VIRTUALIDAD DEL ARBITRAJE EN LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES (2023)
VIRTUALIDAD
DEL ARBITRAJE EN LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES
Pedro Casale Valvano*
SUMARIO: PRESENTACION.
1. CLASIFICACION DE LOS CONFLICTOS DEL TRABAJO. 2. CLASIFICACION DEL
ARBITRAJE LABORAL EN VENEZUELA: A) ARBITRAJE PARA LOS CONFLICTOS COLECTIVOS:
1. Voluntario 2. Obligatorio. B) ARBITRAJE PARA LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES Y
PROCESAL. C) ARBITRAJE INSTITUCIONAL. 3. REDELIMITACION DEL ARBITRAJE Y EL ORDEN PUBLICO.
4. FUNCIONAMIENTO DE LA CLAUSULA COMPROMISORIA ARBITRAL PARA LOS CONFLICTOS
INDIVIDUALES DEL TRABAJO. 4.1 Comentarios
Preliminares: Principios de autonomía del pacto arbitral, el de
competencia-competencia, el de colaboración judicial. 4.2
Funcionamiento
de la Cláusula Compromisoria Arbitral en el Contrato de Trabajo. 5. ROL DEL PODER JUDICIAL:
ANULACION Y EJECUCION DEL LAUDO. A) Arbitraje Procesal:
1. Anulación a través del Recurso de Casación. 2. Motivos del Recurso de
Casación contra el Laudo. B) Arbitraje Institucional: 1. Anulación del Laudo a
través del Recurso de Nulidad. 2. Motivos para la Anulación del Laudo. 3. Órgano
Judicial competente. 4. Procedimiento. C) DECRETO DE EJECUCION DEL LAUDO: 1. Arbitraje
Procesal. 2. Arbitraje Institucional. D) EL AMPARO CONTRA EL LAUDO ARBITRAL. E)
SOLICITUD DE REVISION CONSTITUCIONAL. F) MEDIDAS CAUTELARES. Conclusiones.
Presentación:
En virtud de que el constitucionalismo contemporáneo considera a la tutela judicial efectiva un
derecho fundamental, se confirma la evolución de los mecanismos alternativos de
evitación del proceso jurisdiccional[1], que
suponen sustraer el conocimiento judicial del asunto y delimitar el margen de
disponibilidad de los derechos, especialmente los consagrados como mínimos en
la legislación del trabajo. Con esa amplitud garantista se expande el alcance del
arbitraje, forzando su replanteamiento como instrumento complementario a los
procedimientos de solución existentes y su equiparación institucional a los
órganos jurisdiccionales.
Pese al desarrollo dogmático, práctico y jurisprudencial
de los sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos en Venezuela, la
conexión del arbitraje con los conflictos
individuales derivados de la relación de trabajo es la menos común y
habitual. Por tal razón, el propósito del artículo se concreta en analizar el
alcance del arbitraje para la solución extrajuicio de conflictos jurídicos e individuales
que pueden surgir en una relación laboral, en el entendido que no existe una
clara definición legal sobre el particular, y además que, en la práctica
laboral se ha visto como una técnica de solución de disputas de conflictos colectivos,
donde los árbitros actúan en base a la equidad[2].
Para concretar nuestra intención, iniciamos haciendo
referencia a los tipos de conflictos del trabajo, justamente para precisar
cuáles son los conflictos individuales que podrían ser objeto de arbitraje,
utilizando para ello la clasificación más común de la doctrina. Luego,
resumimos los distintos tipos de arbitraje que funcionan en materia laboral
según el tipo de conflicto que se pretende resolver. En el apartado siguiente se
resalta la habilitación del arbitraje frente al orden público en general, para distanciarnos del tradicional
esquema prohibitivo para esos asuntos, y manifestar su aceptación como
instrumento de solución de conflictos del trabajo calificados como individuales
y jurídicos.
Después de reflexionar sobre la validez del arbitraje
laboral en los conflictos individuales, se procede a analizar el funcionamiento
de la cláusula compromisoria arbitral
en los contratos individuales de trabajo, bien sea en el arbitraje procesal o
el institucional, así como la determinación del órgano (arbitral o judicial) competente.
