EPÍLOGO DE LAS LEYES COLONIALES DE LAS INDIAS Y PRÓLOGO DE LA CODIFICACIÓN EN VENEZUELA

 

EPÍLOGO DE LAS LEYES COLONIALES DE LAS INDIAS Y PRÓLOGO DE LA CODIFICACIÓN EN VENEZUELA

 

Pedro Casale Valvano*

 

SUMARIO: INTRODUCCIÓN. A. DESDE EL DESCUBRIMIENTO HASTA LOS ACONTECIMIENTOS DE 1810. Escenario jurídico como consecuencia del descubrimiento. Régimen político y legal en el período colonial hasta la creación de la Capitanía General de Venezuela (1777). Marco legal durante la colonización e independencia: Constitución Material. Las leyes españolas. Derecho indiano. Derecho criollo. Transformación de los órganos del Poder Público: La Intendencia de Ejército y Real Hacienda; Real Audiencia de Caracas; Real Consulado de Caracas. B. ECOS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA EN NUESTRA JURIDICIDAD. C. JURIDICIDAD ENTRE 1810 Y 1830. 1. Sinopsis de las fases del nacimiento del derecho nacional: Primera fase: Nacimiento de un nuevo derecho; Segunda fase: Transición legal (Mixtura de sistemas legales); Tercera Fase. 2. Publicaciones y doctrina. D. PRÓLOGO DE LA CODIFICACIÓN EN VENEZUELA Y ABOLICIÓN DE LAS LEYES ESPAÑOLAS. Referencia Liminar. Proceso de Codificación Civil, Penal y Mercantil. Preámbulo. La Codificación Civil Sustantiva. La Codificación Civil Adjetiva: Antecedentes; Proceso de codificación. La Codificación Penal Sustantiva. La Codificación Penal Adjetiva. La Codificación Mercantil. Derecho Tributario. Derecho del Trabajo. Conclusiones. Bibliografía.

 

 

INTRODUCCIÓN.

La intención de estas líneas no es realizar un estudio a profundidad sobre la formación de las leyes venezolanas, más bien queremos destacar algunas circunstancias que influyeron tanto en su fase inicial como en la transición a la codificación moderna.  

Durante el ciclo historiográfico de la conquista y colonización se aplicaron exclusivamente leyes especiales españolas y después, precisamente con la proclamación de la república, se abre paso a algunas leyes locales que compartían validez jurídica con aquellas. Ese dicotómico sistema legal, que se mantuvo cerca de un siglo, pervive hasta finales del siglo XIX cuando se adopta la codificación.

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*Universidad Central de Venezuela: Abogado; Especialista en Derecho del Trabajo por la UCV; Doctorando UCV; Coordinador del postgrado en Derecho del Trabajo UCV. Profesor de la materia Derecho Procesal del Trabajo en el postgrado en Derecho del Trabajo UCV. Este artículo corresponde a una línea de investigación que iniciamos en el Doctorado en Ciencias, Mención Derecho, UCV, en la materia Génesis Constitucional, con la Profesora Irene Loreto, y en la materia Historia de las Instituciones Coloniales Hispanas, con el Profesor Tulio Alberto Álvarez.

Otro hecho, no menos importante, pero que condicionó no solamente el proceso de formación de nuestras leyes sino además nuestra formación sociocultural, política y económica, es que esas leyes estructuradas originalmente en la Península Ibérica impuestas en las Indias occidentales se fundamentaron principalmente en el derecho quiritario. La colonización se ejecutó al estilo de la Imperium romano: se asume como querido por Dios que existan quienes en la sociedad civil gobiernen a la masa y, la consecuencia necesaria, quienes no lo acaten perpetran un pecado manifiesto[1], abriendo la puerta al absolutismo.

Para acometer el objetivo, analizamos la evolución diacrónica de la formación normativa indiana, que comprende el periodo transcurrido desde la conquista/colonización hasta la alteración ocurrida con los acontecimientos políticos de 1810, pero que no concluye sino hasta finales del siglo XIX al preferirse la codificación moderna al estilo del código napoleónico.

Para su comprensión, dividimos el ensayo en tres momentos esenciales. El primero, comprende desde el descubrimiento/colonización hasta la conformación de la Capitanía General de Venezuela y la fundación de las separadas provincias - conforme al sistema de división territorial creado por los romanos - donde se instaura un sistema legal especial principalmente para la ordenación del territorio, redactado generalmente en España, salvo algunas órdenes o instrucciones particulares dictadas por algunos funcionarios en las tierras de las Indias occidentales para surtir efectos en el territorio de ultramar. Para ese momento, no existía un derecho indígena[2], tampoco el derecho español se encontraba sistematizado jurídicamente, y lo que realmente existía era un laberinto de leyes que seguramente influyó en la tardía codificación en la Península. Tal vez, y por esa misma circunstancia se dictó primero un Código Civil en Venezuela que en España.

Como consecuencia de las transformaciones políticas ocurridas en Venezuela a finales del siglo XVIII, particularmente con la creación de La Intendencia de Ejército y Real Hacienda, la Real Audiencia de Caracas, el Real Consulado de Caracas, se asoman los primeros intentos legislativos que marcan la dirección para la construcción de un derecho redactado en el país. Por supuesto, no fue sino hasta la ocurrencia del levantamiento de 1810 cuando la juridicidad se asienta en Venezuela, precisamente para ordenar el nuevo gobierno recién instalado.

El segundo periodo se centra en 1810. Dado que existía la imperiosa necesidad de reglamentar el nuevo orden social e institucional, los integrantes de la junta suprema[3] y el congreso constituyente se encargaron de este periodo especial, aunque esa labor jurídica fue suspendida en el tiempo por la guerra de independencia y la caída de la primera república. El propósito es destacar (i) la dualidad legislativa que comenzó a regir en ese momento en la sociedad venezolana: dos sistemas jurídicos en supervivencia, uno autóctono, novedoso, consecuencia de las profundas transformaciones políticas que pretendían irrumpir contra el antiguo régimen, y el derecho español vigente desde el descubrimiento. Más adelante, a causa de la integración colombina, estuvimos sujetos a tres sistemas legislativos, a saber, el venezolano, el colombiano y el español; (ii) que, intrínsecamente a la transformación política surge la transformación jurídica, la cual simboliza la fase inicial del abandono del derecho español inspirado en el derecho quiritario.

Desvinculados definitivamente de la Gran Colombia iniciamos a tomar la distancia normativa frente al derecho colonial español, principalmente con la promulgación de las nuevas constituciones y otros actos jurídicos dictados por el ejecutivo, aunque continuaron rigiendo algunas leyes extranjeras (mixtura legal) en la sociedad venezolana hasta la creación de los códigos nacionales a finales del siglo XIX.

Finalmente, con la intención de concretar este ensayo, en el último periodo aportamos un esquema que ejemplifica la paulatina abolición del derecho español que abre a la vez la dirección del derecho nacional. Precisamente con la creación y redacción escalonada de los códigos nacionales se abandona la vestidura quiritaria-española en materia legal, tanto sustantiva como procesal en materia civil, penal, mercantil y tributaria.

 A.    DESDE EL DESCUBRIMIENTO HASTA LOS ACONTECIMIENTOS DE 1810.

  1. Escenario jurídico como consecuencia del descubrimiento.

Según el contenido de la Bula del Papa Alejandro VI, Eximiae devotionis[4] la Iglesia concedió en 1493 a los reyes de España, Fernando e Isabel, reyes de Castilla y Aragón, la posesión y jurisdicción sobre las tierras del nuevo mundo. Con esa facilidad se concretó la integración para que las Indias formaran parte del estado español. Aquella Bula combinada con la breve apostólica Inter Caetera, de la misma fecha y de otras inmediatamente posteriores, constituyeron la base jurídica o el fundamento legal de la época para definir la ocupación y conquista de las tierras americanas y de sus habitantes, llamados en ese tiempo con el gentilicio de indios por haber creído erróneamente Colón llegar a la India Occidental.

Describen los historiadores[5], quienes a su vez glosan las crónicas de los misioneros, que los nativos a pesar de no estar totalmente civilizados cumplían reglas de convivencia y de forma de vida, tenían sus propias costumbres y hábitos. Incluso, emplearon distinciones sociales como el de los caciques o los indios caribe, conocieron del matrimonio, la familia, algunos practicaban la poligamia, otros habían construido ciudades como las del Delta del Orinoco, algunos, como los caribes fueron antropófagos. Los principios de una elemental legislación consuetudinaria, la única que podríamos descubrir en la época precolombina, no nos interesa como elementos formativos de lo jurídico, sino como hechos históricos en delimitación de lo que hemos denominado precivilización aborigen[6].

Con el transcurso del tiempo, el desenfrenado propósito de tomar posesión del territorio propicia algunos hechos que trastornan la autóctona forma de vida de los nativos: la actuación de los conquistadores les quitó sosiego y hubo entonces luchas extremas con los indígenas, quienes ejercieron resistencia al ser indignamente tratados y usurpados. Los secuestraban para esclavizarlos, robarlos y asesinarlos; los sometieron a trabajos forzados[7]. Frente a los escenarios de crueldad, carecían además de una organización social y política homogénea.

Es solo a mediados del siglo XVI que el imperio español instaura el sistema organizativo-territorial y surgen las primeras provincias que se van unificando para crear luego la Capitanía General de Venezuela en 1777[8]. Con la creación de las provincias a semejanza del sistema español, a la vez este profundamente influenciado por el sistema quiritario de colonización territorial, comienza a surgir en Venezuela nuevas reglas de conducta distintas a las que se conocían y empezaron a aplicarse las leyes dictadas en España en el territorio conquistado, entendiéndose como el inicio de la constitución material.

Los  indígenas, que según Ángel Rosenblat en ese momento eran unos 350.000[9], quedaron sujetos a la legislación española dictada exclusivamente para ser aplicadas en las Indias: Las Leyes de Burgos; las Ordenanzas de Zaragoza (1518); Las Leyes Nuevas (1542); Recopilaciones no Oficiales; Recopilaciones Territoriales: Cedulario de Vasco de Puga, Recopilaciones Generales: Código de Ovando, Proyecto de Alonso Zorita, Cedulario indiano recopilado por Encinas, Recopilación de Cedulas de Solórzano Pereira; la Real Audiencia de Valladolid (1543) y la Recopilación de 1680,  cuyos propósitos era la organización geopolítica del territorio, justificación de la conquista para luego servir de fuente del derecho, y de manera especial la regulación de la protección de los nativos.

Se dictan regulaciones especiales para proteger la vida y salud de los nativos como consecuencia de las constantes quejas de los monjes franciscanos, capuchinos, jesuitas, dominicos, agustinianos, quienes eran los únicos que testificaban el real maltrato a los indios. En esas leyes indianas se previeron algunos beneficios, como el derecho de propiedad de las granjas y productos, la prohibición de trabajar embarazadas, prohibición de cargarlos como bestias, prohibición de trabajar los menores de 14 años, límites a la jornada de trabajo, en fin, se previó la protección de la dignidad del indio y la prohibición de esclavizarlos[10].

A pesar de toda esa inflada regulación, los antecedentes documentales de los misioneros confirmaron que la actitud y comportamiento de los conquistadores se caracterizó por ser contrario a lo dispuesto por el Estado Español. Se violaron todas las normas protectoras de la integridad y salud de los indígenas y desconocieron el valor de las leyes y normas jurídicas. La colonización en Venezuela fue el más estupendo escenario de la trasgresión legal[11].

  1. Régimen político y legal en el período colonial hasta la creación de la Capitanía General de Venezuela (1777)

Como consecuencia de la colonización se fundaron en territorio venezolano las principales ciudades al estilo de conquista quiritario, que a su vez fungieron como capitales de las provincias. Fueron pobladas principalmente por los indígenas y los representantes misioneros provenientes de España: Margarita, Venezuela o Caracas, Nueva Andalucía o Cumana, Guayana y Maracaibo, la cual comprendía la de Mérida-La Grita.

