de Declaración de Independencia no tiene una particular referencia
al problema de la vigencia de las leyes; sin embargo, señala que las Provincias
Unidas de Venezuela podían desde ese momento “hacer y ejecutar todos los demás actos que hacen y ejecutan las
naciones libres e independientes”, dentro de los cuales estaba la formación
y sanción de las leyes.
4.
La Constitución Federal para los Estados de Venezuela de 1811[51] entrevió la construcción de un Código Civil y
Criminal y el orden de observancia de las leyes:
Artículo
228: Entretanto que se verifica la composición de un Código Civil y Criminal
acordado por el Supremo Congreso en 8 de marzo último, adaptable a la forma de
gobierno establecido en Venezuela, se declara en su fuerza y vigor el Código
que hasta aquí nos ha regido en todas las materias y puntos que, directa o
indirectamente, no se opongan a lo establecido en esta Constitución.
Al caer la primera
república esa constitución perdió vigencia, y nuevamente se aplicaban las leyes
de indias, hasta los decretos de Bolívar.
5.
Actos emanados de los gobiernos provisorios de Simón Bolívar
(1813-1818), como la Ley
contra defraudadores de la renta del tabaco, ley sobre uniformes, divisas y
graduaciones de los Ejércitos de la República de Venezuela, indulto a los
americanos, supresión de los máximos grados militares españoles, sobre libertad
de los esclavos, declaración de la República de Venezuela el 20 de noviembre de
1818, sobre el Pabellón Nacional, entre otros.
6.
El Decreto de Organización del Poder Judicial de 1817, previó en
el artículo 13 lo siguiente: En sus
procedimientos y decisiones se sujetará la Alta Corte de la República a las
leyes, usos y prácticas que han regido siempre en Venezuela, a menos que estén
derogadas o se deroguen por el presente decreto, o por alguna ley o decreto de
la República.
7.
La Constitución de la República de Colombia de 1821 contempla la
necesidad de dar comienzo a la vida republicana con observancia de las leyes.
Artículo
188: Se declaran en su fuerza y vigor las leyes que hasta aquí han regido en
todas las materias y puntos, que directa o indirectamente no se opongan a esta Constitución,
ni a los decretos y leyes que expidiere el Congreso.
8. Actos emanados de los Congresos de Colombia, como la ley sobre el peso de las
monedas de oro y plata, emisión de una moneda de cobre, ley sobre extinción del
derecho de alcabala en el comercio de todas las producciones del país y su
reducción a un dos y medio por ciento en el de los bienes raíces y mercaderías
extranjeras, extinción de los tributos de los indígenas, organización de los
tribunales y juzgados, ley en que se determina el modo de conocer de las causas
de comercio, de sustanciarlas y determinarlas, ley del 28 de julio de 1824 que
declara que toca a la republica el ejercicio del derecho de patronato, el 11 de
mayo de 1825 se dicta la ley orgánica del poder judicial, entre otros.
9. La Ley del Congreso de Colombia del 13 de mayo
de 1825 previó con relación al orden de observancia de las leyes, lo
siguiente:
Artículo
1: El orden con que deben observarse las leyes en todos los tribunales y
juzgados de la República, civiles, eclesiásticos o militares así en materias
civiles como criminales es el siguiente. 1° Las decretadas o que en lo
sucesivo, decretare el poder Legislativo, 2° Las pragmáticas, cédulas, órdenes,
decretos y ordenanzas del gobierno español sancionadas hasta el 18 de marzo de
1808 que estaban en observancia bajo el mismo gobierno español en el territorio
que forma la República, 3° Las leyes de la Recopilación de Indias, 4° Las de la
Nueva Recopilación de Castilla, y 5° Las de las Siete partidas.
Artículo
2: En consecuencia no tendrán vigor ni fuerza alguna en la República las leyes,
pragmáticas, cédulas, órdenes y decretos del gobierno español posteriores al 18
de marzo de 1808, ni las expresadas en el artículo anterior en todo lo que
directa e indirectamente se opongan a la constitución a las leyes y decretos
que haya dado o diere el Poder Legislativo.
10. Actos emanados de las facultades
extraordinarias asumidas por el Libertador (1827/28), como el
reglamento de la hacienda pública de 1827, reglamento de aduanas, arreglo y
régimen de la renta de tabaco, reglamento de la universidad de caracas, resolución
sobre el establecimiento del hospital de Caridad y San Juan de Dios,
obligatoriedad de la publicación de la leyes y avisos oficiales en la Gaceta
del Gobierno de Caracas, se ordena formar un estado de las causas civiles y
criminales pendientes en toda la república, refacción de los caminos
nacionales, prohibición de admitir en los conventos a los menores de 25 años,
entre otros.
11. Actos emanados del gobierno dictatorial de
Simón Bolívar (1828/30),
quien asume en 1828 el poder supremo del Estado con el título de Libertador
Presidente, establece tribunales militares basados en la ordenanza española de
1768, reorganización de los tribunales de la Republica el 17 de noviembre de
1828, elección de los Jueces de Hecho, resolución para que organicen dos salas
de Cortes de Apelaciones, Reforma los estatutos de la Universidad de Caracas,
reitera relaciones con el Vaticano, entre otros.
12. La
Constitución
del 24 de septiembre de 1830, además de señalar el orden de
cumplimiento de las leyes, ordenó la formación de los códigos nacionales, construyendo el sendero original para la
pausada formación de nuestros códigos.
Artículo
87: son atribuciones del Congreso:
1.
Dictar leyes y decretos necesarios en los
diferentes ramos de la administración pública, interpretar, reformar, derogar y
abrogar las establecidas y formar los códigos nacionales;
13. Posteriormente,
el Congreso
Constituyente de 1830, mediante
Resolución de fecha 14 de octubre de 1830,
punto 55, designando las leyes
vigentes en el orden judicial, acordó:
Artículo
1: En el orden judicial continuarán observándose las leyes y decretos expedidos
por los Congresos de Colombia que hasta ahora han regido, y que no sean
contrarios a la constitución ni leyes sancionadas por este congreso
constituyente, entendiéndose de la Suprema Corte de Justicia y jueces de paz,
que establece la constitución, los artículos de la ley 11 de mayo de 1825, que
hablan de la alta corte y alcaldes parroquiales: quedando derogados los
decretos del general Simón Bolívar en la materia.
C) Tercera fase:
A
partir del Congreso Constituyente de 1830 y los Congresos Constitucionales y Constituyentes
posteriores y los actos del poder ejecutivo con facultades extraordinarias, se dictaron
una serie de constituciones, códigos y leyes que anunciaban la dilatada
desaparición de la legislación española en Venezuela[52].
Posteriormente,
La Ley del Congreso Constitucional de
1838 reconoce el orden de observancia de las leyes según lo que había
establecido el Congreso de Colombia de 1825, señalado en el punto B.9.