Se revisa el procedimiento a seguir para cada uno de los supuestos hasta la
publicación definitiva del laudo.
Seguidamente, examinamos el rol del poder judicial
para confirmar la eficacia o la anulación del laudo y precisamos el juez competente
para esa función. Revisamos la posibilidad de decretar medidas cautelares en el
procedimiento arbitral, incluso la anticipada, como el procedimiento judicial
de ejecución del laudo. Por último, y de modo sumario, revisamos la legitimación
de la acción de amparo constitucional contra el laudo y la solicitud de revisión
constitucional ante la Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ).
I.
Clasificación de los conflictos
del trabajo:
Con el propósito de delimitar el ámbito de este
análisis, antes conviene trasladarnos y usar la clasificación típica y
tradicional sobre la tipología de los conflictos laborales, sin perjuicio de
otras clasificaciones más avanzadas doctrinalmente, pues representa la mejor
herramienta para explicar lo que se plantea. En ese sentido, los conflictos
laborales pueden ser calificados como jurídicos
o de intereses, según su
argumentación representa una pretensión de cumplimiento de una norma jurídica
preexistente o una autónoma, originaria; y los individuales o colectivos,
según la afectación del interés jurídico, sea individualizada o de orden y
extensión general.
El centro de atención de este estudio apunta hacia
los conflictos individuales de carácter
jurídico, que son los que habitualmente por competencia material resuelve
la actividad jurisdiccional, el poder
judicial, y a ello se suma que su solución arbitral con pacto compromisorio no
está claramente definida en la legislación laboral venezolana, aunque podríamos
anticipar y decir, que tampoco está prohibida expresamente. La Constitución
Nacional (CN), el Código de
Procedimiento Civil (CPC), la Ley de Arbitraje Comercial (LAC), la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo (LOPTRA), el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de
2006 (RLOT) y la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras
(LOTTT), impone la promoción del arbitraje como medio de solución de
conflictos, por lo que el legislador muestra interés en desarrollar su
vigencia, su aplicación y sus finalidades específicas.
En el Derecho del Trabajo
venezolano, el interés hacia la utilización del arbitraje para los conflictos
individuales y jurídicos se manifiesta por primera vez en la LOPTRA, aunque su
ejecución quedo en simple tentativa, debido a que el legislador estructuró - a
pesar de la habilitación - su funcionamiento en el poder judicial. Un arbitraje
sui generis que no obtuvo la aprobación de los justiciables por
desarrollar un sistema que se desconecta de los principios y aptitudes esenciales
de ese modo de heterocomposición de disputas.
II.
Clasificación del arbitraje laboral
en Venezuela:
De acuerdo a la legislación laboral venezolana, se
dispone de varios tipos de arbitraje que funcionan de acuerdo al tipo de
conflicto que pretende resolver, que sintetizamos así:
A.
Arbitraje para los conflictos
colectivos
1.
Voluntario
1.1. El artículo 166 del RLOT (2006) confirma
su virtualidad como medio de heterocomposición de conflictos colectivos del trabajo.
1.2 El artículo 493 de la LOTTT permite el
arbitraje para la solución de los conflictos
colectivos[3].
Se determina la constitución de la junta arbitral y se regula el funcionamiento
hasta la publicación del laudo.
1.3. El arbitraje incluido en los Convenios Colectivos para resolver, a
través de una Junta de Arbitraje los
conflictos que debería solucionar la Inspectoría del Trabajo o los Tribunales
del Trabajo[4],
amparado por los artículos 96 y 258 CN. Así fueron las
constituidas en las empresas básicas de la CVG y la aprobada por el Ministerio del
Trabajo en el caso Banco Provincial, S.A.
2.
Obligatorio
2.1
Según el artículo 492 de la
LOTTT, en los supuestos de huelga que
por su extensión o duración pongan en riesgo la vida o la seguridad de la
población, el Ministerio podrá dar por terminado el conflicto, acordando que el mismo
sea sometido a arbitraje.
2.2
El laudo arbitral dictado en la Reunión Normativa Laboral de acuerdo a lo previsto en los artículos
452 y 465 de la LOTTT.
B.