Las provincias se constituyeron con una jurisdicción territorial y con un sistema político-administrativo separado, emulando al modo formal de conquista romano[12], hasta la integración en la Capitanía General de Venezuela[13] que en definitiva sería el territorio que conformaría la república en 1811.

Las provincias tuvieron un régimen interno constituido por varias autoridades, cuyo principal representante fue el Gobernador y sus funciones preestablecidas en las leyes, pero dependientes unas de la Audiencia de Santo Domingo y otras de la Audiencia de Santa fe. Aparecen las primeras ordenanzas particulares para su gobierno, en las cuales encontramos magníficas directivas que forman la legislación primigenia de Venezuela, desde el punto de vista histórico[14].

El Gobernador también administraba justicia civil y criminal en primera instancia con el asesoramiento de un letrado denominado Teniente de Gobernador y Auditor de Guerra. De sus decisiones conocían los Alcaldes Ordinarios en apelación. Esta injerencia del ejecutivo participando en la administración de justicia, encarna un signo distintivo de la cultura política en nuestro país, el cual, a la fecha de este ensayo, no hemos superado.

Según el historiador Guillermo Morón[15], el régimen interno administrativo de cada ciudad lo constituían de acuerdo con las Leyes de Indias, las siguientes autoridades: El cabildo, los regidores, los Alcaldes Ordinarios, Alcaldes provinciales, Escribanos Públicos y de Cabildo, Alféreces Reales, Fieles Ejecutores, Depositarios Generales. Pero, entendemos que el máximo representante del ejecutivo de la época era el Gobernador de la provincia.

Durante ese periodo colonial regían en las Indias Occidentales las Leyes de Indias a través del Consejo de Indias, suprema autoridad después del rey sobre el gobierno del nuevo continente. Se creó igualmente la Casa de Contratación de Sevilla para controlar los asuntos mercantiles y de justicia[16].

Las reglas y normas de la recopilación de la Leyes de Indias, rigieron la vida civil y comercial, los delitos y las penas, los procedimientos civiles, criminales y mercantiles, los impuestos y rentas públicas, los Cabildos o Ayuntamientos y otros cuerpos y tribunales públicos, el régimen militar de los veteranos y de milicias y todo aquello que requería cierta regulación y orden.

3.      Marco legal durante la colonización e independencia. (Constitución Material)

a)      Las leyes españolas:

En la época del descubrimiento no existía en la Península un sistema ordenado de leyes, al contrario, había una inflación de normas que se encontraban dispersas en distintas leyes[17]. Para el momento de la gestación revolucionaria y la independencia venezolana, el derecho español no se encontraba codificado en el sentido moderno sino repartido en varios ordenamientos jurídicos, no asumía la unidad teórica francesa que contaba con el Código Civil de 1804, a saber, el llamado Código Napoleónico.

 Efectivamente para ese momento las principales leyes españolas eran, el Ordenamiento de Alcalá, las 83 Leyes del Toro, la Recopilación de las Leyes de Castilla, Novísima Recopilación de las Leyes y el libro de las Partidas.

La Novísima Recopilación de las Leyes impuso el orden a seguir en la observancia de las leyes, expresando que primero se debe seguir las leyes de la recopilación y las que se han establecido después de ellas, con la advertencia que las más antiguas ceden a las más recientes que le son contrarias, y en segundo lugar las del Fuero Real y los Fueros Municipales y por ultimo las de las Siete Partidas.

Se debe puntualizar que la fuente jurídica española de la edad media estaba influenciada esencialmente por el derecho romano. En los siglos V al VII se impuso en la Península el sistema jurídico calificado como visigótico, que como recordamos se asentó principalmente en las costumbres, y no fue sino hasta principios del siglo VIII que se produce la invasión musulmana que no dejo huellas en la cultura jurídica en la Península[18]. En los siglos XI y XIII la labor de los glosadores determino el retorno del derecho romano, se promovió nuevamente la enseñanza del derecho Justiniano con la alianza de los cánones de la Iglesia.

b)     Derecho Indiano

Constituido por el ordenamiento dispuesto en España para ser aplicado en los pueblos hispanos. Rigió tanto en las indias orientales como occidentales (Américas y Filipinas) y su vigencia se extendió desde el descubrimiento hasta la formación de los derechos nacionales hispanoamericanos en el siglo XIX.

Más adelante[19], analizamos como ese derecho importado coexistió con el derecho nacional desde 1810 hasta la promulgación de los códigos nacionales, simbolizando la derogatoria definitiva de este derecho.

El derecho indiano proviene de la tradición jurídica europea dominada especialmente por la Recopilación de las Leyes de Castilla por ser el reino que logró el descubrimiento y conquista de américa. Las primeras iniciativas las constituyeron las Leyes de Burgos especialmente dictadas para el tratamiento de los indios, en dos momentos distintos: la primera el 27 de diciembre de 1512 y las cuatro últimas el 28 de julio de 1513. Posteriormente se publica por orden del emperador Carlos I de España las Leyes Nuevas de 1542-1543, la cual se caracterizó por la diversidad de materias que regulaba y trataba el nacimiento del Virreinato de Perú y la Audiencia de Lima, y se crea la Audiencia Real de los Confines, con jurisdicción en Centroamérica. Fue un derecho creado y ordenado para evangelizar a los indios y ordenar el sistema político-administrativo de la colonia al buen estilo quiritario de colonización.

Siguiendo la tradición dispersiva, aquí también existía una normativa en reales cedulas, decretos, ordenanzas, pragmáticas, provisiones, mandatos, instrucciones, cartas, las cuales fueron recopiladas desde 1609 por Juan de Solórzano y Pereira, que a su vez constituyo la base de la recopilación de las leyes de indias de 1680[20].

En definitiva, este derecho indiano se caracterizó por ser ambiguo y complejo por su adaptación a otras costumbres y organización política foránea. Además, por la dificultad del castellano de la época para los venezolanos representaba un sistema legal abstruso y farragoso.

En Venezuela, básicamente estaba compuesto por:

1.      La Recopilación de las Leyes de Indias, promulgada en 1680. Dividida en cuatro tomos con un total de 9 libros[21] que contienen 6.385 leyes agrupadas en 218 títulos. Siguiendo el mismo estilo del Codex Iustinianus. Cada ley señala el año, rey y lugar de expedición de dicha norma.

 

2.      Por otra parte, Las Partidas del siglo XIII con marcada influencia en américa hasta la codificación nacional, aunque en España tuvo aplicación secundaria, pues primero se atiene en los tribunales a las leyes de la Recopilación y las que se han establecido después de ellas, por su defecto a las del Fuero Real y a las de los fueros municipales en cuanto estén en uso, y últimamente a las de las Siete Partidas[22].

Alfonso X, soberano de León y Castilla, propició desde 1252 la integración del derecho. Su obra legislativa se concentró en instrumentos: A) El Fuero Real; b) El Espéculo; c) Las Leyes de Estilo, y d) Las Partidas.

Las Partidas, además de organización político-territorial y proclamación de la fe cristiana, contempló los derechos reales y personales, la división de las cosas, la costumbre o derecho no escrito y el patronazgo, el vasallaje, los modos de adquirir el dominio, posesión, servidumbre, hipoteca y prenda, enfiteusis, contratos, distinción entre pacto y contrato, géneros de contratos, testamentos, las penas, entre otros. Fue un texto jurídico fundamentado en el derecho romano justinianeo, canónico y feudal[23].

Como antecedente histórico, Las Siete Partidas adquirió una vigorosa presencia en Venezuela, incluso, hasta más allá de la codificación, tanto en carácter de ley vigente como de obra doctrinaria apreciada por juristas y otros escritores. Particularmente tuvo mayor aceptación aquí que en la Península. Fue el cuerpo legal de mayor aplicación en Venezuela y principal fuente para el proceso de formación de los códigos nacionales.

3.      Se han de considerar también un conjunto de reales cedulas, pragmáticas e instrucciones, órdenes, bando, provisiones, autos, emanadas de la Corona[24].

Gran parte de los mencionados cuerpos normativos indianos, previeron disposiciones procesales sobre competencias, pleitos y sentencias, apelaciones, recusaciones, referencia a la cuantía mínima, facultad de los árbitros, inmediación procesal, se establecieron términos o lapsos razonables para las apelaciones y suplicaciones. Para las apelaciones de segunda suplicación (causas de mayor cuantía) para ante el rey, los pobres en lugar de dar fianza daban caución juratoria, contempló sanciones por corrupción, cárceles y carceleros; aposentos apartados para las mujeres, separación en atención a su posición social y política, los regidores diputados eran los defensores, vistas de cárcel, sanción a los falsos testigos, que prácticamente rigió hasta la creación de la Junta Suprema de 1810.

c)      Derecho Criollo

Es el derecho nacido en los territorios americanos y de exclusiva aplicación al territorio donde ejercía sus funciones la autoridad que las creo. Son elaboradas por gobernadores, veedores y otras autoridades y enviadas al Consejo de Indias para la confirmación real.

  1. Transformación de los órganos del Poder Público.

Debido al crecimiento económico y poblacional en las provincias - que luego conforman la Capitanía General de Venezuela - suceden importantes cambios en la estructura orgánica del país que positivamente contribuyo con el avance cultural, político, económico y legal en ese momento histórico. Se fundaron por las autoridades españolas nuevas instituciones políticas-jurídicas que constituyeron paradójicamente nuestra primera fuente legislativa y judicial, las cuales dejaron importantes huellas en la creación de un derecho nacional. A saber:

4.1       La Intendencia de Ejercito y Real Hacienda: Se funda el 8 diciembre de 1776 por cédula de Carlos III (instrucción Real), regulando principalmente lo relativo a la materia económica y propiedad de las tierras[25]. Regía lo relacionado a las rentas, alcabala de tierras, alcabala de mar, el derecho al almirantazgo, el almojarifazgo, derecho de armada, arrendamiento de tierras realengas, venta de papel sellado, del aguardiente, juegos de gallos, boliches y billares, la de la sal, la de las minas, las del tabaco y chimó, un valioso antecedente del derecho tributario nacional. Después de la Batalla de Carabobo fue abolida por las autoridades republicanas.

4.2       Luego de un extenso proceso de formación, el día 6 de julio de 1786 se dictó el real decreto de creación de la Audiencia de Caracas, para matizar el desacreditado exceso político y militar que estaba en manos de los gobernadores y el capitán general.

Se funda este tribunal con variadas funciones políticos-administrativas. Ejerció un permanente control de funcionarios e instituciones. Intervino en los fueros militares. Atendió asuntos eclesiásticos. Vigiló el buen tratamiento de los indígenas. Fiscalizó la Real Hacienda. Legisla sobre varios asuntos sobre la base de la Recopilación de Leyes de Indias de 1680, y tenía jurisdicción en todo el territorio provincial y luego en la Capitanía General de Venezuela. Realmente fue un medio para agilizar los asuntos judiciales, pero a la vez fue un instrumento para apaciguar los ánimos de los diferentes sectores de la sociedad y evitar en lo posible las arbitrariedades de los gobernadores, del intendente y demás funcionarios locales: se deseaba rescatar la deteriorada autoridad española.

            Se consagró como la cúspide de la administración de justicia, dado que se concibió como tribunal de apelación. “…La instalación de la Real Audiencia de caracas fue un gran acontecimiento, porque tal institución vino a encauzar las actividades judiciales que se cumplieron a través de casi trescientos años en el territorio venezolano. Puede decirse que la Real Audiencia desempeña la más elevada función en orden a la cohesión social y política, con la consolidación de la juridicidad, pues aun en las épocas de crisis de la ley y del derecho, ante la avalancha militarista encabezada por Domingo Monteverde y José Tomás Boves, el Alto cuerpo judicial, representado por su regentes, entre quienes se destaca Don Francisco José Heredia, dio siempre el frente con singular heroicidad para mantener en alto el estandarte de la ley y la justicia…”[26]. Sin embargo, sus funcionarios y magistrados no escaparon de la tradición colonial, la corrupción y el desorden[27].  Según los propósitos de su creación y la forma posterior de funcionamiento, de acuerdo a lo que nos explican los glosadores, nos convence la idea que allí se encuentra el antecedente de la corrupción que siempre se ha infiltrado en el poder judicial venezolano.