En el
próximo capítulo abordaremos a titulo ilustrativo el desarrollo de los códigos
nacionales y la desaparición de las leyes españolas.
2.
PUBLICACIONES
Y DOCTRINA:
No podemos inadvertir la influencia que ejerció
una serie de publicaciones de prensa y de doctrina jurídica que se presentó
desde los inicios republicanos hasta la formación de los códigos nacionales. Entre
ellos, hacemos referencia a La Gaceta de
Caracas, en el Seminario de Caracas
y en El Patriota de Venezuela,
quienes exponían la experiencia del federalismo norteamericano y de lo que
pasaba en Cádiz, Los escritos de Thomas
Paine, traducidos por el venezolano Manuel
Garcia de Sena, los escritos de José
Maria Blanco White en Londres; La imprenta en Venezuela en 1808; La Carta de Jamaica; Ilustración al
Derecho Real de España de Juan de Sala;
El Apéndice Venezolano del Sala Adicionado o Sala Hispano-Venezolano; Manual
del Abogado Americano, de Juan Eugenio de
Ochoa; El Código de Procedimiento Ilustrado de Pedro Pablo Del Castillo y Julián
Viso de 1850; la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia; El
Teatro de Legislación Colombiana y Venezolana vigente de Pedro Pablo del Castillo de 1854; Las obras de Luis Sanojo: Comentarios al código de procedimiento civil de 1857;
Las obras de Andrés Bello, Ramón Feo, Luis Loreto y Julián Viso.
D.
PRÓLOGO DE LA
CODIFICACIÓN EN VENEZUELA Y ABOLICIÓN DE LAS LEYES ESPAÑOLAS.
a)
Referencia Liminar.
A
pesar del llamado que hace la Constitución de 1811 de redactar códigos - en
vigencia el Código Civil francés - ello no ocurre sino hasta finales del siglo
XIX al adoptarse esa técnica legislativa (Civil
Law). Con certeza podemos afirmar, que nuestra separación definitiva de la Gran
Colombia - sin justificar o no esa
decisión política - auspició, entre otros asuntos, la sustitución de la encrucijada legal que prevalecía en el país y,
en ese contexto, nuestro sistema apunta hacia la codificación.
Con las
ideas de Rousseau[53] en el siglo XVIII surge la tendencia que el
derecho tiene que plasmarse a través de leyes y fue la revolución francesa la
que colocó a la ley como expresión de la voluntad general y cuyo contenido
produce libertad. Sobre ese postulado germina la idea de codificar no solamente
como una ley producto de una elaboración sistemática, sino también como un
instrumento para ordenar los sectores de la vida social. No se concibió a la
codificación como una simple compilación de leyes, sino que las reordenaba para
que funcionase la sociedad, inspirado en las instituciones del iusnaturalismo
europeo. Sin embargo, el sector político, supeditado a la idea de organizar y
ordenar la nueva sociedad que apenas se independizaba, enfatizó sobre la
relación entre la constitución y códigos. Con la primera se unifica el
territorio y el derecho, y los códigos eran para fortalecer al Estado. Esa
combinación fue apreciada por los gobernantes de turno luego de 1830 y fueron
ellos los que promocionaban nuevos códigos y no la sociedad.
Ese minucioso
y fatigoso proceso de ordenación sistemática, me atrevo a definirlo como de sublime
valor en la historia nacional, encarna la desaparición del sistema jurídico español
imperante desde la colonización.
Sobre el Derecho Civil: Las leyes españolas eran la fuente del derecho
civil nacional, tanto en el orden sustantivo como adjetivo. Con antelación al primer
Código Civil de 1862 se dictaron leyes sobre libertad de contratos (1834 y
1848), arrendamiento de casas (1846), retroventa (1861), entre otros. Esas
leyes especiales y dispersas al buen estilo español fueron asumidas para la
redacción del posterior Código Civil venezolano.
La
abolición de las desordenadas leyes españolas en materia civil sustantiva se
previó en el texto de artículo 1870 del Código Civil del 21 de marzo de 1867, que indicaba: Quedan derogadas todas las leyes anteriores
a la promulgación de este código, en todas las materias que son objeto del
mismo; aunque no sean contrarias a las disposiciones contenidas en ella, que
a su vez contrasta con la del código del 28 octubre de 1862, que en su Disposición Final, prescribía, el presente Código comenzará a regir desde
el 1° de enero de 1863; y en esa fecha quedan derogadas, aun en la parte que no
sean contrarias a él, las leyes preexistentes, sobre todas las materias de que
en él se trata. Sin embargo, las preexistentes sobre la prueba de las
obligaciones, procedimientos judiciales y confección de instrumentos públicos
solo deben entenderse derogadas en lo que sean contrarias a las disposiciones
de este Código
Sobre el Derecho Penal: Desde 1830 a 1863 fracasaron todos los
proyectos de codificación en materia penal. El 19 de abril de 1863 se dicta el primer Código
Penal[54] y su principal fuente también deriva del
derecho español, aunque paralelamente se redactaron leyes especiales sobre
conspiración, traición y delito de asonada.
Sobre el Derecho Mercantil: Las Ordenanzas de Bilbao rigieron en Venezuela
hasta la publicación de nuestro primer Código de Comercio que data del 15 de
febrero de 1862[55] y reformado el 29 de agosto del mismo año.
b)
El Proceso de Codificación Civil, Penal y Mercantil
b.1) Preámbulo.
Es
comprensible que la secular hegemonía legal española marcó y dejo huellas en la
cultura nacional, y prescindir a rajatablas del derecho indiano no era lo más
conveniente en ese momento para la sociedad venezolana. Bajo esa premisa transcurrieron
más de 30 años para que la codificación sustantiva y adjetiva, sea civil, penal
o mercantil, sustituyera en Venezuela, entre otras fuentes jurídicas, a las Siete
Partidas, las Leyes de la Nueva Recopilación de Castillas, las Ordenanzas de
Bilbao y las ordenanzas españolas del ejército, como el derecho nacional
formado en leyes especiales.
Los
dirigentes nacionales - posiblemente inspirados por la tendencia codificadora/constituyente
- mediante el congreso de 1830 designaron
tres comisiones para redactar el Código Penal, el de Procedimiento Criminal y
otra para una Ley de Jurados. El congreso de 1835 vista la confusión de leyes existentes
y su castellano antiguo, consideró que las leyes debían ser escritas en el lenguaje
nacional y a tal efecto decretó la Ley del 7 de abril de ese año para que se
formaran cuatro proyectos de Códigos, a saber, civil, criminal, militar y de
comercio, con sus respectivos procedimientos.
Nada
presentaron esas comisiones, pero el congreso de 1836 acometió la obra con
urgencia y ofreció el Código de Procedimiento del 19 de mayo de 1836, proyecto
del licenciado Francisco Aranda, quien lo presentó a discusión. Julián Viso también
presentó, entre otros proyectos, el Código Civil de 1854 pero quedó en simple intención
hasta su promulgación en 1862.