Arbitraje para los conflictos individuales
1.
El artículo 502 de la LOTTT prevé que el Ministerio
con competencia en materia de trabajo y seguridad social podrá designar
funcionarios especiales, para intervenir en la conciliación y el arbitraje de conflictos individuales[5].
Sin embargo, no existe una norma particular para los
conflictos individuales y de derecho que haría pensar sobre su plena validez, eficacia
y el ámbito material (anomia legal), distinta a la prevista para el arbitraje
procesal.
2. Arbitraje
Procesal: los artículos 6, 135, 138 y
siguientes de la LOPTRA contemplan la posibilidad que las partes involucradas
en un proceso judicial, previa presentación de la demanda y el agotamiento de
la conciliación que se practica en la audiencia preliminar, puedan someter[6] el conflicto
individual y jurídico al arbitraje procesal.
Como podemos precisar, la previsión legal del funcionamiento del arbitraje
en los conflictos laborales individuales y de derecho es autonómico, solo la
contempla la LOPTRA, pero con excesiva parquedad en la determinación de las
reglas formales específicas.[7]
C. Arbitraje
institucional
Es aquel en el
cual intermedia entre las partes y los árbitros una entidad especializada,
denominada Centro de Arbitraje, que administra
y organiza el trámite procedimental, generalmente con el pago de una tarifa administrativa
y honorarios de los árbitros, regulado originalmente en los artículos 11 al 14
de la LAC.
Constituye el propósito
de este artículo, en el sentido que las partes del contrato de trabajo (materia
de orden público) puedan prever en la cláusula contractual, su decisión (autonomía
de voluntad) de someter el conflicto individual al procedimiento establecido en
el centro de arbitraje que decidan. En la legislación laboral se anunció en el artículo
174 RLOT “Con el objeto de propiciar la
autocomposición de los conflictos colectivos de trabajo, se organizará el
Servicio Nacional de Arbitraje y Mediación (SENAMED) adscrito al Ministerio del
Trabajo en cuyo Reglamento Orgánico se determinará, entre otros, su régimen de funcionamiento”.
Ese instituto a la fecha no se ha
creado, lo que permite preferir el arbitraje institucional que aplican los
centros de arbitraje.
En el capítulo
siguiente, abordamos el análisis sobre la procedencia del arbitraje
institucional para solucionar los conflictos individuales del trabajo, pero
antes es menester revisar la conexión del arbitraje con el orden público.
III.
Redelimitacion del arbitraje y el
orden público:
La interpretación tradicional - doctrina y judicial
- consideraba el arbitraje como un modo de solución privativo y reservado para
los asuntos de derecho privado
disponibles, sin la mínima referencia al arbitraje en el sector público, puesto que solo era arbitrable aquello
que pudiera ser negociado o transado por las partes privadas y que por demás no
estuviese reservado al orden público.
Sus promotores se resguardaban en lo expresado en artículo 3 de la LAC “Quedan exceptuadas las controversias [que pueden ser
arbitrables]: a) Que sean contrarias al
orden público”.
Parte de la doctrina laboral y las decisiones sobre
este particular[8]
se adhirieron a esa interpretación y postulaban la inviabilidad del arbitraje como medio de solución
extrajudicial de los conflictos del trabajo de carácter individual y de derecho.
Bajo suposiciones falsas proclamaban la ilegalidad del compromiso arbitral: (i) que fue proscrita para materias de
orden público; (ii) que afecta e
invade la actividad propia de la jurisdicción, y (iii) que genera desconfianza
por falta de control de algún funcionario judicial.
Aquella percepción, adscrita sin duda al positivismo
a ultranza, logra redelimitarse con la inclusión constitucional y evolución
conceptual de los derechos fundamentales.
El constitucionalismo democrático institucionaliza los medios extrajuicio de
solución de conflictos para afianzar la tutela judicial efectiva - en nuestro
caso, testificados en los artículos 253 y 258 de la CN - al integrarlos al sistema
de administración de justicia general.