Aspecto que merece destacar, es que la Audiencia nos libera del dominio de las Reales Audiencias de Santa Fe y de Santo Domingo, y realiza la unificación de las provincias venezolanas (1777). Significó un factor importante en el proceso de integración jurídico-política de las dispersas provincias, lo cual dio configuración a la jurisdicción territorial que conformaría la República de Venezuela de 1811 y fundamentaría el principio de Uti possidetis iuris.

Mantuvo sus funciones, incluso, después de la promulgación de la constitución de 1811 - que había plasmado la separación de poderes y creado el Poder Judicial como la Corte Suprema de Justicia - dado que por el conflicto bélico esas instituciones no se conformaron. Hasta la caída de la primera república soportó el caos de la guerra, y desde 1812 hasta 1821 represento la única fuerza legal en el territorio venezolano[28].

Este tribunal sintió los oprobiosos embates de Monteverde quien fue el último capitán general presidente de la Real Audiencia. Perdida la causa española por su derrota en la batalla de Carabobo condujo a su extinción, culminando con la actuación de una institución que de alguna manera puede considerarse la antecesora de los altos tribunales del país.

Además de lo mencionado, también se le puede atribuir como hechos históricos relevantes, la promoción de los (i) estudios jurídicos: bachilleres en leyes, abogados y doctores en derecho que se habían formado en el Seminario Colegio de Señora Santa Rosa de Santa María de Lima de Santiago de León de Caracas donde se erige luego la Real y Pontifica Universidad de Caracas[29], el Seminario Colegio de San Buenaventura de Mérida de los Caballeros. De sus aulas egresaron importantes figuras intelectuales de nuestro proceso emancipador[30]; como su contribución (ii) en la instalación del Colegio de Abogados de Caracas (1788) y la creación de la Academia de Derecho Español y Público (1790).

Con absoluta convicción, podemos afirmar que, con el funcionamiento de este tribunal, la juridicidad comienza a formar parte de nuestra cultura.

4.3       El 3 de junio de 1793 fue expedida en Aranjuez la real cedula de erección del Consulado de Caracas, el cual fue un órgano establecido con el propósito de incrementar y fomentar la actividad económica. Sus funciones eran la de administrar justicia en los pleitos mercantiles. Constituyó un instrumento de poder económico de mucho valor utilizado por la burguesía caraqueña como elemento político de gran proyección. Sirvió de base para la acción iniciada el 19 de abril de 1810.

Con este Consulado se instaura un derecho fiscal, un derecho mercantil y nuevas normas para la administración de justicia. Inicia en la sociedad un clima legalista.

Fue una de las primeras instituciones jurídicas especializadas, verdaderamente autóctona. Constituyó el primer Tribunal Mercantil con jurisdicción en toda la Capitanía General de Venezuela, la cual previó que lo que no estuviese establecido en ella se decidirá por las leyes de indias.

Esta institución sufrió una notable decadencia durante los primeros años del siglo XIX, el terremoto de caracas y la guerra de independencia afecto su estructura. A partir de 1813 siguió funcionando ante las autoridades de la república como las realistas. En 1816 se instaló en una casa que había sido de Simón Bolívar, conocida como la Casa Consular. Fue eliminada en 1821.

 

 B.     ECOS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA EN NUESTRA JURIDICIDAD.

1.      Mientras el absolutismo regio adquiría protagonismo político en los países europeos, al inicio del siglo XIX se abre en todo el mundo hispánico un ciclo historiográfico de profundas transformaciones: comienza en España la revolución liberal y en América el proceso que va a lograr la independencia. No obstante ello, sigilosamente se hace presente la anterior idea de la Ilustración que ocupa nuevos espacios y se reivindica bajo la victoria del individuo en la sociedad, considerado como valor supremo y criterio de referencia[31]. Para enfrentar y segregar al monarca, el modelo ideal del hombre y de la sociedad invade los escenarios públicos, y solo a través de la ruptura del Ancien Regime (una verdadera refundación, un nuevo pacto social) se alcanzarían las condiciones para construir este nuevo mundo: El hombre se concibe ante todo como individuo, como ciudadano; la nación, como un pacto voluntario entre estos hombres, independiente de los organismos o regímenes particulares. La única fuente posible de legitimidad es la que surge de esta nación y la soberanía nacional reemplaza a la soberanía del monarca. La nación soberana es libre de darse una nueva ley, la Constitución, que no resulta de la restauración de las «leyes fundamentales», sino de un nuevo pacto social, capaz de curar todos los males sociales y de crear ex nihilo un hombre poderes fundados en la tradición o en la Providencia y no en la voluntad de los ciudadanos[32].

 

2.      Inicialmente con el pensamiento central de la Revolución Inglesa del siglo XVII se postula y difunde la noción de hombres dotados de libertad de conciencia e igualdad ante el derecho. Esas ideas liberales europeas alcanzan a las colonias americanas del norte y con ellas el deseo y la búsqueda de la independencia.

 

Un tiempo después, los ideales de la ilustración, a saber, libertad, igualdad, legalidad, separación de poderes, que confluyen en el proceso revolucionario iniciado en 1789 en Francia[33] - unos 20 años después de la Revolución de las Trece Colonias o de la Revolución Estadounidense - fueron conocidos tanto en España como en las Indias Occidentales, y en ese sentido intervino ideológicamente a los movimientos independistas hispanoamericanos, con excepción de Brasil[34], que tuvo un proceso de unidad con la colonia que contrasta con los demás países de Sudamérica al trasladarse a ese país la corona portuguesa en su huida estratégica ante el acoso del ejercito de Napoleón, y con ella se puede decir que quedaron codificadas las ideas fundamentales de la filosofía política del siglo XVIII[35].

 

3.    La alentadora experiencia de los Estados Unidos de Norteamérica y la resistencia contra Napoleón dan origen a la revolución tanto en la Península como en Venezuela: los levantamientos Peninsulares de 1808 a la disolución de la Junta Central en enero de 1810, los movimientos revolucionarios venezolanos de abril de 1810, gestaron la independencia. La formación revolucionaria caraqueña de 1810 es contemporánea, políticamente, con la desaparición de la Junta Central. Fueron los liberales caraqueños del siglo XIX quienes pretendieron su filiación con la Francia revolucionaria para independizarse de España. La Independencia americana es hija de la Revolución Francesa y consecuencia de la difusión en América de sus principios[36].

     La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789) se adoptó con especial veneración en la conciencia de los pensadores civiles y eclesiásticos criollos,  así como en los abogados, invocando la necesidad de contar con un estado independiente, una nación soberana gobernada bajo el manto de la juridicidad, distanciada de la monarquía y de la catolicidad colonial[37]. De inmediato los postulados promovidos por la revolución francesa[38] cuyo protagonista es el pueblo como depositario del poder de Dios, desencadenan las nuevas ideas de cambio con relación a los aspectos políticos y sobrevienen instintivamente los  precedentes del proceso independentista, con verdaderas intenciones de erradicar la monarquía, las cuales resumimos por ser un tema más largo y de separada discusión[39]: (i) Conspiración de Gual y España en 1797, motivados por el reaccionario español Juan Bautista Picornell[40] tuvo amplios objetivos políticos que consideraba un programa de igualdad y de independencia. Este movimiento fue descubierto el 13 de julio y sus promotores fueron capturados y sentenciados. Manuel Gual logra huir a Curazao y desde el exilio siguió cruzando correspondencia con Francisco de Miranda. Promocionaron algunos documentos independentistas, como la Carta a los Españoles Americanos de Juan Pablo Viscardo y Guzmán (jesuita peruano), utilizada con frecuencia por los próceres independentistas sudamericanos. (ii) El ataque a Venezuela de Francisco de Miranda en 1806, también llamado el primer gran criollo de América. Como sabemos, decide organizar una expedición a Venezuela para liberarla del dominio de la monarquía española. Su expedición contó con el apoyo del ministro inglés Pitt, y zarpó desde Nueva York el 2 de febrero de 1806, luego pasa por Haití y llega posteriormente a las costas de Ocumare, pero tuvo que retirarse por la gran maquinaria de guerra del adversario, especialmente de los buques españoles y por el incondicional apoyo del pueblo de Coro a la monarquía. Su trayectoria política, cultural y militar fue encomiable. Participó en las guerras de independencia de américa del norte y con actuación destaca en la revolución francesa. Posteriormente asumió los poderes de la primera república, aunque no tuvo la dicha de presenciar a Venezuela emancipada, dado que fallece en Cádiz el 14 de julio de 1816, y hasta la fecha se desconocen sus restos. Es destacable su proyecto de Constitución Americana, el Proyecto Constitucional de 1901 y la Proclama de los Pueblos de Colombia de 1806, y (iii) La Conspiración de los Mantuanos entre 1808 y 1810, que fue un movimiento juntista inspirado por jóvenes del sector económico y social más poderoso de Caracas (no fue un movimiento popular) que pretendían crear una Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII - en ese momento España estaba gobernada por José Bonaparte - para constituir a Venezuela como una provincia más de las provincias de España. La idea de los mantuanos pudo concretarse el 19 de abril de 1810 cuando depone, en un sincronizado y muy bien preparado movimiento compuesto por los integrantes del cabildo de caracas, por los diputados nombrados por el pueblo, del clero y del gremio de pardos quienes contaban con el apoyo de las tropas regulares y de milicias destacadas en la ciudad, el capitán general Emparan, y se nombra La Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII que proclamó la autonomía de la provincia Venezuela sujeta a Fernando VII, encausando nuestro primer congreso constituyente, luego se redacta el Acta de Independencia y la Constitución Federal de 1811.

En definitiva, las tendencias liberales europeas, la crisis política acontecida en España con un Consejo de Regencia en extinción[41], los autóctonos movimientos reaccionarios de los venezolanos, la cual soliviantó gran parte de la América del Sur, el contenido del texto de la constitución francesa napoleónica de 1793, supuso la creación de cabildos criollos con marcado predominio independentista.

4.   Los letrados venezolanos de la época colonial sabían de la situación política de España y Francia, y apelaron a los postulados marcos de la revolución francesa y de todo el pensamiento liberal europeo, alcanzando en definitiva la independencia de la monarquía española a través del Derecho. Es reconocido que la inestable situación política de España, invadida por las tropas francesas, y con un vacío de poder, apenas cubierto por la Junta Suprema de Gobierno establecida por Fernando VII poco antes de su marcha a Bayona, influye directísimamente en las ideas de la independencia y constitucionales de los venezolanos de 1811[42].

Una vez instalada la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII[43] tuvieron que debatir - además de ser la base para la conservación del orden social durante el periodo excepcional de cambio - las razones para constituir un nuevo gobierno sobre las bases legales existentes y un nuevo orden jurídico apropiado para construir la futura república sobre fundamentos sólidos. Se establece un nuevo gobierno en donde quedaban privados del mando el Gobernador y Capitán General, el Intendente del Ejército y Real Hacienda, el Subinspector de Artillería y el Auditor de Guerra, así como la Real Audiencia.

Siendo su principio la provisionalidad, ello no les excusó de redactar actas y dictar normas para mantener el orden en la sociedad, motivar su legitimidad y reconocimiento hasta la instalación del Congreso Constituyente de 1811. Fue inmensa y encomiable la labor legislativa de esta junta, suprimida luego por la guerra de independencia. Por su trascendencia requieren especial mención, el reglamento de elecciones de diputados, las normas sobre conservación del orden interior y relaciones diplomáticas y comerciales internacionales, las medidas económicas. Incluso, debatieron ampliamente sobre la competencia del congreso para declarar la independencia.