Con
la promulgación del Código Civil del 28 octubre de 1867 - modelado sobre el
proyecto español de Goyena – incursionamos, al fin, en las doctrinas y prácticas
de la codificación moderna, abandonando el viejo ropaje español en materia
sustantiva civil.
Posteriormente,
con los incidentes políticos de la revolución azul se insistió con la
combinación de constitución y códigos, y el 27 de octubre de 1868 el ejecutivo
creó otra comisión para redactar el Código Penal, revisar el Código Civil
vigente y formularan un proyecto de Código de Procedimiento Civil. Luego triunfante
el general Antonio Guzmán Blanco a través de la revolución de abril quedaron
desconocidas las leyes, contratos, decretos, resoluciones y demás actos
expedidos desde el 28 de junio de 1868.
Con
la misma tendencia, Guzmán Blanco, con facultades dictatoriales creó, mediante
decreto del año 1872, una nueva comisión general de códigos, para ser dividida
en cuatro secciones, reforma del Código Civil, revisión del Código de Comercio,
formación del Penal, Código Militar y, además, cada sección debía formar su código
de procedimiento, los cuales empezaron todos a regir el 27 de abril de 1873.
b.2) La Codificación
Civil Sustantiva.
·
Código Civil de 1862, promulgado el 28 de octubre de ese año. Tuvo
una efímera vigencia hasta el 8 de agosto de 1863. Sus fuentes principales
fueron el Código Civil Chileno o Código Bello y proyecto de Código Civil de
Julián Viso de 1854.
·
Código Civil de 1867, sancionado
por el Congreso de 1867 tomando como modelo el proyecto de Código Civil para
España que hizo en 1851 don Florencio García Goyena.
Este código testifica
la derogatoria del derecho indiano en materia civil. El artículo 1870, expresó: Quedan derogadas todas las leyes anteriores
a la promulgación de este código, en todas las materias que son objeto del
mismo; aunque no sean contrarias a las disposiciones contenidas en él.
·
Código Civil de 1873, promulgado
el 20 de febrero de 1873 y empezó a regir el 27 de abril de ese mismo año.
·
Luego el Código Civil de 1916 y 1922, promulgados
bajo las dictaduras andinas.
·
Código Civil de 1982, vigente.
b.3) La Codificación
Civil Adjetiva.
1.
Antecedentes.
Mediante
ley de 13 de mayo de 1825 el Congreso de Colombia estableció una cierta
normativa para arreglar el procedimiento civil de los tribunales y juzgados de
la república. No representó un código, pero se aplicó con preferencia a las
normas del derecho español, y significó un gran esfuerzo en provecho de la
codificación adjetiva.
Por
su parte, Humberto Cuenca señala que el antecedente inmediato del Código de Aranda
fue el de Rafael Agostini, editado en
Valencia, presentado al congreso un Código de Procedimiento Civil en 1835[56].
2.
Proceso de Codificación.
a) El 12 de mayo de 1836 se promulga el Código de
Procedimiento Judicial (Código de Aranda),
que sustituyó el rancio castellano de la época y los dilatados lapsos
procesales en los procedimientos, favoreciendo a los “pendolistas”. Según Cuenca, Aranda
supo sortear con talento los graves inconvenientes que presentaba una caótica
legislación, mezcla española e india, redactada en español antiguo y con leyes
en desuso…popularizo el derecho…[57]
b) Reformas del Código desde 1836 a 1873: el Código de Aranda estaba integrado por
diversas leyes según la técnica legislativa de la época, esas 41 leyes fueron
sucesivamente reformadas hasta el 20 de febrero de 1873 que se publicó el
Código de Procedimiento Civil, con
un sistema de enumeración sucesiva de artículos marcando una nueva etapa de
evolución de nuestro derecho.[58]
c) Bajo las dictaduras andinas se sancionó el Código
de Procedimiento Civil en 1904 y 1916.
d) El Código de Procedimiento Civil del 04 de
julio de 1916 fue derogado por el vigente, del 22 de enero de 1986 con
efectividad desde el 16 de septiembre de 1986, con su reforma parcial publicada
en Gaceta Oficial Nº 4.209 Extraordinario del 18 de septiembre de 1990,
básicamente para formalizar el lapso de vacaciones judiciales y habilitar todos
lodos días para las acciones de amparo constitucional.
e) Apéndice: Tenemos conocimiento que actualmente en la Asamblea Nacional, sede
del Poder Legislativo, cursa anteproyecto de
reforma del código de procedimiento civil, elaborado por los magistrados de la
Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2014[59], donde se da preferencia al juicio oral por
audiencias, a la inmediación del juez tanto en el debate como en las pruebas - emulando
al proceso laboral - lo cual testifica la intención de sustituir el pesado y
lento sistema judicial civil por otro más expedito, que resuelva de forma
oportuna, bajo la tutela judicial efectiva, los conflictos jurídicos entre
particulares.
Recientemente,
la misma Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia publico la
sentencia N° RC.000397, con fecha 14 de agosto de 2019, Expediente AA20-C-2019-000065,
donde somete a la Sala Constitucional, por control difuso, la resolución de la
propuesta de reformar el código de procedimiento civil, implementado un juicio
oral a través de audiencia sujetas a la inmediación procesal, con el propósito
de agilizar los eternos procedimientos civiles y mercantiles que favorecen
solamente a la corrupción judicial y a los que obstaculizan el sistema jurisdiccional
en beneficio de alguna de las partes. Hasta la fecha de la redacción de este
artículo no tenemos conocimiento que se haya decidido la solicitud.
La referida
Sala de Casación Civil, fundamenta su propuesta de reforma ante la necesidad de
adaptar el procedimiento civil ordinario a los nuevos postulados
constitucionales, los cuales exigen la implementación de un procedimiento
judicial oral y expedito, creando un procedimiento civil único, un
procedimiento oral que consta en la primera instancia de dos fases (una fase
conciliatoria y otra fase de juicio), y en el cual se abrevian los lapsos, así
como se simplifican los trámites de la citación y las notificaciones.
Estimamos
que la propuesta de los magistrados de la sala de casación civil de unificar el
procedimiento civil se cobija en lo sucedido en la jurisdicción especial del
trabajo. Sabemos que a partir de la reforma del sistema procesal del trabajo en
el año 2002[60] - donde se apostó al juicio oral ordenado por
audiencias, una de mediación y otra para valorar pruebas y sentenciar, sin
suspensiones, sin citaciones que requieran ubicación personal del demandado, sin
la exigencia de resolución anticipada de defensas previas que paralicen la
causa principal y obligación del juez de dictar sentencia oportuna - los
conflictos jurídicos se resuelven de forma expedita y preservando a la vez las garantías
procesales, contribuyendo de esa manera con la paz social a través de la tutela
judicial efectiva. Quizá ese es el sistema procesal, en sede jurisdiccional, que
reclama la sociedad venezolana para la solución de los conflictos civiles y
mercantiles.