A todo eso, se suma el principio pro arbitraje[9]
como sucesor del principio procesal pro actione, para precisamente promocionar
y utilizar con eficacia la justicia alterna sin mayores obstáculos o
condiciones. Esos principios, consiguen reexaminar el alcance significativo del arbitraje para concebirlo como instrumento
adicional, electivo y efectivo de acceso a la justicia[10]. Desde luego, en la justicia arbitral se aplica
cierta flexibilidad en el procedimiento[11],
con un razonamiento jurídico más inductivo, y sin excluir
totalmente la jurisdicción estatal quien en definitiva controla la validez del
laudo y ejecuta su cumplimiento.
La SC del TSJ se encargó de postular, sobre la base
del principio tuitivo, la apertura del arbitraje para ser utilizado en aquellos
asuntos calificados como de orden público.
La génesis de ese criterio se encuentra en la sentencia 1.541 del 17-10-2008, producto
de un recurso de interpretación que recayó sobre el artículo 258 de la CN[12]. En esa
sentencia se advierte que la inserción del arbitraje en el sistema de justicia
puso fin a la contradicción que desde el punto de vista doctrinal y
jurisprudencial se produjo entre arbitraje, orden público, normas imperativas y
el principio tuitivo o protector de la legislación especial en áreas como
laboral, arrendamiento, consumo, operaciones inmobiliarias, entre otras, y considera
lo siguiente:
“Cuando
el legislador determina que conforme al principio tuitivo, una materia debe estar
regida por el orden público, no deben excluirse per se a los medios
alternativos para la resolución de conflictos y, entre ellos, al arbitraje, ya
que la declaratoria de orden público por parte del legislador de una
determinada materia lo que comporta es la imposibilidad de que las partes
puedan relajar o mitigar las debidas cautelas o protecciones en cabeza del
débil jurídico, las cuales son de naturaleza sustantiva; siendo, por el
contrario que la libre y consensuada estipulación de optar por un medio
alternativo - vgr. arbitraje, mediación, conciliación, entre otras-, en directa
e inmediata ejecución de la autonomía de la voluntad de las partes es de
exclusiva naturaleza adjetiva. Por ello, ya que el orden público afecta o
incide en la esencia sustantiva de las relaciones jurídicas, conlleva a que sea la ley especial y no
otra la norma de fondo la que deban aplicar los árbitros, en tanto los
medios alternativos de resolución de conflictos al constituirse en parte del sistema de justicia no pueden desconocer
disposiciones sustantivas especiales de orden público, al igual que no
podrían quebrantarse por parte del Poder Judicial. La estipulación en un
contrato de cualquier medio alternativo para la resolución de controversias, no supone entonces renuncia alguna a las
protecciones, derechos o garantías establecidas en la legislación especial,
porque tales medios deben aplicarla preferentemente, lo cual en forma alguna
permite afirmar la anulación del ejercicio de competencias administrativas en
materia de policía administrativa, conforme al estatuto atributivo de
específicas potestades en determinada materia - vgr. en materia de bancos,
seguros, valores y competencia a las respectivas Superintendencias o en materia
de arrendamiento a las Direcciones de Inquilinato-, sino por el contrario, es admitir que en el ordenamiento
jurídico vigente el hecho que se haya pactado un arbitraje no altera el régimen
protector o de derecho público aplicable a cada área, en tanto la misma se
constituye en la elección de un medio distinto a la vía judicial, al momento de
una pretensión pecuniaria entre las partes”.
(Negrillas
nuestras)
Como consecuencia del principio pro arbitraje y los artículos constitucionales
253 y 258, se deduce que la restricción del orden público incluido en el artículo
3 LAC deja de ser un elemento excluyente de la justicia arbitral. De acuerdo al
avance de la institución del arbitraje y su efecto expansivo como consecuencia
de la doctrina de la SC, no cabe duda que la prohibición de someter a arbitraje
aquellas controversias laborales, especialmente las de carácter individual y
jurídica, debe verse desde una perspectiva limitada, en cuanto que las normas
laborales pueden ser objeto de transacción y de disposición de acuerdo a las
exigencias legales. Si la solución transaccional es posible como mecanismo
de solución extrajudicial de conflictos, por qué no ha de serlo la arbitral.