Estamos convencidos que el movimiento inicialmente juntero y luego con verdaderas intenciones políticas, aparte de representar la transformación social y política para la subsistencia de la sociedad, significó en Venezuela un proceso jurídico que dio vida a una legislación autóctona que a la postre fue evolucionado. El aspecto jurídico preocupó a los hombres de 1810 y 1811, la independencia fue, ante todo, un proceso jurídico[44].   

 

 C.    JURIDICIDAD ENTRE 1810 Y 1830

Las reacciones antinapoleónicas[45], los sentimientos generados por la conspiración de Gual y España y las ideas de Francisco de Miranda y los mantuanos, así como los nuevos ideales de los estudiosos del derecho, la inestable situación política en España, la decadencia del Consejo de Regencia, confluyen sinérgicamente para la insurrección del 19 de abril de 1810, la instalación del congreso constituyente del 2  marzo de 1811 y la firma del acta de independencia el 5 julio de 1811. Su resultado transforma y constituye a Venezuela en una unidad política y territorial soberana, libre e independiente, donde se articularon las genéticas provincias de la entonces Capitanía General de Venezuela, con excepción de Coro, Guyana y Maracaibo, que siguieron bajo las reglas del derecho español.

Es necesario precisar que, al margen del proceso de transformación política, inexorablemente ocurren en el país - para abonar su legitimidad - las transformaciones jurídicas. Esas novedades legales tuvieron que construirse y redactarse en la recién fundada República, que a la vez marca el inicio de la separación - escalonada por supuesto, como quedara evidenciado en los siguientes capítulos - del derecho español por un derecho nacional.

1.         SINOPSIS DE LAS FASES DEL NACIMIENTO DEL DERECHO NACIONAL:

A)        Primera fase: Nacimiento de un nuevo derecho.

No cabe duda que tras los acontecimientos políticos ocurridos el 19 abril de 1810 nace un derecho nacional con características propias, a cuenta de la cesación de las funciones de las autoridades políticas, militares y judiciales de la Capitanía General de Venezuela.  El derecho español no podía satisfacer las nuevas aspiraciones políticas y la organización del nuevo estado, pero tampoco podía ser suprimido, los tres siglos habían afianzado un sistema social, cultural y económico[46].

Con la instalación de la Junta Suprema se conduce - inimaginable en los periodos anteriores - a significativos cambios jurídicos en el país. Recordemos que hasta ese momento (1810) los actos legislativos estaban reservados a las autoridades españolas.

El acta del 19 de abril de 1810 representa la transición jurídica del poder político al Ayuntamiento de la Ciudad de Caracas. El acta fue firmada por todos los asistentes incluso los depuestos. La revolución se llevó a cabo sin derramamiento de sangre[47].

En esta fase inicial, se debe destacar algunas actuaciones políticas como legislativas, entre otros: 1) Se establece un nuevo gobierno, quien a su vez formalizó las juntas provinciales; 2) Se dicta el Bando de Organización Interior, donde se ratifica principalmente la instalación de la Junta Suprema de Caracas y se cambia su denominación por Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII; se crea un Tribunal de Policía que sustituye al anterior Ayuntamiento de Caracas; las facultades judiciales de la Real Audiencia de Caracas fueron asignadas a un Tribunal de Apelaciones, Alzadas y Recursos y luego a la Alta Corte de Justicia; encomienda a un Corregidor las causas que conocía el gobernador y su teniente y las del Juzgado de los Bienes de Difuntos y otro corregidor la de los Tribunales de los Alcaldes Ordinarios y Juez de provincia; 3) Organización Militar para la defensa de Caracas; 4) Decreto sobre la Conducta de los empleados de la Administración del Estado; 5) Proclama sobre conspiraciones; 6) Decreto de elección de jueces ordinarios y empleado de la Real Hacienda; 7) Una serie de medidas económicas, fiscales  y aduaneras, como el Bando sobre libre comercio con los amigos y neutrales, supresión al tributo indígena; reciprocidad de ventajas comerciales con Inglaterra, abolición de los derechos de importación  para las máquinas y utensilios agrícolas, trigo, cebada, centeno, así como, de la alcabala y en la subsistencias y objetos de necesario consumo; establecimiento de una sociedad patriótica de agricultura y economía; decreto de prohibición de extracción de plata y oro. 8) El 11 de julio de 1810 se dictó el Reglamento para la Elección de Diputados que han de componer el Cuerpo Conservador de los Derechos del Señor Don Fernando VII en las Provincias de Venezuela, que significó el desconocimiento de la Convocatoria a Cortes y abrió el camino para la instalación del Congreso Constituyente de 1811, que como sabemos, separó los poderes, declaró la independencia, consagró la soberanía popular y sancionó la Constitución Federal de 1811.

B)        Segunda fase: Transición Legal (Mixtura de sistemas legales).

En ese contexto de legitimación de la Junta Suprema como la instalación del Congreso Constituyente de 1811, se altera el orden de cumplimiento de las leyes al encontrarse la sociedad con dos sistemas legales. La sociedad venezolana comenzó a enfrentarse a una situación inexplorada hasta la fecha, la dualidad legislativa: empiezan a coexistir dos regímenes jurídicos en supervivencia, uno autóctono, novedoso, consecuencia de la nueva república y el derecho español existente desde el descubrimiento, circunstancia que perdura hasta el Congreso de Angostura. Luego, hasta 1830, conviven leyes venezolanas, colombianas y españolas.

Enunciamos a titulo ilustrativo las actuaciones políticas y jurídicas que marcaron la transición legal:

1.                  Los diputados integrantes del Congreso Constituyente que se instaló el 2 de marzo de 1811 para sustituir a la Junta Suprema de Caracas, debieron legislar sobre la base de los principios republicanos y sostener al mismo tiempo la continuidad institucional. Se dictaron varias leyes, decretos y reglamentos, como la ley de abolición de la tortura, ampliación de la ley sobre papel moneda, ley para abolir el tribunal de la inquisición en toda la confederación, ley para el establecimiento de una ciudad federal, ley sobre matrimonios, ley sobre papel sellado, reglamento que prescribe las facultades de la sección administrativa de la Hacienda Nacional, ley de derechos del pueblo, declaración de la soberanía y derechos del hombre en sociedad, reglamento sobre la libertad de imprenta, ley sobre recusación de magistrados judiciales, entre otros.

            Sin embargo, todavía no rompimos definitivamente los lazos jurídicos con España. De esta forma, todo el derecho que se va estableciendo en el periodo de fundación de la República de Venezuela, comprendiendo entre abril de 1810 y abril de 1812, mediante los diversos actos políticos-jurídicos emanados de la Suprema Junta y los actos legislativos sancionado por el Primer Congreso General de Venezuela, tiene como telón de fondo histórico-jurídico el derecho español vigente en Venezuela, que se extendía prácticamente a todas las relaciones institucionales y personales[48].

2.                  Inmediatamente luego de su instalación, el 5 de marzo de 1811 el Congreso dictó un Reglamento Orgánico Provisorio para la Separación de los Poderes[49], reservándose el Congreso el Poder legislativo, designando a tres ciudadanos para ejercer el Poder Ejecutivo Nacional, turnándose en la presidencia por períodos semanales, y constituyendo, además, una Alta Corte de Justicia. Ese reglamento provisorio canalizó el tránsito a la república aun antes de la declaración de independencia y de la Constitución de 1811. Tal fue su importancia republicana que se recogió luego en la Constitución de Cádiz de 18 de marzo de 1812[50].

3.                  El Acta de Declaración de Independencia no tiene una particular referencia al problema de la vigencia de las leyes; sin embargo, señala que las Provincias Unidas de Venezuela podían desde ese momento “hacer y ejecutar todos los demás actos que hacen y ejecutan las naciones libres e independientes”, dentro de los cuales estaba la formación y sanción de las leyes.

 

4.                  La Constitución Federal para los Estados de Venezuela de 1811[51] entrevió la construcción de un Código Civil y Criminal y el orden de observancia de las leyes:

Artículo 228: Entretanto que se verifica la composición de un Código Civil y Criminal acordado por el Supremo Congreso en 8 de marzo último, adaptable a la forma de gobierno establecido en Venezuela, se declara en su fuerza y vigor el Código que hasta aquí nos ha regido en todas las materias y puntos que, directa o indirectamente, no se opongan a lo establecido en esta Constitución.

Al caer la primera república esa constitución perdió vigencia, y nuevamente se aplicaban las leyes de indias, hasta los decretos de Bolívar.

5.                  Actos emanados de los gobiernos provisorios de Simón Bolívar (1813-1818), como la Ley contra defraudadores de la renta del tabaco, ley sobre uniformes, divisas y graduaciones de los Ejércitos de la República de Venezuela, indulto a los americanos, supresión de los máximos grados militares españoles, sobre libertad de los esclavos, declaración de la República de Venezuela el 20 de noviembre de 1818, sobre el Pabellón Nacional, entre otros.

 

6.                  El Decreto de Organización del Poder Judicial de 1817, previó en el artículo 13 lo siguiente: En sus procedimientos y decisiones se sujetará la Alta Corte de la República a las leyes, usos y prácticas que han regido siempre en Venezuela, a menos que estén derogadas o se deroguen por el presente decreto, o por alguna ley o decreto de la República.

 

7.                  La Constitución de la República de Colombia de 1821 contempla la necesidad de dar comienzo a la vida republicana con observancia de las leyes.

Artículo 188: Se declaran en su fuerza y vigor las leyes que hasta aquí han regido en todas las materias y puntos, que directa o indirectamente no se opongan a esta Constitución, ni a los decretos y leyes que expidiere el Congreso.

8.         Actos emanados de los Congresos de Colombia, como la ley sobre el peso de las monedas de oro y plata, emisión de una moneda de cobre, ley sobre extinción del derecho de alcabala en el comercio de todas las producciones del país y su reducción a un dos y medio por ciento en el de los bienes raíces y mercaderías extranjeras, extinción de los tributos de los indígenas, organización de los tribunales y juzgados, ley en que se determina el modo de conocer de las causas de comercio, de sustanciarlas y determinarlas, ley del 28 de julio de 1824 que declara que toca a la republica el ejercicio del derecho de patronato, el 11 de mayo de 1825 se dicta la ley orgánica del poder judicial, entre otros.

9.         La Ley del Congreso de Colombia del 13 de mayo de 1825 previó con relación al orden de observancia de las leyes, lo siguiente:

Artículo 1: El orden con que deben observarse las leyes en todos los tribunales y juzgados de la República, civiles, eclesiásticos o militares así en materias civiles como criminales es el siguiente. 1° Las decretadas o que en lo sucesivo, decretare el poder Legislativo, 2° Las pragmáticas, cédulas, órdenes, decretos y ordenanzas del gobierno español sancionadas hasta el 18 de marzo de 1808 que estaban en observancia bajo el mismo gobierno español en el territorio que forma la República, 3° Las leyes de la Recopilación de Indias, 4° Las de la Nueva Recopilación de Castilla, y 5° Las de las Siete partidas.

Artículo 2: En consecuencia no tendrán vigor ni fuerza alguna en la República las leyes, pragmáticas, cédulas, órdenes y decretos del gobierno español posteriores al 18 de marzo de 1808, ni las expresadas en el artículo anterior en todo lo que directa e indirectamente se opongan a la constitución a las leyes y decretos que haya dado o diere el Poder Legislativo.

10.      Actos emanados de las facultades extraordinarias asumidas por el Libertador (1827/28), como el reglamento de la hacienda pública de 1827, reglamento de aduanas, arreglo y régimen de la renta de tabaco, reglamento de la universidad de caracas, resolución sobre el establecimiento del hospital de Caridad y San Juan de Dios, obligatoriedad de la publicación de la leyes y avisos oficiales en la Gaceta del Gobierno de Caracas, se ordena formar un estado de las causas civiles y criminales pendientes en toda la república, refacción de los caminos nacionales, prohibición de admitir en los conventos a los menores de 25 años, entre otros.