Por último,
solo debemos advertir, que para reformar el código de procedimiento civil se
debe agotar el mecanismo de creación y discusión del proyecto para su sanción
por el poder legislativo y posterior promulgación en la Gaceta Oficial de la
República, según lo establecido en la Constitución Nacional.
b.4) La Codificación Penal Sustantiva.
Según
el profesor Arteaga Sánchez[61], el primer Código Penal Venezolano es de 1863
con efímera vigencia de cuatro meses. Le siguió el de 1873 de influencia
española con 24 años de vigencia, hasta la sanción del Código de 1897 bajo la
influencia de Código italiano de Zanardelli.
Luego
sigue el Código de 1904 y de 1912 que vuelven a la tradición hispana. En 1915
se dicta otro Código Penal y el actual es del 13 de abril del 2005.
b.5) La Codificación Penal Adjetiva.
La
fuente original fue una de las leyes del Código Arandino, la ley única del título
XII, denominada Del Juicio Criminal en
tanto se establece la administración por jurados. Se confiaba la
instrucción del sumario a los jueces de Primera Instancia, a los Alcaldes Parroquiales
y a los jueces de Paz.
El 20
de febrero de 1873 se sanciona el Código de Procedimiento Criminal, el cual
será reformado en 1882, 1884 y 1897. Posteriormente durante las dictaduras
andinas se promulgaron el Código de Enjuiciamiento
Criminal de 1904, 1911, 1915 y 1926.
El 1
de julio de 1999 se dictó el Código Orgánico
Procesal Penal, reformado el 4 de septiembre de 2009.
El 15
de junio del año 2012 se publica el decreto
con rango, valor y fuerza de ley del Código Orgánico Procesal Penal.
b.6) La Codificación Mercantil.
El primer
Código de Comercio fue sancionado el 15 de febrero de 1862, posteriormente fue
reformado por el Código de Comercio fechado el 20 de febrero de 1873 y empezó a
cumplirse el 27 de abril del referido año[62]. Este código se sustituyó
por el del 20 de enero de 1904, el cual entro en vigencia el 19 de abril del
mismo año.
El 23
de junio de 1919 el Congreso de la República sanciona el vigente Código de
Comercio, el cual comenzó a regir el 19 de diciembre de ese año, y hasta la
fecha sufrió cuatro reformas.
c)
Derecho Tributario.
Herencia
del derecho de hacienda del sistema español. El primer Código Orgánico
Tributario venezolano adoptó las recomendaciones del Modelo de Código
Tributario OEA/BID, para lo cual se designó una comisión en el año de 1976 para
elaborar el proyecto del primer Código Orgánico Tributario que fue presentado
al Congreso en el año 1977, siendo finalmente promulgado el 03 de agosto del
año 1982 y entró en vigencia el día 31 de enero de 1983, que a la vez derogó
las disposiciones de carácter tributario contenidas en la Ley Orgánica de la
Hacienda Pública Nacional, que hasta esa fecha, de alguna manera pretendían
regular el derecho tributario.
El Código
de 1982 fue sujeto de varias reformas, (a)
la del 11 de septiembre del año 1992 vigente desde el día 11 de diciembre del
mismo año, con cambios como la de exigir intereses moratorios a la tasa del
mercado, mejoras en la redacción de algunos artículos debido a la experiencia
en su aplicación, se desarrolló la materia de infracciones y sanciones
atendiendo a las necesidades de la implementación en nuestro país del Impuesto
al Valor Agregado; (b) del 1° de
julio de 1994, mediante la cual se faculto al Ejecutivo Nacional, para crear,
reestructurar, fusionar y extinguir, los servicios autónomos sin personalidad
jurídica vigentes para la época, como el Servicio Nacional de Administración
Tributaria (SENAT), el cual, fue sustituido por el servicio nacional integrado
de administración tributaria (SENIAT); y, (c)
Reforma en el mes de octubre del año 2001.
El
Código Orgánico Tributario del año 2001, fue reformado mediante el Decreto-Ley
de Reforma del Código Orgánico Tributario (COT), de fecha 18 de Noviembre del
2014, donde se efectuaron cambios importantes, entre ellos, el incremento de los lapsos de prescripción de
las acción para la verificación, fiscalización y determinación de la obligación
tributaria y sus accesorios, se suprimió el procedimiento del juicio ejecutivo que
facultaba a los Tribunales Contencioso Tributarios para la ejecución forzosa de
las sentencias definitivamente firmes y los cobros ejecutivos de cantidades
líquidas y exigibles a favor del sujeto activo, creándose el procedimiento del cobro ejecutivo[63], cuya competencia le corresponde
exclusivamente a la administración tributaria (SENIAT). A partir de dicha
reforma los jueces tributarios no están facultados para ejecutar sus propias
sentencias definitivamente firmes, quedando obligados a desprenderse del
expediente una vez trascurrido el lapso del cumplimiento voluntario de dicha
sentencia, para remitirlo al SENIAT para la ejecución forzosa de la misma[64].
Este
año, la ilegítima asamblea nacional constituyente promulgo en fecha 29 de enero
del 2020 un Código Orgánico Tributario, con vigencia desde el día 28 de febrero,
aunque al analizarlo solo se trata de una elemental reforma del código del año
2014. Lo que llama la atención de este código, es que, suprime el valor de la
Unidad Tributaria (UT) prevista como índice aplicable para la determinación y
actualización de las sanciones
pecuniarias en el código derogado, y se establece un nuevo índice para
cálculo de las multas sobre la base de, el
tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco
Central de Venezuela. Se establece que las sanciones pecuniarias serán
determinadas y actualizadas en moneda extranjera y se cancelarán en su
equivalente en moneda nacional, utilizando el valor del tipo de cambio oficial
de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela que
estuviere vigente para el momento del pago[65].
d)
Derecho del Trabajo.
Es
del conocimiento general que el derecho del trabajo venezolano, como en la
mayoría de los países, comienza a regularse a principios del siglo XX, y desde
ese momento se delibera sobre la consideración de su codificación. La primera
ley formal del trabajo venezolana se decreta el 23 de julio de 1928[66] - mucho tiempo después de los intentos de
codificación de las leyes derivadas de los derechos civiles e individuales- precisamente
por el surgimiento y reconocimiento de los derechos sociales como el abandono
de la idea legal/napoleónica que se trataba de un arrendamiento de servicios, y
a pesar del tiempo transcurrido no disponemos en la actualidad de un código del
trabajo.