Por ello, el arbitraje como método o sistema de solución
de conflictos individuales y jurídicos de trabajo tiene que promocionarse con
el fin de certificar la garantía del acceso a la justicia.[13] No se
puede insistir en la invalidación del arbitraje para aquellas materias que
interesen al orden público, sino en materias que sean contrarias al orden público o afecten principios esenciales
(Artículos 3 y 44 LAC)[14].
De tal manera, no se puede considerar nulo, o
viciado de nulidad, un compromiso arbitral que tenga por objeto una
controversia que se refiera al orden público laboral, sino cuando el orden
público se haya directamente violado por
los árbitros[15].
La sumisión arbitral puede desarrollarse mediante un acuerdo donde estén
presente disposiciones de carácter laboral, lo importante es que su concreción
no resulte contraria al orden público, no afecte a los derechos fundamentales
de los trabajadores. El sentido del laudo no podrá de ningún modo
contravenir el precepto laboral que pueda calificarse como de norma mínima.
Quizá la única condición que pueda imponerse al arbitraje laboral, por el
poco poder de negociación del trabajador al ser contratado y determinar con
certeza el momento del acuerdo voluntario, es la autenticación del acuerdo arbitral.
IV.
Funcionamiento de la cláusula
compromisoria arbitral para los conflictos individuales del trabajo:
IV.1 Comentarios preliminares:
1.
Consideramos pertinente, previo
al análisis del funcionamiento de la cláusula compromisoria en el contrato
individual de trabajo, hacer referencia a las reglas que caracterizan al
arbitraje, especialmente el de autonomía
del pacto arbitral, el de competencia-competencia, y el de colaboración
judicial. El propósito preliminar es
destacar la evolución de esos
principios según la jurisprudencia
nacional, para establecer que la justicia arbitral precede a la judicial en
caso que las partes hayan convenido su aplicación.
Ante la
aceptación del arbitraje o del pacto compromisorio arbitral para este tipo
específico de conflicto de trabajo, como en todos los demás casos de existencia
de una cláusula o compromiso arbitral de diferente materia jurídica, se discute
en primer lugar quién es el órgano competente para decidir sobre su alcance, los
propios árbitros o el poder judicial.
Esos principios concentrados en el artículo 7 de
la LAC “el tribunal arbitral está facultado para decidir
acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la
existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje. A ese efecto el acuerdo de
arbitraje que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo
independiente de las demás estipulaciones del mismo. La decisión del tribunal
arbitral de que el contrato es nulo no conlleva la nulidad del acuerdo de
arbitraje”, supone,
el primero, la independencia de validez del pacto arbitral frente al resto del
contrato que la contiene, y viceversa. Esto quiere decir, que en el supuesto
que se considere nulo el contrato o parte del mismo, esa nulidad no haría nula
el pacto de compromiso arbitral. Sería el tribunal
arbitral a quien le corresponde decidir sobre la validez del contrato y
otros asuntos de fondo. El segundo principio, por su parte implica, que el tribunal
arbitral asume con preferencia la competencia de decidir en cuanto a si tiene o
no jurisdicción/competencia para resolver el asunto.
Entonces, procedería la competencia judicial en estos
dos supuestos: 1) cuando sea declarada la nulidad de la cláusula arbitral por
el tribunal arbitral, y cuando 2) la contraparte consienta la jurisdicción de
los tribunales judiciales tácitamente al no oponer la falta de jurisdicción.
2.
Sobre la
defensa previa de la excepción del
arbitraje frente a la jurisdicción, el progreso jurisprudencial venezolano se nos
presenta en dos fases sucesivas: En un primer momento, ante la duda sobre la
procedencia del arbitraje optó que el asunto fuese trasladado a la justicia estatal[16].
Se postuló el principio de cooperación y subsidiariedad de la actividad
judicial, que garantiza que los órganos del poder judicial puedan intervenir
asistiendo o controlando el procedimiento arbitral o sus efectos, así como
evitar que tales órganos interfieran en la actividad jurisdiccional conferida
por el ordenamiento jurídico a los árbitros[17].