11.      Actos emanados del gobierno dictatorial de Simón Bolívar (1828/30), quien asume en 1828 el poder supremo del Estado con el título de Libertador Presidente, establece tribunales militares basados en la ordenanza española de 1768, reorganización de los tribunales de la Republica el 17 de noviembre de 1828, elección de los Jueces de Hecho, resolución para que organicen dos salas de Cortes de Apelaciones, Reforma los estatutos de la Universidad de Caracas, reitera relaciones con el Vaticano,  entre otros.

12.       La Constitución del 24 de septiembre de 1830, además de señalar el orden de cumplimiento de las leyes, ordenó la formación de los códigos nacionales, construyendo el sendero original para la pausada formación de nuestros códigos.

Artículo 87: son atribuciones del Congreso:

1.        Dictar leyes y decretos necesarios en los diferentes ramos de la administración pública, interpretar, reformar, derogar y abrogar las establecidas y formar los códigos nacionales;

13.      Posteriormente, el Congreso Constituyente de 1830, mediante Resolución de fecha 14 de octubre de 1830, punto 55, designando las leyes vigentes en el orden judicial, acordó:

Artículo 1: En el orden judicial continuarán observándose las leyes y decretos expedidos por los Congresos de Colombia que hasta ahora han regido, y que no sean contrarios a la constitución ni leyes sancionadas por este congreso constituyente, entendiéndose de la Suprema Corte de Justicia y jueces de paz, que establece la constitución, los artículos de la ley 11 de mayo de 1825, que hablan de la alta corte y alcaldes parroquiales: quedando derogados los decretos del general Simón Bolívar en la materia.

C)        Tercera fase:

A partir del Congreso Constituyente de 1830 y los Congresos Constitucionales y Constituyentes posteriores y los actos del poder ejecutivo con facultades extraordinarias, se dictaron una serie de constituciones, códigos y leyes que anunciaban la dilatada desaparición de la legislación española en Venezuela[52].

Posteriormente, La Ley del Congreso Constitucional de 1838 reconoce el orden de observancia de las leyes según lo que había establecido el Congreso de Colombia de 1825, señalado en el punto B.9.

En el próximo capítulo abordaremos a titulo ilustrativo el desarrollo de los códigos nacionales y la desaparición de las leyes españolas.

2.                   PUBLICACIONES Y DOCTRINA:

 

No podemos inadvertir la influencia que ejerció una serie de publicaciones de prensa y de doctrina jurídica que se presentó desde los inicios republicanos hasta la formación de los códigos nacionales. Entre ellos, hacemos referencia a La Gaceta de Caracas, en el Seminario de Caracas y en El Patriota de Venezuela, quienes exponían la experiencia del federalismo norteamericano y de lo que pasaba en Cádiz, Los escritos de Thomas Paine, traducidos por el venezolano Manuel Garcia de Sena, los escritos de José Maria Blanco White en Londres; La imprenta en Venezuela en 1808; La Carta de Jamaica; Ilustración al Derecho Real de España de Juan de Sala; El Apéndice Venezolano del Sala Adicionado o Sala Hispano-Venezolano; Manual del Abogado Americano, de Juan Eugenio de Ochoa; El Código de Procedimiento Ilustrado de Pedro Pablo Del Castillo y Julián Viso de 1850; la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia; El Teatro de Legislación Colombiana y Venezolana vigente de Pedro Pablo del Castillo de 1854; Las obras de Luis Sanojo: Comentarios al código de procedimiento civil de 1857; Las obras de Andrés Bello, Ramón Feo, Luis Loreto y Julián Viso.

  

D.        PRÓLOGO DE LA CODIFICACIÓN EN VENEZUELA Y ABOLICIÓN DE LAS LEYES ESPAÑOLAS.

a)      Referencia Liminar.

A pesar del llamado que hace la Constitución de 1811 de redactar códigos - en vigencia el Código Civil francés - ello no ocurre sino hasta finales del siglo XIX al adoptarse esa técnica legislativa (Civil Law). Con certeza podemos afirmar, que nuestra separación definitiva de la Gran Colombia - sin justificar o no esa decisión política - auspició, entre otros asuntos, la sustitución de la encrucijada legal que prevalecía en el país y, en ese contexto, nuestro sistema apunta hacia la codificación.

Con las ideas de Rousseau[53] en el siglo XVIII surge la tendencia que el derecho tiene que plasmarse a través de leyes y fue la revolución francesa la que colocó a la ley como expresión de la voluntad general y cuyo contenido produce libertad. Sobre ese postulado germina la idea de codificar no solamente como una ley producto de una elaboración sistemática, sino también como un instrumento para ordenar los sectores de la vida social. No se concibió a la codificación como una simple compilación de leyes, sino que las reordenaba para que funcionase la sociedad, inspirado en las instituciones del iusnaturalismo europeo. Sin embargo, el sector político, supeditado a la idea de organizar y ordenar la nueva sociedad que apenas se independizaba, enfatizó sobre la relación entre la constitución y códigos. Con la primera se unifica el territorio y el derecho, y los códigos eran para fortalecer al Estado. Esa combinación fue apreciada por los gobernantes de turno luego de 1830 y fueron ellos los que promocionaban nuevos códigos y no la sociedad.

Ese minucioso y fatigoso proceso de ordenación sistemática, me atrevo a definirlo como de sublime valor en la historia nacional, encarna la desaparición del sistema jurídico español imperante desde la colonización.

Sobre el Derecho Civil: Las leyes españolas eran la fuente del derecho civil nacional, tanto en el orden sustantivo como adjetivo. Con antelación al primer Código Civil de 1862 se dictaron leyes sobre libertad de contratos (1834 y 1848), arrendamiento de casas (1846), retroventa (1861), entre otros. Esas leyes especiales y dispersas al buen estilo español fueron asumidas para la redacción del posterior Código Civil venezolano.

La abolición de las desordenadas leyes españolas en materia civil sustantiva se previó en el texto de artículo 1870 del Código Civil  del 21 de marzo de 1867, que indicaba: Quedan derogadas todas las leyes anteriores a la promulgación de este código, en todas las materias que son objeto del mismo; aunque no sean contrarias a las disposiciones contenidas en ella, que a su vez contrasta con la del código del 28 octubre de 1862, que en su Disposición Final, prescribía, el presente Código comenzará a regir desde el 1° de enero de 1863; y en esa fecha quedan derogadas, aun en la parte que no sean contrarias a él, las leyes preexistentes, sobre todas las materias de que en él se trata. Sin embargo, las preexistentes sobre la prueba de las obligaciones, procedimientos judiciales y confección de instrumentos públicos solo deben entenderse derogadas en lo que sean contrarias a las disposiciones de este Código

Sobre el Derecho Penal: Desde 1830 a 1863 fracasaron todos los proyectos de codificación en materia penal.  El 19 de abril de 1863 se dicta el primer Código Penal[54] y su principal fuente también deriva del derecho español, aunque paralelamente se redactaron leyes especiales sobre conspiración, traición y delito de asonada.

Sobre el Derecho Mercantil: Las Ordenanzas de Bilbao rigieron en Venezuela hasta la publicación de nuestro primer Código de Comercio que data del 15 de febrero de 1862[55] y reformado el 29 de agosto del mismo año.

b)     El Proceso de Codificación Civil, Penal y Mercantil

b.1)            Preámbulo.

Es comprensible que la secular hegemonía legal española marcó y dejo huellas en la cultura nacional, y prescindir a rajatablas del derecho indiano no era lo más conveniente en ese momento para la sociedad venezolana. Bajo esa premisa transcurrieron más de 30 años para que la codificación sustantiva y adjetiva, sea civil, penal o mercantil, sustituyera en Venezuela, entre otras fuentes jurídicas, a las Siete Partidas, las Leyes de la Nueva Recopilación de Castillas, las Ordenanzas de Bilbao y las ordenanzas españolas del ejército, como el derecho nacional formado en leyes especiales.

Los dirigentes nacionales - posiblemente inspirados por la tendencia codificadora/constituyente -  mediante el congreso de 1830 designaron tres comisiones para redactar el Código Penal, el de Procedimiento Criminal y otra para una Ley de Jurados. El congreso de 1835 vista la confusión de leyes existentes y su castellano antiguo, consideró que las leyes debían ser escritas en el lenguaje nacional y a tal efecto decretó la Ley del 7 de abril de ese año para que se formaran cuatro proyectos de Códigos, a saber, civil, criminal, militar y de comercio, con sus respectivos procedimientos.

Nada presentaron esas comisiones, pero el congreso de 1836 acometió la obra con urgencia y ofreció el Código de Procedimiento del 19 de mayo de 1836, proyecto del licenciado Francisco Aranda, quien lo presentó a discusión. Julián Viso también presentó, entre otros proyectos, el Código Civil de 1854 pero quedó en simple intención hasta su promulgación en 1862.

Con la promulgación del Código Civil del 28 octubre de 1867 - modelado sobre el proyecto español de Goyena – incursionamos, al fin, en las doctrinas y prácticas de la codificación moderna, abandonando el viejo ropaje español en materia sustantiva civil.

Posteriormente, con los incidentes políticos de la revolución azul se insistió con la combinación de constitución y códigos, y el 27 de octubre de 1868 el ejecutivo creó otra comisión para redactar el Código Penal, revisar el Código Civil vigente y formularan un proyecto de Código de Procedimiento Civil. Luego triunfante el general Antonio Guzmán Blanco a través de la revolución de abril quedaron desconocidas las leyes, contratos, decretos, resoluciones y demás actos expedidos desde el 28 de junio de 1868.

Con la misma tendencia, Guzmán Blanco, con facultades dictatoriales creó, mediante decreto del año 1872, una nueva comisión general de códigos, para ser dividida en cuatro secciones, reforma del Código Civil, revisión del Código de Comercio, formación del Penal, Código Militar y, además, cada sección debía formar su código de procedimiento, los cuales empezaron todos a regir el 27 de abril de 1873.

b.2)            La Codificación Civil Sustantiva.

·         Código Civil de 1862, promulgado el 28 de octubre de ese año. Tuvo una efímera vigencia hasta el 8 de agosto de 1863. Sus fuentes principales fueron el Código Civil Chileno o Código Bello y proyecto de Código Civil de Julián Viso de 1854.

·         Código Civil de 1867, sancionado por el Congreso de 1867 tomando como modelo el proyecto de Código Civil para España que hizo en 1851 don Florencio García Goyena.

Este código testifica la derogatoria del derecho indiano en materia civil. El artículo 1870, expresó: Quedan derogadas todas las leyes anteriores a la promulgación de este código, en todas las materias que son objeto del mismo; aunque no sean contrarias a las disposiciones contenidas en él.

·         Código Civil de 1873, promulgado el 20 de febrero de 1873 y empezó a regir el 27 de abril de ese mismo año.

·         Luego el Código Civil de 1916 y 1922, promulgados bajo las dictaduras andinas.

·         Código Civil de 1982, vigente.

b.3)            La Codificación Civil Adjetiva.

1.      Antecedentes.

Mediante ley de 13 de mayo de 1825 el Congreso de Colombia estableció una cierta normativa para arreglar el procedimiento civil de los tribunales y juzgados de la república. No representó un código, pero se aplicó con preferencia a las normas del derecho español, y significó un gran esfuerzo en provecho de la codificación adjetiva.

Por su parte, Humberto Cuenca señala que el antecedente inmediato del Código de Aranda fue el de Rafael Agostini, editado en Valencia, presentado al congreso un Código de Procedimiento Civil en 1835[56].