Hubo ensayos
de codificación, pero solo quedaron en simples tentativas. El primero de ellos
se realizó en el año 1938 por el primer Ministro del Trabajo, Luis Gerónimo
Pietri Méndez, y en el año 1942, el entonces también Ministro del Trabajo Numa
Quevedo, nombró una comisión para la elaboración de un proyecto de código de
trabajo, integrado por Tito Gutiérrez Alfaro, Jacinto Ramírez Rausseo, Andrés
Eloy Blanco, Vicente Millán Delpretti y Julio Diez. Por último, y en
fechas más cercanas, corresponde a la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, que a
pesar del gran esfuerzo de compilar una serie importante de leyes formales y
materiales existentes y dispersas a esa fecha, no lo denominaron código del
trabajo. Esta tendencia siguió en la ley del trabajo del año 2012, denominada
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, cuando sus
redactores ni siquiera se plantearon esa posibilidad.
En
concreto, casi un siglo después de la primera ley del trabajo y sus posteriores
reformas, podemos confirmar que esa disciplina jurídica ha evolucionado al
punto que dispone una legislación autónoma, con sus propios principios, con
unidad y armonía, con un sistema legal que incluye una ley sustantiva que legaliza
todas las condiciones generales de trabajo, como las condiciones de higiene, seguridad
y protección de la salud y la vida de los trabajadores; las condiciones
particulares de algunos prestadores de servicios bajo modalidades especiales,
como la de las mujeres trabajadoras, el trabajo de los adolescentes, a
domicilio, doméstico, marítimos y terrestres, entre otros; regula la estabilidad y conservación del
empleo; la negociación y discusión de convenios colectivos, el derecho a la
sindicalización y huelga.
Este
sistema dispone de un reglamento general del año 1998, el cual fue reformado en
el año 2006, y otro parcial para el tiempo de trabajo que deroga algunos
artículos del reglamento del 2006; una ley de igualdad de oportunidades para la
mujer, una ley especial para la dignificación de trabajadores y trabajadoras residenciales,
el cual derogó el régimen especial de trabajo de los anteriormente denominados
conserjes, una ley de alimentación denominada Ley del Cestaticket Socialista; cuenta
con un Reglamento sobre Condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo de
1968 y reformado en 1973; ley para la protección de las familias, la maternidad
y la paternidad de 2007, las normas de los convenios de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) que fueron ratificados.
También
asumió desde 1940 un sistema procesal autónomo - con sus variantes del año 2002
- cuenta con principios procesales que regulan básicamente la resolución de los
conflictos jurídicos en tribunales con competencia especial. Por otra parte,
dispone de varios procedimientos administrativos para la resolución de los conflictos
económicos y colectivos en sede ejecutiva, que tienen posteriormente control
judicial. Para los recursos de casación se creó una sala especial, la
denominada Sala de Casación Social en el Tribunal Supremo de Justicia, que en
sus atribuciones y competencias resuelve el recurso de casación social y
control de la legalidad de la actividad judicial de instancia que se aparte de
la jurisprudencia o del orden público procesal.
Pensamos
pues, que por ser un sistema jurídico sistematizado[67], reconocido internacionalmente como un
verdadero derecho subjetivo, las normas fundamentales que regulen las condiciones
de trabajo, los derechos y deberes de los empleadores y trabajadores venezolanos
deben ser incorporados en un Código del
Trabajo, como lo han hecho distintos países latinoamericanos en esta
materia, que incorpore la mayoría de las reglas generales indicadas anteriormente,
con algunas excepciones reglamentarias, especiales
y procedimentales que serán reguladas por separado.
El
derecho del trabajo venezolano ha progresado y superado aquel rasputín ideológico
de principios de siglo XX que lo consideraba como derecho nuevo y dinámico,
impedimentos imaginados para obstruir su codificación y sistematización. Pensamos,
y así aquí lo expreso, que tenemos libre el terreno para codificar el derecho
del trabajo.
Para concluir con este
artículo, me atrevo a parafrasear al maestro Chiossone, así: desde
1873 a 1899, hay un renacimiento jurídico, porque es en ese lapso cuando
Venezuela adquiere la codificación definitiva y se establecen importantes
instituciones que perdurarán hasta el presente[68].
CONCLUSIONES.
Procedemos a escindir
las conclusiones según el período histórico-legal que corresponda:
1. En el contexto del descubrimiento, los nativos
aplicaban reglas de convivencia y de forma de vida, gozaban de propias
costumbres y hábitos. En ese período no hubo juridicidad, lo que existió fueron
principios consuetudinarios. En definitiva, durante ese período colonial regían
en las Indias Occidentales las Leyes de Indias a través del Consejo de Indias,
suprema autoridad después del Rey sobre el gobierno del nuevo continente.
2. Con la integración de las provincias en
Capitanía General, se originan esenciales instituciones políticas-jurídicas como
la Real Audiencia de Caracas, el Real Consulado de Caracas y la Intendencia de
Ejército y Real Hacienda, que fueron los primeros intentos legislativos al marcar
la fundación de un derecho nacional. Con la revolución del 19 abril de 1810
nace un derecho nacional propio a raíz de la interrupción de las autoridades
políticas, militares y judiciales de la Capitanía General de Venezuela.
3. Una vez iniciado e instalado el proceso
revolucionario entramos en una fase de aplicación y cumplimiento de dos
sistemas jurídicos que transitaron hasta la abolición del derecho español. Ese
sistema subsistió hasta la promulgación de los códigos nacionales en el siglo
XIX.
4. A partir del congreso constituyente de 1830 y
los congresos constitucionales y constituyentes posteriores, como algunas
decisiones del poder ejecutivo con facultades extraordinarias, se dictaron una
serie de constituciones y leyes que anunciaron el final de la legislación
española en Venezuela, aunque siguieron aplicándose hasta la promulgación de
los códigos civiles, penales, mercantiles y de procedimiento.
En Venezuela se
implantó la codificación a finales del siglo XIX, y como proceso histórico
tiene un valor encomiable, pues representó la desaparición del sistema jurídico
español que había tenido vigor desde el descubrimiento.
5.
La venezolanidad jurídica alcanzó su esplendor a finales del siglo XIX
cuando se desliga íntegramente del derecho español. Sin embargo, no fue sino
iniciado el siglo XX cuando adopta instituciones más avanzadas de otros
sistemas jurídicos, como el italiano y el francés.
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[1] ALVAREZ, Tulio, “Juan
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[2] Aclaro que el término
utilizado se hace bajo el enfoque de otredad
cultural.
[3] Destacada la actuación
épica de los civiles que la legitimaron el levantamiento de 1810.