En un segundo momento, se mantiene la cooperación
entre la justicia arbitral y la justicia jurisdiccional, pero el acuerdo
arbitral deja de ser la excepción para
convertirse en la regla. La
sentencia 1.067 de la SC del 3 de noviembre de 2010, caso Astivenca
Astilleros de Venezuela, publicada con carácter vinculante[18],
consideró lo siguiente:
“….Los principios de
competencia-competencia y de la autonomía del pacto arbitral se constituyen en
el régimen jurídico estatutario del arbitraje, en eslabones cardinales para
garantizar el “derecho fundamental a
la posibilidad de empleo de los medios alternativos de resolución de
conflictos, entre ellos, evidentemente, el arbitraje” (Vid. Sentencia de
esta Sala Nº 192/08), en la medida que al ser la competencia del órgano del
arbitraje consecuencia de un pacto -arbitral- que determina el ámbito de la
competencia del mismo, es necesario reconocer a éstos su competencia
para resolver los asuntos que se encuentren enmarcadas por la correspondiente
estipulación, tal como lo señala la Ley de Arbitraje Comercial en sus
artículos 7 y 25, los cuales establecen que: (…) “…., en la medida en que la posibilidad
que los órganos arbitrales se pronuncien sobre su propia competencia en
ningún caso excluye el control de los tribunales, la cual puede ocurrir de
forma plena en el marco de un recurso de nulidad contra el laudo arbitral de
conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Arbitraje Comercial. (…) “por lo que los órganos del Poder judicial al no advertir una manifiesta
nulidad, ineficacia o inaplicabilidad, deberán remitir
al arbitraje, las disputas sometidas a su conocimiento.
“Por ello, este órgano jurisdiccional considera que
la verificación sumaria debe limitarse a (i) la constatación del carácter
escrito del acuerdo de arbitraje y (ii) que se excluya cualquier análisis
relacionado con los vicios del consentimiento que se deriven de la cláusula por
escrito. Respecto al primer supuesto, el mismo debe interpretarse en los
precisos términos del artículo 6º de la Ley de Arbitraje Comercial, conforme a
la cual ( …) Así, el carácter escrito no se limita a la verificación de un
documento -cláusula compromisoria- firmado por las partes a tal efecto
-en el mismo documento del negocio jurídico u en otro instrumento-, sino además
de circunstancias tales como la manifestación de voluntad que se colige del
intercambio de cartas, télex, telegramas, facsímiles u otros medios de
telecomunicación que dejen constancia del acuerdo o del cual se derive la
manifestación de voluntad de las partes de someter sus controversias al arbitraje,
con lo cual el juez debe remitir el conocimiento de inmediato de la
controversia al órgano arbitral que corresponda.
El otro elemento a considerar -que se encuentra
intrínsecamente relacionado con el punto anterior-, es que si se advierte una manifestación
de voluntad concurrente respecto a la pretensión de someter a arbitraje todas
las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre
ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no
contractual, los órganos del Poder Judicial no pueden efectuar examen o
análisis alguno relacionado con los vicios del consentimiento que puedan
derivar de la cláusula arbitral -vgr. Facultades de un representante u
órgano de la sociedad mercantil para someter a su representada”
(…)
Esta interpretación vinculante, en forma alguna
implicaría una renuncia a la soberanía o al desconocimiento de las potestades
que constitucionalmente tienen atribuidos los tribunales de la República, sino por el contrario la materialización de los
preceptos y principios contenidos en el Texto Fundamental en los términos
expuestos ut supra; más aún,
cuando el derecho de los particulares a una tutela judicial efectiva se ve
garantizado por las normas estatutarias aplicables, particularmente en el artículo
44 de la Ley de arbitraje Comercial, el cual señala los supuestos en los cuales
debe decretarse la nulidad de un laudo, a saber:
(…)
Un simple análisis sistémico de la normativa
aplicable, evidencia que las causales respecto a la nulidad del laudo tales
como las que se refieren a los vicios del consentimiento (artículo 44.b) o a la
arbitrabilidad objetiva de la controversia (artículos 3 y 44.f), no pueden
constituirse -bajo una interpretación que niegue la entidad y estatus
constitucional del arbitraje-, en mecanismos que vacíen de contenido ese medio
alternativo de resolución de conflictos, al someter a una revisión judicial
previa -en fase de admisión de una demanda o ante un conflicto de
jurisdicción- supuestos propios de un contradictorio pleno -recurso de
nulidad- para su determinación en un juicio especial para tal efecto.