2.      Proceso de Codificación.

 

a)      El 12 de mayo de 1836 se promulga el Código de Procedimiento Judicial (Código de Aranda), que sustituyó el rancio castellano de la época y los dilatados lapsos procesales en los procedimientos, favoreciendo a los “pendolistas”. Según Cuenca, Aranda supo sortear con talento los graves inconvenientes que presentaba una caótica legislación, mezcla española e india, redactada en español antiguo y con leyes en desuso…popularizo el derecho…[57]

 

b)      Reformas del Código desde 1836 a 1873: el Código de Aranda estaba integrado por diversas leyes según la técnica legislativa de la época, esas 41 leyes fueron sucesivamente reformadas hasta el 20 de febrero de 1873 que se publicó el Código de Procedimiento Civil, con un sistema de enumeración sucesiva de artículos marcando una nueva etapa de evolución de nuestro derecho.[58]

c)      Bajo las dictaduras andinas se sancionó el Código de Procedimiento Civil en 1904 y 1916.

d)      El Código de Procedimiento Civil del 04 de julio de 1916 fue derogado por el vigente, del 22 de enero de 1986 con efectividad desde el 16 de septiembre de 1986, con su reforma parcial publicada en Gaceta Oficial Nº 4.209 Extraordinario del 18 de septiembre de 1990, básicamente para formalizar el lapso de vacaciones judiciales y habilitar todos lodos días para las acciones de amparo constitucional.

e)      Apéndice: Tenemos conocimiento que actualmente en la Asamblea Nacional, sede del Poder Legislativo, cursa anteproyecto de reforma del código de procedimiento civil, elaborado por los magistrados de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2014[59], donde se da preferencia al juicio oral por audiencias, a la inmediación del juez tanto en el debate como en las pruebas - emulando al proceso laboral - lo cual testifica la intención de sustituir el pesado y lento sistema judicial civil por otro más expedito, que resuelva de forma oportuna, bajo la tutela judicial efectiva, los conflictos jurídicos entre particulares.

Recientemente, la misma Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia publico la sentencia N° RC.000397, con fecha 14 de agosto de 2019,  Expediente AA20-C-2019-000065, donde somete a la Sala Constitucional, por control difuso, la resolución de la propuesta de reformar el código de procedimiento civil, implementado un juicio oral a través de audiencia sujetas a la inmediación procesal, con el propósito de agilizar los eternos procedimientos civiles y mercantiles que favorecen solamente a la corrupción judicial y a los que obstaculizan el sistema jurisdiccional en beneficio de alguna de las partes. Hasta la fecha de la redacción de este artículo no tenemos conocimiento que se haya decidido la solicitud.

La referida Sala de Casación Civil, fundamenta su propuesta de reforma ante la necesidad de adaptar el procedimiento civil ordinario a los nuevos postulados constitucionales, los cuales exigen la implementación de un procedimiento judicial oral y expedito, creando un procedimiento civil único, un procedimiento oral que consta en la primera instancia de dos fases (una fase conciliatoria y otra fase de juicio), y en el cual se abrevian los lapsos, así como se simplifican los trámites de la citación y las notificaciones.

Estimamos que la propuesta de los magistrados de la sala de casación civil de unificar el procedimiento civil se cobija en lo sucedido en la jurisdicción especial del trabajo. Sabemos que a partir de la reforma del sistema procesal del trabajo en el año 2002[60] - donde se apostó al juicio oral ordenado por audiencias, una de mediación y otra para valorar pruebas y sentenciar, sin suspensiones, sin citaciones que requieran ubicación personal del demandado, sin la exigencia de resolución anticipada de defensas previas que paralicen la causa principal y obligación del juez de dictar sentencia oportuna - los conflictos jurídicos se resuelven de forma expedita y preservando a la vez las garantías procesales, contribuyendo de esa manera con la paz social a través de la tutela judicial efectiva. Quizá ese es el sistema procesal, en sede jurisdiccional, que reclama la sociedad venezolana para la solución de los conflictos civiles y mercantiles.

Por último, solo debemos advertir, que para reformar el código de procedimiento civil se debe agotar el mecanismo de creación y discusión del proyecto para su sanción por el poder legislativo y posterior promulgación en la Gaceta Oficial de la República, según lo establecido en la Constitución Nacional.

                  b.4)            La Codificación Penal Sustantiva.

Según el profesor Arteaga Sánchez[61], el primer Código Penal Venezolano es de 1863 con efímera vigencia de cuatro meses. Le siguió el de 1873 de influencia española con 24 años de vigencia, hasta la sanción del Código de 1897 bajo la influencia de Código italiano de Zanardelli.

Luego sigue el Código de 1904 y de 1912 que vuelven a la tradición hispana. En 1915 se dicta otro Código Penal y el actual es del 13 de abril del 2005.

                  b.5)            La Codificación Penal Adjetiva.

La fuente original fue una de las leyes del Código Arandino, la ley única del título XII, denominada Del Juicio Criminal en tanto se establece la administración por jurados. Se confiaba la instrucción del sumario a los jueces de Primera Instancia, a los Alcaldes Parroquiales y a los jueces de Paz.

El 20 de febrero de 1873 se sanciona el Código de Procedimiento Criminal, el cual será reformado en 1882, 1884 y 1897. Posteriormente durante las dictaduras andinas se promulgaron el Código de Enjuiciamiento Criminal de 1904, 1911, 1915 y 1926.

El 1 de julio de 1999 se dictó el Código  Orgánico
Procesal Penal, reformado el 4 de septiembre de 2009.

El 15 de junio del año 2012 se publica el decreto con rango, valor y fuerza de ley del Código Orgánico Procesal Penal.

      b.6)            La Codificación Mercantil.

El primer Código de Comercio fue sancionado el 15 de febrero de 1862, posteriormente fue reformado por el Código de Comercio fechado el 20 de febrero de 1873 y empezó a cumplirse el 27 de abril del referido año[62]. Este código se sustituyó por el del 20 de enero de 1904, el cual entro en vigencia el 19 de abril del mismo año.

El 23 de junio de 1919 el Congreso de la República sanciona el vigente Código de Comercio, el cual comenzó a regir el 19 de diciembre de ese año, y hasta la fecha sufrió cuatro reformas.

c)      Derecho Tributario.

Herencia del derecho de hacienda del sistema español. El primer Código Orgánico Tributario venezolano adoptó las recomendaciones del Modelo de Código Tributario OEA/BID, para lo cual se designó una comisión en el año de 1976 para elaborar el proyecto del primer Código Orgánico Tributario que fue presentado al Congreso en el año 1977, siendo finalmente promulgado el 03 de agosto del año 1982 y entró en vigencia el día 31 de enero de 1983, que a la vez derogó las disposiciones de carácter tributario contenidas en la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, que hasta esa fecha, de alguna manera pretendían regular el derecho tributario.

El Código de 1982 fue sujeto de varias reformas, (a) la del 11 de septiembre del año 1992 vigente desde el día 11 de diciembre del mismo año, con cambios como la de exigir intereses moratorios a la tasa del mercado, mejoras en la redacción de algunos artículos debido a la experiencia en su aplicación, se desarrolló la materia de infracciones y sanciones atendiendo a las necesidades de la implementación en nuestro país del Impuesto al Valor Agregado; (b) del 1° de julio de 1994, mediante la cual se faculto al Ejecutivo Nacional, para crear, reestructurar, fusionar y extinguir, los servicios autónomos sin personalidad jurídica vigentes para la época, como el Servicio Nacional de Administración Tributaria (SENAT), el cual, fue sustituido por el servicio nacional integrado de administración tributaria (SENIAT); y, (c) Reforma en el mes de octubre del año 2001.

El Código Orgánico Tributario del año 2001, fue reformado mediante el Decreto-Ley de Reforma del Código Orgánico Tributario (COT), de fecha 18 de Noviembre del 2014, donde se efectuaron cambios importantes, entre ellos, el  incremento de los lapsos de prescripción de las acción para la verificación, fiscalización y determinación de la obligación tributaria y sus accesorios, se suprimió el procedimiento del juicio ejecutivo que facultaba a los Tribunales Contencioso Tributarios para la ejecución forzosa de las sentencias definitivamente firmes y los cobros ejecutivos de cantidades líquidas y exigibles a favor del sujeto activo, creándose el procedimiento del cobro ejecutivo[63], cuya competencia le corresponde exclusivamente a la administración tributaria (SENIAT). A partir de dicha reforma los jueces tributarios no están facultados para ejecutar sus propias sentencias definitivamente firmes, quedando obligados a desprenderse del expediente una vez trascurrido el lapso del cumplimiento voluntario de dicha sentencia, para remitirlo al SENIAT para la ejecución forzosa de la misma[64].

Este año, la ilegítima asamblea nacional constituyente promulgo en fecha 29 de enero del 2020 un Código Orgánico Tributario, con vigencia desde el día 28 de febrero, aunque al analizarlo solo se trata de una elemental reforma del código del año 2014. Lo que llama la atención de este código, es que, suprime el valor de la Unidad Tributaria (UT) prevista como índice aplicable para la determinación y actualización de las sanciones pecuniarias en el código derogado, y se establece un nuevo índice para cálculo de las multas sobre la base de, el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela. Se establece que las sanciones pecuniarias serán determinadas y actualizadas en moneda extranjera y se cancelarán en su equivalente en moneda nacional, utilizando el valor del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela que estuviere vigente para el momento del pago[65].

d)     Derecho del Trabajo.

Es del conocimiento general que el derecho del trabajo venezolano, como en la mayoría de los países, comienza a regularse a principios del siglo XX, y desde ese momento se delibera sobre la consideración de su codificación. La primera ley formal del trabajo venezolana se decreta el 23 de julio de 1928[66] - mucho tiempo después de los intentos de codificación de las leyes derivadas de los derechos civiles e individuales- precisamente por el surgimiento y reconocimiento de los derechos sociales como el abandono de la idea legal/napoleónica que se trataba de un arrendamiento de servicios, y a pesar del tiempo transcurrido no disponemos en la actualidad de un código del trabajo.

Hubo ensayos de codificación, pero solo quedaron en simples tentativas. El primero de ellos se realizó en el año 1938 por el primer Ministro del Trabajo, Luis Gerónimo Pietri Méndez, y en el año 1942, el entonces también Ministro del Trabajo Numa Quevedo, nombró una comisión para la elaboración de un proyecto de código de trabajo, integrado por Tito Gutiérrez Alfaro, Jacinto Ramírez Rausseo, Andrés Eloy Blanco, Vicente Millán Delpretti y Julio Diez. Por último, y en fechas más cercanas, corresponde a la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, que a pesar del gran esfuerzo de compilar una serie importante de leyes formales y materiales existentes y dispersas a esa fecha, no lo denominaron código del trabajo. Esta tendencia siguió en la ley del trabajo del año 2012, denominada Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, cuando sus redactores ni siquiera se plantearon esa posibilidad.

En concreto, casi un siglo después de la primera ley del trabajo y sus posteriores reformas, podemos confirmar que esa disciplina jurídica ha evolucionado al punto que dispone una legislación autónoma, con sus propios principios, con unidad y armonía, con un sistema legal que incluye una ley sustantiva que legaliza todas las condiciones generales de trabajo, como las condiciones de higiene, seguridad y protección de la salud y la vida de los trabajadores; las condiciones particulares de algunos prestadores de servicios bajo modalidades especiales, como la de las mujeres trabajadoras, el trabajo de los adolescentes, a domicilio, doméstico, marítimos y terrestres, entre otros;  regula la estabilidad y conservación del empleo; la negociación y discusión de convenios colectivos, el derecho a la sindicalización y huelga.

Este sistema dispone de un reglamento general del año 1998, el cual fue reformado en el año 2006, y otro parcial para el tiempo de trabajo que deroga algunos artículos del reglamento del 2006; una ley de igualdad de oportunidades para la mujer, una ley especial para la dignificación de trabajadores y trabajadoras residenciales, el cual derogó el régimen especial de trabajo de los anteriormente denominados conserjes, una ley de alimentación denominada Ley del Cestaticket Socialista; cuenta con un Reglamento sobre Condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo de 1968 y reformado en 1973; ley para la protección de las familias, la maternidad y la paternidad de 2007, las normas de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fueron ratificados.

También asumió desde 1940 un sistema procesal autónomo - con sus variantes del año 2002 - cuenta con principios procesales que regulan básicamente la resolución de los conflictos jurídicos en tribunales con competencia especial. Por otra parte, dispone de varios procedimientos administrativos para la resolución de los conflictos económicos y colectivos en sede ejecutiva, que tienen posteriormente control judicial. Para los recursos de casación se creó una sala especial, la denominada Sala de Casación Social en el Tribunal Supremo de Justicia, que en sus atribuciones y competencias resuelve el recurso de casación social y control de la legalidad de la actividad judicial de instancia que se aparte de la jurisprudencia o del orden público procesal.