[4]
Contenido de la Eximiae devotionis: “…Alejandro obispo, siervo de los siervos de Dios: Al muy amado hijo en
Cristo rey Fernando, y a la amadísima hija en Cristo Isabel, reina de Castilla,
de León, de Aragón y de Granada, ilustres, salud y bendición apostólica. La
sinceridad de la insigne devoción y la lealtad con que reverenciáis así a Nos
como a la Iglesia Romana, os hacen justamente acreedores a que benévolamente se
os otorgue todo lo necesario para que mejor y con más facilidad de cada día se
os haga posible llevar adelante vuestro santo y loable empeño y perfeccionar la
obra iniciada en pro del descubrimiento de tierras e islas remotas y
desconocidas, para mayor gloria de Dios Todopoderoso, propagación del imperio
de Cristo y exaltación de la fe católica. De aquí se origina haber Nos hecho
donación, concesión y asignación perpetuas, tanto a vosotros como a vuestros
herederos y sucesores, los reyes de Castilla y León, de todas y cada una de las
tierras firmes e islas apartadas e incógnitas, situadas hacia las regiones
occidentales, descubiertas hoy o por descubrir en lo futuro, ya por vosotros,
ya por vuestros emisarios al efecto destinados, no sin grandes trabajos,
peligros y dispendios, con todos sus dominios, ciudades, castillos, lugares, villas,
derechos y universales jurisdicciones, siempre que no se encontraren debajo del
actual temporal Dominio de algún otro príncipe cristiano, según más largamente
en las letras al efecto promulgadas se contiene… Nos {….] os concedemos, lo
mismo que a vuestros herederos y sucesores, que podáis y debáis, en todo y por
todo, usar y poseer y disfrutar libre y lícitamente en las islas y tierras por
vosotros así descubiertas o en las por descubrir, de todas y cada una de las
gracias, privilegios, exenciones, libertades, facultades, inmunidades, letras e
indultos a los reyes de Portugal concedidos… Dada en San Pedro de Roma, a tres
días del mes de mayo en el año de la Encarnación del Señor de mil cuatrocientos
noventa y tres, primero de nuestro pontificado…”. Disponible en: www.artic.ua.es/biblioteca/u85/documentos/1830.pdf., consultado el 23 de junio
de 2020.
[5] Gil Fortoul, Jose, Historia
Constitucional de Venezuela. Obras Completas Vol. I. 4° Edición. Tomo
Primero: La Colonia, La Independencia, La
Gran Colombia. Ministerio de Educación, Dirección de Cultura y Bellas
Artes. Caracas 1954. p. 39 - 113.
[6] Chiossone, Tulio, Formación Jurídica de Venezuela en la
Colonia y la República. Universidad Central de Venezuela. Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas. Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas.
Caracas, 1980, p. 39.
[7] Sobre la reacción
indígena frente a los conquistadores, recomendamos revisar a Chiossone, Tulio,
ob. cit., p. 25-35, donde se atreve a califica esas actuaciones como el primer
acto genocida en pleno renacer
europeo.
[8]Sobre la conformación de
las provincias durante los siglos
coloniales, recomendamos leer a Brewer-Carias, Allan, en su obra intitulada Historia Constitucional de Venezuela,
tomo I, Editorial Alfa, 1° Edición, diciembre 2008, Caracas.
[9] Rosenblat, Ángel, La Población Indígena de America. Desde 1492
hasta la Actualidad. Disponible en: https://pueblosoriginarios.com/textos/rosenblat/1492.html,
consultado el 05 de abril 2020.
[10] Carrillo-Batalla,
Tomás: Las Fuentes del Derecho Venezolano
a partir del Fin de la Colonia y su Empalme con el Derecho Republicano.
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas N° 137, año 2012. p.
42 y ss.
[11]
Chiossone, Tulio, ob.cit., p. 54.
[12] Diocleciano impuso la
tetrarquía y dividió al imperio romano en cuatro partes. Constantino la
disolvió y dividió al imperio en cuatro prefecturas: Oriente (Bizancio), Iliria
(Sirmio), Italia (Milán) y Galia (Tréveris), con 14 diócesis y 117 provincias.
El imperio español en los territorios ocupados en America impuso un esquema
parecido, identificados como virreinatos, capitanías generales y provincias.
[13] La Capitanía General de Venezuela se instaló
el 8 de septiembre de 1777 como elemento unificador en lo militar de las
separadas provincias, con respecto a la antigua Provincia de Venezuela.
[14] Chiossone,
Tulio, ob. cit., p. 63.
[15] Citado por Chiossone,
Tulio, ob. cit., p. 62.
[16] Loreto González, Irene,
Algunos Aspectos de la Historia
Constitucional Venezolana (Independencia, Federalismo de J.G. Roscio en los
Primeros textos Constitucionales). Academia de Ciencias Políticas y
Sociales. Serie estudios N° 91. Caracas 2010. p. 107.
[17] Tal vez, y por
esa misma circunstancia se dictó primero un Código Civil en Venezuela que en
España (24
de julio de 1889).
[18] Sobre la pervivencia y
eterno retorno del derecho romano, recomendamos leer a Álvarez, Tulio Alberto,
en Antecedentes y evolución de las leyes
coloniales de las indias, en la obra intitulada Historia de las Instituciones Coloniales Hispanas, Universidad
Católica Andres Bello, 1° Edición, 2014, Caracas, p. 27 y ss.
[19] Páginas 21-22 de este
artículo.
[20] Sobre la conformación
de unas leyes para las indias, recomendamos leer a Álvarez, Tulio Alberto, en Antecedentes y evolución de las leyes
coloniales de las indias, en la obra intitulada Historia de las Instituciones Coloniales Hispanas, Universidad
Católica Andres Bello, 1° Edición 2014, Caracas, p. 50 y ss.
[21] Estaba compuesta por
nueve libros Los Libros, según sus nombres con la grafía original:
Libro Primero. De la Santa Fé
Católica.
Libro Segvndo. De las Leyes,
Provisiones, Cedvlas, y Ordenanças Reales.
Libro Tercero. De el Dominio, y
Ivrisdicion Real de las Indias.
Libro Qvarto. De los
Descvbrimientos.
Libro Qvinto. De los Terminos,
Division, y Agregacion de la Governaciones.
Libro Sexto. De los Indios.
Libro Septimo. De los
Pesqvisidores, y Ivezes de Comifsion.
Libro Octavo. De las Contadvrias de
Cventas, y fus Miniftros.
Libro Nono. De la Real Avdiencia, y
Casa de Contratacion, que reside en Sevilla.
[22] Citado por Garrido
Rovira, Juan: Independencia, Derecho
Nacional y Derecho Español. Universidad Monteávila. Caracas 2011. p. 105,
cita de Escriche, Joaquín de: Diccionario
Razonado de legislación Civil, Penal, Comercial y forense. España 1838 y
reimpreso en Caracas en la imprenta Valentín Espinal en 1840.
[23] Resumen: Primera
Partida: En la que el autor demuestra que todas las cosas pertenecen a la
iglesia católica, y que enseñan al hombre conocer a Dios por las
creencias. Segunda Partida: Lo que
conviene hacer a los reyes, emperadores, tanto por sí mismos como por los demás,
lo que deben hacer para que valgan más, así como sus reinos, sus honras y sus
tierras se acrecienten y guarden, y sus voluntades según derecho se junten con
aquellos que fueren de su señorío.