En definitiva, sobre la base de las
consideraciones expuestas respecto al principio de competencia-competencia y a
las relaciones de coordinación y subsidiariedad de los órganos del Poder
Judicial frente al sistema de arbitraje, los órganos del Poder judicial sólo pueden realizar un examen o verificación “prima
facie”, formal, preliminar o sumaria de los requisitos de validez, eficacia y aplicabilidad de la cláusula
arbitral, que debe limitarse a la constatación del carácter
escrito del acuerdo de arbitraje y se excluye cualquier análisis relacionado
con los vicios del consentimiento que se deriven de la cláusula por escrito, en
los términos expuestos ut supra, y
así expresamente se declara.
(Negrillas nuestras)
Como resultado de esa interpretación histórica y progresiva, cónsona al
principio pro arbitraje, se entiende
que, en el supuesto de constatarse el compromiso arbitral por escrito recae la
solución del conflicto prima facie a
la justicia arbitral.
IV.2 Funcionamiento de la cláusula
compromisoria arbitral en el contrato de trabajo:
En armonía con lo expresado hasta ahora, podemos
inferir que las partes (trabajador y patrono) cuentan con varias opciones para
prever expresamente en el contrato individual de trabajo - preferiblemente autenticado
- la cláusula compromisoria arbitral,
así como su funcionamiento. Las
resumimos así:
1. A través de una cláusula
compromisoria arbitral las partes se obligan a resolver el conflicto
individual en un Centro de Arbitraje y Conciliación
particular[19],
es decir, mediante un arbitraje
institucional. En este supuesto se aplica el procedimiento establecido en
el Reglamento Interno del Centro de Arbitraje escogido por ellos.
La cláusula compromisoria arbitral puede ser de utilidad para resolver diferencias
en los casos de los altos ejecutivos, trabajadores de dirección, trabajadores
internacionales, componentes salariales, pago y cálculo del salario y
prestaciones sociales en divisa, justificación de las causas de terminación de
la relación de trabajo.
2. En el supuesto de la previa sumisión arbitral donde las partes
expresamente eligen en el contrato de trabajo el procedimiento del arbitraje procesal (LOPTRA). Admitida la demanda
el Juez debe ordenar la aplicación del procedimiento arbitral procesal, previa notificación
del demandado.
En este artículo destacamos que
el legislador procesal erró al judicializar
el arbitraje laboral. En efecto, es el Juez quien autoriza la
celebración del arbitraje; escoge a los árbitros; nombra al presidente del tribunal
arbitral; determina el monto de los honorarios de los árbitros en caso de
discrepancia; guarda silencio sobre las reglas del acuerdo arbitral que se debe fijar por
escrito antes de iniciar el arbitraje a los fines de delimitar el mismo, en
función de poder determinar su nulidad según el artículo 149.1 LOPTRA. Con ese esquema contrario a la justicia arbitral, no
tiene ningún sentido ni beneficio práctico la utilización del arbitraje procesal
estructurado en la LOPTRA.
3. En el supuesto que la sumisión previa
arbitral contractual no especifique si es a través del procedimiento del arbitraje
procesal o institucional, creemos, bajo la óptica del principio pro arbitraje y los artículos
constitucionales 253 y 258, que el legitimado debe elegir el arbitraje
institucional, en vista que el arbitraje procesal no ofrece ninguna ventaja a
las partes para resolver el conflicto.
4. Puede existir la posibilidad que, sin ser previsto ese mecanismo con
anterioridad en el contrato individual de trabajo, las partes voluntariamente
someten la solución del conflicto laboral mediante un acuerdo de arbitraje independiente[20],
preferiblemente autenticado por las razones
señaladas. En este supuesto se aplicará el procedimiento previsto en el Reglamento
Interno del Centro de Arbitraje que escojan las partes.
5. Una vez creado el SENAMED, las partes podrán prever en el contrato individual
de trabajo, que de presentarse un conflicto entre ellos, someterán su solución
a través del procedimiento arbitral que funcione en ese organismo.