Pensamos pues, que por ser un sistema jurídico sistematizado[67], reconocido internacionalmente como un verdadero derecho subjetivo, las normas fundamentales que regulen las condiciones de trabajo, los derechos y deberes de los empleadores y trabajadores venezolanos deben ser incorporados en un Código del Trabajo, como lo han hecho distintos países latinoamericanos en esta materia, que incorpore la mayoría de las reglas generales indicadas anteriormente, con algunas excepciones reglamentarias,  especiales y procedimentales que serán reguladas por separado.

El derecho del trabajo venezolano ha progresado y superado aquel rasputín ideológico de principios de siglo XX que lo consideraba como derecho nuevo y dinámico, impedimentos imaginados para obstruir su codificación y sistematización. Pensamos, y así aquí lo expreso, que tenemos libre el terreno para codificar el derecho del trabajo.

Para concluir con este artículo, me atrevo a parafrasear al maestro Chiossone, así:  desde 1873 a 1899, hay un renacimiento jurídico, porque es en ese lapso cuando Venezuela adquiere la codificación definitiva y se establecen importantes instituciones que perdurarán hasta el presente[68].

 

CONCLUSIONES.

Procedemos a escindir las conclusiones según el período histórico-legal que corresponda:

1.      En el contexto del descubrimiento, los nativos aplicaban reglas de convivencia y de forma de vida, gozaban de propias costumbres y hábitos. En ese período no hubo juridicidad, lo que existió fueron principios consuetudinarios. En definitiva, durante ese período colonial regían en las Indias Occidentales las Leyes de Indias a través del Consejo de Indias, suprema autoridad después del Rey sobre el gobierno del nuevo continente.

 

2.      Con la integración de las provincias en Capitanía General, se originan esenciales instituciones políticas-jurídicas como la Real Audiencia de Caracas, el Real Consulado de Caracas y la Intendencia de Ejército y Real Hacienda, que fueron los primeros intentos legislativos al marcar la fundación de un derecho nacional. Con la revolución del 19 abril de 1810 nace un derecho nacional propio a raíz de la interrupción de las autoridades políticas, militares y judiciales de la Capitanía General de Venezuela. 

 

3.    Una vez iniciado e instalado el proceso revolucionario entramos en una fase de aplicación y cumplimiento de dos sistemas jurídicos que transitaron hasta la abolición del derecho español. Ese sistema subsistió hasta la promulgación de los códigos nacionales en el siglo XIX.

 

4.    A partir del congreso constituyente de 1830 y los congresos constitucionales y constituyentes posteriores, como algunas decisiones del poder ejecutivo con facultades extraordinarias, se dictaron una serie de constituciones y leyes que anunciaron el final de la legislación española en Venezuela, aunque siguieron aplicándose hasta la promulgación de los códigos civiles, penales, mercantiles y de procedimiento.

En Venezuela se implantó la codificación a finales del siglo XIX, y como proceso histórico tiene un valor encomiable, pues representó la desaparición del sistema jurídico español que había tenido vigor desde el descubrimiento.

5.    La venezolanidad jurídica alcanzó su esplendor a finales del siglo XIX cuando se desliga íntegramente del derecho español. Sin embargo, no fue sino iniciado el siglo XX cuando adopta instituciones más avanzadas de otros sistemas jurídicos, como el italiano y el francés.

 

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[1] ALVAREZ, Tulio, “Juan Germán Roscio, Padre del Constitucionalismo Latinoamericano” disponible en https://www.academia.edu/35907646/JUAN_GERMÁN_ROSCIO_PADRE_DEL_CONSTITUCIONALISMO_LATINOAMERICANO.

[2] Aclaro que el término utilizado se hace bajo el enfoque de otredad cultural.

[3] Destacada la actuación épica de los civiles que la legitimaron el levantamiento de 1810.

[4] Contenido de la Eximiae devotionis: “…Alejandro obispo, siervo de los siervos de Dios: Al muy amado hijo en Cristo rey Fernando, y a la amadísima hija en Cristo Isabel, reina de Castilla, de León, de Aragón y de Granada, ilustres, salud y bendición apostólica. La sinceridad de la insigne devoción y la lealtad con que reverenciáis así a Nos como a la Iglesia Romana, os hacen justamente acreedores a que benévolamente se os otorgue todo lo necesario para que mejor y con más facilidad de cada día se os haga posible llevar adelante vuestro santo y loable empeño y perfeccionar la obra iniciada en pro del descubrimiento de tierras e islas remotas y desconocidas, para mayor gloria de Dios Todopoderoso, propagación del imperio de Cristo y exaltación de la fe católica. De aquí se origina haber Nos hecho donación, concesión y asignación perpetuas, tanto a vosotros como a vuestros herederos y sucesores, los reyes de Castilla y León, de todas y cada una de las tierras firmes e islas apartadas e incógnitas, situadas hacia las regiones occidentales, descubiertas hoy o por descubrir en lo futuro, ya por vosotros, ya por vuestros emisarios al efecto destinados, no sin grandes trabajos, peligros y dispendios, con todos sus dominios, ciudades, castillos, lugares, villas, derechos y universales jurisdicciones, siempre que no se encontraren debajo del actual temporal Dominio de algún otro príncipe cristiano, según más largamente en las letras al efecto promulgadas se contiene… Nos {….] os concedemos, lo mismo que a vuestros herederos y sucesores, que podáis y debáis, en todo y por todo, usar y poseer y disfrutar libre y lícitamente en las islas y tierras por vosotros así descubiertas o en las por descubrir, de todas y cada una de las gracias, privilegios, exenciones, libertades, facultades, inmunidades, letras e indultos a los reyes de Portugal concedidos… Dada en San Pedro de Roma, a tres días del mes de mayo en el año de la Encarnación del Señor de mil cuatrocientos noventa y tres, primero de nuestro pontificado…”. Disponible en: www.artic.ua.es/biblioteca/u85/documentos/1830.pdf‎., consultado el 23 de junio de 2020.

[5] Gil Fortoul, Jose, Historia Constitucional de Venezuela. Obras Completas Vol. I. 4° Edición. Tomo Primero: La Colonia, La Independencia, La Gran Colombia. Ministerio de Educación, Dirección de Cultura y Bellas Artes. Caracas 1954. p. 39 - 113.

[6] Chiossone, Tulio, Formación Jurídica de Venezuela en la Colonia y la República. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas. Caracas, 1980, p. 39.

[7] Sobre la reacción indígena frente a los conquistadores, recomendamos revisar a Chiossone, Tulio, ob. cit., p. 25-35, donde se atreve a califica esas actuaciones como el primer acto genocida en pleno renacer europeo.

[8]Sobre la conformación de las provincias durante los siglos coloniales, recomendamos leer a Brewer-Carias, Allan, en su obra intitulada Historia Constitucional de Venezuela, tomo I, Editorial Alfa, 1° Edición, diciembre 2008, Caracas.

[9] Rosenblat, Ángel, La Población Indígena de America. Desde 1492 hasta la Actualidad. Disponible en: https://pueblosoriginarios.com/textos/rosenblat/1492.html, consultado el 05 de abril 2020.

[10] Carrillo-Batalla, Tomás: Las Fuentes del Derecho Venezolano a partir del Fin de la Colonia y su Empalme con el Derecho Republicano. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas N° 137, año 2012. p. 42 y ss.

[11] Chiossone, Tulio, ob.cit., p. 54.

[12] Diocleciano impuso la tetrarquía y dividió al imperio romano en cuatro partes. Constantino la disolvió y dividió al imperio en cuatro prefecturas: Oriente (Bizancio), Iliria (Sirmio), Italia (Milán) y Galia (Tréveris), con 14 diócesis y 117 provincias. El imperio español en los territorios ocupados en America impuso un esquema parecido, identificados como virreinatos, capitanías generales y provincias.

[13] La Capitanía General de Venezuela se instaló el 8 de septiembre de 1777 como elemento unificador en lo militar de las separadas provincias, con respecto a la antigua Provincia de Venezuela.

[14] Chiossone, Tulio, ob. cit., p. 63.

[15] Citado por Chiossone, Tulio, ob. cit., p. 62.

[16] Loreto González, Irene, Algunos Aspectos de la Historia Constitucional Venezolana (Independencia, Federalismo de J.G. Roscio en los Primeros textos Constitucionales). Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Serie estudios N° 91. Caracas 2010. p. 107.

[17] Tal vez, y por esa misma circunstancia se dictó primero un Código Civil en Venezuela que en España (24 de julio de 1889).

[18] Sobre la pervivencia y eterno retorno del derecho romano, recomendamos leer a Álvarez, Tulio Alberto, en Antecedentes y evolución de las leyes coloniales de las indias, en la obra intitulada Historia de las Instituciones Coloniales Hispanas, Universidad Católica Andres Bello, 1° Edición, 2014, Caracas, p. 27 y ss.

[19] Páginas 21-22 de este artículo.

[20] Sobre la conformación de unas leyes para las indias, recomendamos leer a Álvarez, Tulio Alberto, en Antecedentes y evolución de las leyes coloniales de las indias, en la obra intitulada Historia de las Instituciones Coloniales Hispanas, Universidad Católica Andres Bello, 1° Edición 2014, Caracas, p.  50 y ss.

[21] Estaba compuesta por nueve libros Los Libros, según sus nombres con la grafía original:

Libro Primero. De la Santa Fé Católica.

Libro Segvndo. De las Leyes, Provisiones, Cedvlas, y Ordenanças Reales.

Libro Tercero. De el Dominio, y Ivrisdicion Real de las Indias.

Libro Qvarto. De los Descvbrimientos.

Libro Qvinto. De los Terminos, Division, y Agregacion de la Governaciones.

Libro Sexto. De los Indios.

Libro Septimo. De los Pesqvisidores, y Ivezes de Comifsion.

Libro Octavo. De las Contadvrias de Cventas, y fus Miniftros.

Libro Nono. De la Real Avdiencia, y Casa de Contratacion, que reside en Sevilla.

[22] Citado por Garrido Rovira, Juan: Independencia, Derecho Nacional y Derecho Español. Universidad Monteávila. Caracas 2011. p. 105, cita de Escriche, Joaquín de: Diccionario Razonado de legislación Civil, Penal, Comercial y forense. España 1838 y reimpreso en Caracas en la imprenta Valentín Espinal en 1840.

[23] Resumen: Primera Partida: En la que el autor demuestra que todas las cosas pertenecen a la iglesia católica, y que enseñan al hombre conocer a Dios por las creencias.  Segunda Partida: Lo que conviene hacer a los reyes, emperadores, tanto por sí mismos como por los demás, lo que deben hacer para que valgan más, así como sus reinos, sus honras y sus tierras se acrecienten y guarden, y sus voluntades según derecho se junten con aquellos que fueren de su señorío.  Tercera Partida: La Justicia que hace que los hombres vivan unos con otros en paz, y de las personas que son menester para ella.  Cuarta Partida:  Los desposorios, los casamientos que juntan amor de hombre y de mujer naturalmente y de las cosas que les pertenecen, y de los hijos derechureros que nacen de ellos, y de los otros de cualquier manera que sean hechos y recibidos, del poder que tienen los padres sobre sus hijos y de la obediencia que ellos deben a sus padres, pues esto, según naturaleza junta amor por razón de linaje, y del deudo que hay entre los criados y los que crían, y entre los siervos y sus dueños, los vasallos y sus señores, las razones del señorío y de lo bien hecho que los menores reciben de los mayores y otrosí por lo que reciben los mayorales de los otros.  Quinta Partida: Trata de los empréstitos y de los cambios y de las miercas, y de todos los otros pleitos y conveniencias que los hombres hacen entre ellos, placiendo a ambas partes, como se deben hacer y cuáles son valederas o no, y cómo se deben partir las contiendas que entre las partes nacieren.  Sexta Partida: Los testamentos, quién los debe hacer, y cómo deben ser hechos y en qué manera pueden heredar los padres a los hijos y a los otros parientes suyos y aun a los extraños, y otrosí de los huérfanos y de las cosas que les pertenecen.  Séptima Partida: Y en la setena partida de todas las acusaciones y los males y las enemigas que los hombres hacen de muchas maneras y de las penas y de los escarmientos que merecen por razón de ellos.