Tercera Partida: La Justicia que hace que los hombres vivan unos con
otros en paz, y de las personas que son menester para ella. Cuarta Partida: Los desposorios, los casamientos que juntan
amor de hombre y de mujer naturalmente y de las cosas que les pertenecen, y de
los hijos derechureros que nacen de ellos, y de los otros de cualquier manera
que sean hechos y recibidos, del poder que tienen los padres sobre sus hijos y
de la obediencia que ellos deben a sus padres, pues esto, según naturaleza
junta amor por razón de linaje, y del deudo que hay entre los criados y los que
crían, y entre los siervos y sus dueños, los vasallos y sus señores, las
razones del señorío y de lo bien hecho que los menores reciben de los mayores y
otrosí por lo que reciben los mayorales de los otros. Quinta Partida: Trata de los empréstitos y de
los cambios y de las miercas, y de todos los otros pleitos y conveniencias que
los hombres hacen entre ellos, placiendo a ambas partes, como se deben hacer y
cuáles son valederas o no, y cómo se deben partir las contiendas que entre las
partes nacieren. Sexta Partida: Los
testamentos, quién los debe hacer, y cómo deben ser hechos y en qué manera
pueden heredar los padres a los hijos y a los otros parientes suyos y aun a los
extraños, y otrosí de los huérfanos y de las cosas que les pertenecen. Séptima Partida: Y en la setena partida de todas
las acusaciones y los males y las enemigas que los hombres hacen de muchas
maneras y de las penas y de los escarmientos que merecen por razón de ellos.
[24] Cfr. Garrido Rovira,
Juan: Independencia, Derecho Nacional y
Derecho Español. Universidad Monteávila. Caracas 2011. p. 89 y ss.
[25] Aquí encontramos el
origen de la propiedad rural y urbana de Venezuela.
[26]
Chiossone, Tulio, ob.cit., p. 111.
[27] Fundación Empresas
Polar, Diccionario de Historia de
Venezuela, Segunda Edición, Caracas 2010, Tomo 1, p. 309.
[28] Con el triunfo de
Bolívar en la campaña admirable se disolvió la Real Audiencia y entramos en un
nuevo periodo hasta la ocupación de Caracas por Boves y se gobierna con los
decretos del libertador como el decreto de guerra a muerte, asuntos fiscales y
sobre hechos punibles. Hasta el 12 de julio de 1814, que marca la entrada
triunfal de Boves a Caracas, el régimen jurídico lo estableció Bolívar, pero
respetando la organización jurídica y administrativa existente, menos la real
Audiencia que se autodisolvió.
[29] Para la época, los
estudios de derecho comprendían principalmente los cuatro libros de la Instituta, o sea, el derecho romano del
emperador Justiniano, y los que se cursaban en la Academia de Derecho español.
Para obtener el título se requería de 4 años de práctica. Indudablemente que
los abogados de la colonia, tuvieron una formación humanística, formados bajo la filosofía de la libertad y de los
derechos humanos. También el Colegio de
San Buena Ventura de Mérida, que después vendría a ser la Universidad de
los Andes fue semillero de abogados y juristas. De ambas universidades y del
Colegio de Abogados de Caracas, salen para todo el territorio de la Capitanía
General de Venezuela los hombres de leyes que contribuirán a la formación
jurídica venezolana.
[30] Basta solo con recordar
la destacada actuación de Juan Germán
Roscio, prolijo pensador de los juristas que iniciaron la revolución de
1810. Sobre Roscio, véase: Luis Ugalde, El
pensamiento teológico-político de Juan Germán Roscio, La Casa de Bello,
Caracas, 1996; Luz Anai Morales Pino, Juan
Germán Roscio: La subversión de la palabra, Caracas, UCAB, 2008; Nydia
Ruiz, Las Confesiones de un pecador
arrepentido, Juan Germán Roscio y los orígenes del discurso liberal en
Venezuela, UCV-Fondo Editorial Tropykos, Caracas, 1996.
[31] Visible en lo político
con Descartes, con Hobbes, Locke y Rousseau
[32] Guerra,
François-Xavier, Modernidad e Independencias, Ensayos sobre
las revoluciones hispánicas. Editorial Mapfre. Colección Relaciones entre
España y América. Madrid 1992, p. 30, disponible en: https://rodrigomorenog.files.wordpress.com/2012/01/guerra-modernidad-e-independencias-1992.pdf, consultado en fecha 20
de abril 2020.
[33] Las ideas de Juan
Jacobo Rousseau, Robespierre y Emmanuel Sieyés.
[34] Mendible Zurita,
Alejandro: El Imperio Luso-brasileño: la original independencia de Brasil en el contexto
latinoamericano, en el libro Las
Independencias de Iberoamérica. Compiladores Tomas Straka, Agustín Sánchez
Andrés, Michele Zeuske. Fundación Empresa Polar, UCAB, Fundación Konrad
Adenauer, UMSNH.
Caracas, 2011.p. 828 y ss.
[35] Loreto González, Irene,
ob. cit., p. 35.
[36] Guerra, François-Xavier,
ob. cit., p. 16.
[37] En el artículo XVI, se afirmó que “Toda sociedad en la cual la garantía de los
derechos no esté asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene
Constitución.”
[38] A saber, el principio
de la soberanía que reside en la nación, de la legalidad, de separación de
poderes, asamblea legislativa, creación del tribunal supremo y
descentralización.
[39] Con anterioridad hubo
sublevaciones en la ciudad de San Felipe el Fuerte durante los años 1740 y
1741, como la revuelta de los habitantes de El Tocuyo en 1744, como la rebelión
de Juan Francisco de Leon entre 1749 y 1752, la del zambo Andresote ocurrida en
1731 y la de los Comuneros de El Socorro en 1781, pero solo aspiraban mejorar
las condiciones económicas.
[40] Quien había organizado
en la capital de España un golpe de Estado que tenía como propósito derrocar al
régimen monárquico e instaurar una república al estilo francés (de la época).
[41] El manifiesto a los
americanos redactado por este consejo, aceleró el proceso independentista al
considerar que los americanos seguían siendo colonia española.
[42] Loreto González, Irene:
ob. cit., p. 43.
[43] La Junta Suprema de Caracas fue el órgano
provisorio que gobernó la Capitanía General de Venezuela tras la renuncia del
Capitán General Vicente Emparan el 19 de abril de 1810, hasta el 2 de marzo de
1811 cuando se instala el primer congreso constituyente. Tras los sucesos del
19 de abril de 1810, en los que el Capitán General designado por José I de
España fue obligado a renunciar por la presión pública caraqueña, se constituyó
esa misma tarde el Cabildo de Caracas como la Junta Suprema conservadora de los
derechos de Fernando VII. Inmediatamente comienzan a tomar control de los
cuarteles de la ciudad y a asegurar el apoyo de las provincias a la junta. Tras
haber asegurado el apoyo militar con la designación de comandantes favorables a
la Junta, designa el 25 de abril la Junta Suprema de Gobierno que la integran
con derecho de palabra y voto: José de las Llamozas; Martín Tovar Ponte;
Feliciano Palacios y Blanco; Nicolás de Castro; Juan Pablo Ayala; José Cortés
de Madariaga; José Hilario Mora; Isidoro Antonio López Méndez; Francisco José
Ribas; Rafael González; Valentín de Ribas; José Félix Sosa; Juan Germán Roscio;
Juan de Ascanio; Pablo Nicolás González; Francisco Javier de Ustáriz; Silvestre
Tovar Liendo; Nicolás Anzola; José Félix Ribas; Fernando Key Muñoz; Lino de
Clemente; José María Blanco y Dionisio Palacios. Como secretarios de la Junta
son nombrados José Tomás Santana y Casiano Bezares. Ese mismo día la Junta de
Gobierno designa los encargados de los distintos despachos: Juan Germán Roscio
para Relaciones Exteriores, Nicolás Anzola en Gracia y Justicia, Hacienda a
Fernando Key Muñoz y para Guerra y Marina Lino de Clemente. Igualmente se
constituye un Tribunal Superior de Apelaciones presidido por el Marqués de Casa
León y los ministros José Bernabé Díaz; José María Ramírez; Bartolomé Ascanio y
Felipe Fermín Paúl. Constituido el gobierno, la Junta procuro la adhesión de
las provincias al movimiento. La Junta consigue pronunciamientos favorables en
Cumaná y Barcelona el 27 de abril, Margarita el 4 de mayo, Barinas el 5 de
mayo, Mérida el 16 de septiembre y Trujillo el 9 de octubre. Guayana se pronuncia
el 11 de mayo a favor de la junta pero al tener conocimiento el 3 de junio de
la instalación en España del Consejo de Regencia reconoce a este como el
legítimo y se aleja de la revolución caraqueña. Por el contrario, las
Provincias de Coro y Maracaibo se mantiene fieles desde el principio de la
revolución al Consejo de Regencia. En la actitud de Coro influiría su vieja
enemistad con Caracas desde que perdió el estatus de capital de la Provincia de
Venezuela a finales del siglo XVI, Maracaibo por su parte se distancia de
Caracas por sus fuertes relaciones con el Virreinato de Nueva Granada.
[44] Polanco Alcántara,
Tomas: Las Formas Jurídicas en la
Independencia. Instituto de Estudios Jurídicos. Facultad de Derecho
Universidad Central de Venezuela, Caracas 1960. p. 10.
[45] El Acta de Instalación
de la Junta Suprema de Venezuela del 19 de abril de 1810.
[46] Garrido Rovira, Juan.
ob. cit., p. 48.
[47] Loreto González, Irene,
Algunos Aspectos de la Historia
Constitucional Venezolana (Independencia, Federalismo de J.G. Roscio en los
Primeros textos Constitucionales). Academia de Ciencias Políticas y
Sociales. Serie estudios N° 91. Caracas 2010. p. 66
[48] Garrido Rovira, Juan:
ob. cit. p.48.
[49] Ese principio estuvo
vigente hasta la Constitución de 1999 que modifica el sistema clásico de
división de poderes e incorpora dos poderes adicionales, a saber, el poder
ciudadano y el poder electoral.
[50] Se distribuyeron las
potestades así: la potestad de hacer las leyes se atribuyó a las Cortes con el
Rey (art. 15); la potestad de hacer ejecutar las leyes, al Rey (art. 16); y la
potestad de aplicar las leyes, a los tribunales (art. 17).
[51] Paralelamente, en las
demás Provincias se constituyeron nuevos gobiernos - de escasa vigencia - y elaboraron sus propias constituciones antes
de que se aprobase la Constitución Federal, como la Constitución Provincial de
Mérida que rigió hasta que el gobierno de Caracas dictase la carta de
confederación; la Constitución de Trujillo del 2/9/1811; la de Barcelona
denominada “Código Constitucional del Pueblo Soberano de Barcelona Colombiana”
con importante influencia de Miranda quien residía allí y fue electo diputado
al Congreso Constituyente de Barcelona; la Constitución de Caracas de 1812.
[52] Garrido Rovira, Juan, Independencia, Derecho Nacional y Derecho Español.
Universidad Monteávila. Caracas 2011. p. 295.
[53] Revisar a Rousseau,
Juan Jacobo: El contrato Social, Capítulo VI del libro II, dedicado a “De la
Ley”.
[54]
Chiossone, Tulio: ob.cit. p. 194 a
197
[55] Seguramente
influenciado por el Código de Comercio francés de 1807 y el español de 1829.
[56] Cuenca, Humberto, Derecho Procesal Civil. Tomo I, Parte
General. Universidad Central de Venezuela. Ediciones de la Biblioteca. Caracas
1965. p. 49.
[57] Cuenca, Humberto: ob.
cit., p. 47 y ss.
[58] Borjas, Arminio, Comentarios al Código de Procedimiento Civil,
Imprenta Bolívar, Caracas 1924, p. 12-13
[59]http://www.tsj.gob.ve/-/tsj-presenta-anteproyecto-de-codigo-de-procedimiento-civil-en-la-asamblea-nacional, consultado el 10 de
junio de 2020.
[60] Ley Orgánica Procesal
del Trabajo del 13 de agosto de 2002, en rigor un año después.
[61] Arteaga Sánchez,
Alberto: Derecho Penal Venezolano.
Séptima Edición aumentada y corregida. Caracas 1995. Editorial Paredes
Editores. Página 34.
[62] Según reseña Leopoldo
Borjas, en Desarrollo
de la Legislación Mercantil en Venezuela, en este Código además de la
influencia francesa y española, tuvo su injerencia el Código de Comercio de
Chile del 23 de noviembre de 1865. Disponible en http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDUCAB/14/UCAB_1971-1972_14_9-37.pdf, revisado el 9 de mayo
de 2020.
[63] Artículo
290 y siguientes del COT del 2014 y su equivalente lo encontramos en el
artículo 226 y siguientes del COT del 2020.
[64] Artículo 346 del COT
del 2014 y su equivalente en las Disposiciones Finales, artículo 349 del COT
del 2020.
[65] Artículo 91: Cuando las
multas establecidas en este código estén expresadas en el tipo de cambio
oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de
Venezuela, se utilizará el valor del tipo de cambio, que estuviere
vigente para el momento del pago.
[66] Esta
fue una ley inefectiva, se promulgo solo para cumplir objetivos de política
exterior. Por eso algunos consideran que la primera ley del trabajo fue la del
16 de julio de 1936, que estaba formada en gran parte por la ley de 1928 y
disposiciones de la ley chilena y mexicana de la época.
[67] Requisito
para ser denominado código, según artículo 202 de la Constitución Nacional.
[68]
Chiossone, Tulio, ob. cit., p. 204.
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