[24] Cfr. Garrido Rovira, Juan: Independencia, Derecho Nacional y Derecho Español. Universidad Monteávila. Caracas 2011. p. 89 y ss.

[25] Aquí encontramos el origen de la propiedad rural y urbana de Venezuela.

[26] Chiossone, Tulio,  ob.cit., p. 111.

[27] Fundación Empresas Polar, Diccionario de Historia de Venezuela, Segunda Edición, Caracas 2010, Tomo 1, p. 309.

[28] Con el triunfo de Bolívar en la campaña admirable se disolvió la Real Audiencia y entramos en un nuevo periodo hasta la ocupación de Caracas por Boves y se gobierna con los decretos del libertador como el decreto de guerra a muerte, asuntos fiscales y sobre hechos punibles. Hasta el 12 de julio de 1814, que marca la entrada triunfal de Boves a Caracas, el régimen jurídico lo estableció Bolívar, pero respetando la organización jurídica y administrativa existente, menos la real Audiencia que se autodisolvió.

[29] Para la época, los estudios de derecho comprendían principalmente los cuatro libros de la Instituta, o sea, el derecho romano del emperador Justiniano, y los que se cursaban en la Academia de Derecho español. Para obtener el título se requería de 4 años de práctica. Indudablemente que los abogados de la colonia, tuvieron una formación humanística, formados bajo la filosofía de la libertad y de los derechos humanos. También el Colegio de San Buena Ventura de Mérida, que después vendría a ser la Universidad de los Andes fue semillero de abogados y juristas. De ambas universidades y del Colegio de Abogados de Caracas, salen para todo el territorio de la Capitanía General de Venezuela los hombres de leyes que contribuirán a la formación jurídica venezolana.

[30] Basta solo con recordar la destacada actuación de Juan Germán Roscio, prolijo pensador de los juristas que iniciaron la revolución de 1810. Sobre Roscio, véase: Luis Ugalde, El pensamiento teológico-político de Juan Germán Roscio, La Casa de Bello, Caracas, 1996; Luz Anai Morales Pino, Juan Germán Roscio: La subversión de la palabra, Caracas, UCAB, 2008; Nydia Ruiz, Las Confesiones de un pecador arrepentido, Juan Germán Roscio y los orígenes del discurso liberal en Venezuela, UCV-Fondo Editorial Tropykos, Caracas, 1996.

[31] Visible en lo político con Descartes, con Hobbes, Locke y Rousseau

[32] Guerra, François-Xavier, Modernidad e Independencias, Ensayos sobre las revoluciones hispánicas. Editorial Mapfre. Colección Relaciones entre España y América. Madrid 1992, p. 30, disponible en: https://rodrigomorenog.files.wordpress.com/2012/01/guerra-modernidad-e-independencias-1992.pdf, consultado en fecha 20 de abril 2020.

[33] Las ideas de Juan Jacobo Rousseau, Robespierre y Emmanuel Sieyés.

[34] Mendible Zurita, Alejandro:  El Imperio Luso-brasileño: la original independencia de Brasil en el contexto latinoamericano, en el libro Las Independencias de Iberoamérica. Compiladores Tomas Straka, Agustín Sánchez Andrés, Michele Zeuske. Fundación Empresa Polar, UCAB, Fundación Konrad Adenauer, UMSNH.

Caracas, 2011.p. 828 y ss.

[35] Loreto González, Irene, ob. cit., p. 35.

[36] Guerra, François-Xavier, ob. cit., p. 16.

[37]  En el artículo XVI, se afirmó que “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución.”

[38] A saber, el principio de la soberanía que reside en la nación, de la legalidad, de separación de poderes, asamblea legislativa, creación del tribunal supremo y descentralización.

[39] Con anterioridad hubo sublevaciones en la ciudad de San Felipe el Fuerte durante los años 1740 y 1741, como la revuelta de los habitantes de El Tocuyo en 1744, como la rebelión de Juan Francisco de Leon entre 1749 y 1752, la del zambo Andresote ocurrida en 1731 y la de los Comuneros de El Socorro en 1781, pero solo aspiraban mejorar las condiciones económicas.

[40] Quien había organizado en la capital de España un golpe de Estado que tenía como propósito derrocar al régimen monárquico e instaurar una república al estilo francés (de la época).

[41] El manifiesto a los americanos redactado por este consejo, aceleró el proceso independentista al considerar que los americanos seguían siendo colonia española.

[42] Loreto González, Irene: ob. cit., p. 43.

[43] La Junta Suprema de Caracas fue el órgano provisorio que gobernó la Capitanía General de Venezuela tras la renuncia del Capitán General Vicente Emparan el 19 de abril de 1810, hasta el 2 de marzo de 1811 cuando se instala el primer congreso constituyente. Tras los sucesos del 19 de abril de 1810, en los que el Capitán General designado por José I de España fue obligado a renunciar por la presión pública caraqueña, se constituyó esa misma tarde el Cabildo de Caracas como la Junta Suprema conservadora de los derechos de Fernando VII. Inmediatamente comienzan a tomar control de los cuarteles de la ciudad y a asegurar el apoyo de las provincias a la junta. Tras haber asegurado el apoyo militar con la designación de comandantes favorables a la Junta, designa el 25 de abril la Junta Suprema de Gobierno que la integran con derecho de palabra y voto: José de las Llamozas; Martín Tovar Ponte; Feliciano Palacios y Blanco; Nicolás de Castro; Juan Pablo Ayala; José Cortés de Madariaga; José Hilario Mora; Isidoro Antonio López Méndez; Francisco José Ribas; Rafael González; Valentín de Ribas; José Félix Sosa; Juan Germán Roscio; Juan de Ascanio; Pablo Nicolás González; Francisco Javier de Ustáriz; Silvestre Tovar Liendo; Nicolás Anzola; José Félix Ribas; Fernando Key Muñoz; Lino de Clemente; José María Blanco y Dionisio Palacios. Como secretarios de la Junta son nombrados José Tomás Santana y Casiano Bezares. Ese mismo día la Junta de Gobierno designa los encargados de los distintos despachos: Juan Germán Roscio para Relaciones Exteriores, Nicolás Anzola en Gracia y Justicia, Hacienda a Fernando Key Muñoz y para Guerra y Marina Lino de Clemente. Igualmente se constituye un Tribunal Superior de Apelaciones presidido por el Marqués de Casa León y los ministros José Bernabé Díaz; José María Ramírez; Bartolomé Ascanio y Felipe Fermín Paúl. Constituido el gobierno, la Junta procuro la adhesión de las provincias al movimiento. La Junta consigue pronunciamientos favorables en Cumaná y Barcelona el 27 de abril, Margarita el 4 de mayo, Barinas el 5 de mayo, Mérida el 16 de septiembre y Trujillo el 9 de octubre. Guayana se pronuncia el 11 de mayo a favor de la junta pero al tener conocimiento el 3 de junio de la instalación en España del Consejo de Regencia reconoce a este como el legítimo y se aleja de la revolución caraqueña. Por el contrario, las Provincias de Coro y Maracaibo se mantiene fieles desde el principio de la revolución al Consejo de Regencia. En la actitud de Coro influiría su vieja enemistad con Caracas desde que perdió el estatus de capital de la Provincia de Venezuela a finales del siglo XVI, Maracaibo por su parte se distancia de Caracas por sus fuertes relaciones con el Virreinato de Nueva Granada.

[44] Polanco Alcántara, Tomas: Las Formas Jurídicas en la Independencia. Instituto de Estudios Jurídicos. Facultad de Derecho Universidad Central de Venezuela, Caracas 1960. p. 10.

[45] El Acta de Instalación de la Junta Suprema de Venezuela del 19 de abril de 1810.

[46] Garrido Rovira, Juan. ob. cit., p. 48.

[47] Loreto González, Irene, Algunos Aspectos de la Historia Constitucional Venezolana (Independencia, Federalismo de J.G. Roscio en los Primeros textos Constitucionales). Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Serie estudios N° 91. Caracas 2010. p. 66

 

[48] Garrido Rovira, Juan: ob. cit. p.48.

[49] Ese principio estuvo vigente hasta la Constitución de 1999 que modifica el sistema clásico de división de poderes e incorpora dos poderes adicionales, a saber, el poder ciudadano y el poder electoral.

[50] Se distribuyeron las potestades así: la potestad de hacer las leyes se atribuyó a las Cortes con el Rey (art. 15); la potestad de hacer ejecutar las leyes, al Rey (art. 16); y la potestad de aplicar las leyes, a los tribunales (art. 17).

[51] Paralelamente, en las demás Provincias se constituyeron nuevos gobiernos - de escasa vigencia -  y elaboraron sus propias constituciones antes de que se aprobase la Constitución Federal, como la Constitución Provincial de Mérida que rigió hasta que el gobierno de Caracas dictase la carta de confederación; la Constitución de Trujillo del 2/9/1811; la de Barcelona denominada “Código Constitucional del Pueblo Soberano de Barcelona Colombiana” con importante influencia de Miranda quien residía allí y fue electo diputado al Congreso Constituyente de Barcelona; la Constitución de Caracas de 1812.

[52] Garrido Rovira, Juan, Independencia, Derecho Nacional y Derecho Español. Universidad Monteávila. Caracas 2011. p. 295.

[53] Revisar a Rousseau, Juan Jacobo: El contrato Social, Capítulo VI del libro II, dedicado a “De la Ley”.

[54] Chiossone, Tulio: ob.cit. p. 194 a 197

[55] Seguramente influenciado por el Código de Comercio francés de 1807 y el español de 1829.

[56] Cuenca, Humberto, Derecho Procesal Civil. Tomo I, Parte General. Universidad Central de Venezuela. Ediciones de la Biblioteca. Caracas 1965. p. 49.

[57] Cuenca, Humberto: ob. cit., p. 47 y ss.

[58] Borjas, Arminio, Comentarios al Código de Procedimiento Civil, Imprenta Bolívar, Caracas 1924, p. 12-13

[60] Ley Orgánica Procesal del Trabajo del 13 de agosto de 2002, en rigor un año después.

[61] Arteaga Sánchez, Alberto: Derecho Penal Venezolano. Séptima Edición aumentada y corregida. Caracas 1995. Editorial Paredes Editores. Página 34.

 

[62] Según reseña Leopoldo Borjas, en Desarrollo de la Legislación Mercantil en Venezuela, en este Código además de la influencia francesa y española, tuvo su injerencia el Código de Comercio de Chile del 23 de noviembre de 1865. Disponible en http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDUCAB/14/UCAB_1971-1972_14_9-37.pdf, revisado el 9 de mayo de 2020.

[63] Artículo 290 y siguientes del COT del 2014 y su equivalente lo encontramos en el artículo 226 y siguientes del COT del 2020.

[64] Artículo 346 del COT del 2014 y su equivalente en las Disposiciones Finales, artículo 349 del COT del 2020.

[65] Artículo 91: Cuando las multas establecidas en este código estén expresadas en el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela, se utilizará el valor del tipo de cambio, que estuviere vigente para el momento del pago.

[66] Esta fue una ley inefectiva, se promulgo solo para cumplir objetivos de política exterior. Por eso algunos consideran que la primera ley del trabajo fue la del 16 de julio de 1936, que estaba formada en gran parte por la ley de 1928 y disposiciones de la ley chilena y mexicana de la época.

[67] Requisito para ser denominado código, según artículo 202 de la Constitución Nacional.

[68] Chiossone, Tulio, ob. cit., p. 204.

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