6.
Finalmente pensamos, que también
puede institucionalizarse Centros Especializados
de Arbitraje Laboral, únicamente para reclamaciones entre trabajadores y
patronos, tal como lo prescribe la exposición de motivos de la CN “Por otra parte, se incorporan al sistema de justicia, los medios
alternativos para la resolución de controversias, tales como el arbitraje, la
mediación y la conciliación, todo ello con el objeto de que el Estado los
fomente y promueva sin perjuicio de las actividades que en tal sentido puedan
desarrollar las academias, universidades; cámaras de comercio y la
sociedad civil en general”.
(Subrayado nuestro)
V.
Rol del poder judicial:
anulación y ejecución del laudo:
En el entendido que los
laudos arbitrales deben estar sujetos a un control judicial para confirmar su
validez[21], analizamos
como procede la anulación y la ejecución del laudo para cada supuesto planteado
en el capítulo anterior.
A. Arbitraje procesal (LOPTRA):
- Anulación a través del Recurso
de Casación
La validez del laudo
arbitral puede ser controlada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 149 eiusdem,
a través del recurso de casación. Se descarta el recurso ordinario de
apelación. Aunque consideramos que la concepción legislativa no es la más acertada
al calificar la anulación como recurso de casación, realmente se trata de un
recurso de nulidad contra el laudo.
En función de que la característica más relevante
del arbitraje es la solución del conflicto mediante una instancia única, y el
recurso de nulidad se intenta con causales tasadas a un número cerrado, nos
permite confirmar que los motivos para justificar el recurso son únicamente los
contenidos en el artículo 149 LOPTRA. Por tanto, no se acumulan los motivos
señalados en el artículo 168 eiusdem, procedentes contra sentencias de
los Tribunales Superiores.
El ejercicio de este recurso de casación se aparta
de lo que establece la LOPTRA para el recurso de casación contra sentencias de
los Tribunales Superiores del Trabajo, dado que procede por exceso de mandato,
en los casos en los que los árbitros se excedan en su decisión respecto a los
límites conceptuales impuestos por el acuerdo o compromiso arbitral,
incurriendo en ultrapetita o extrapetita, o cuando no pueda ejecutarse por ser
manifiestamente contradictorio su dispositivo, o si el procedimiento seguido
fuese contrario a la Ley.
El recurso se interpondrá directamente por ante la SCS del TSJ, sin anuncio
y admisión. Se puede intentar dentro del
lapso de cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación del laudo.
Como requisito de
admisibilidad se requiere que la cuantía del asunto sometido a arbitraje exceda
de 3.000 unidades tributarias[22], de
lo contrario, no tiene cabida este recurso contra el laudo y la publicación de
la junta de arbitraje se presume definitivamente firme, con autoridad de cosa
juzgada, salvo la violación de alguna garantía o derecho de estricto orden
constitucional que pueda sustentar el amparo
constitucional o el recurso de control
de la legalidad.
Por lo que se refiere al recurso de control de la legalidad, la primera
impresión sugiere que el laudo no puede ser impugnado con este especial recurso
al proceder únicamente contra las sentencias de última instancia. Sin embargo, si
la cuantía del asunto es inferior a la señalada, sostenemos para asegurar el
acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y el debido procedimiento – al
ser el laudo la única instancia – la
viabilidad del recurso de control de la legalidad cuando se verifique que el contenido
del laudo violenta o amenace con violentar las normas fundamentales del derecho del
trabajo (orden público) o cuando el laudo sea contrario a la reiterada doctrina
jurisprudencial laboral.
2.
Motivos del recurso de casación contra el laudo
·
Laudo fuera de los límites del arbitraje: la norma debió decir a los límites del acuerdo
arbitral, ya que la determinación del contenido y los límites del arbitraje
les corresponde sólo a las partes, sin poder extenderse al fondo de la
controversia.
·
Laudo contradictorio en forma tal que resulta
inejecutable: esta causal reproduce numeral
3º del artículo 164 LOPTRA. Procede cuando la condición sea localizada en el
dispositivo del laudo, cuando diversos puntos de la condena sean tan opuestos
entre sí que se destruyan mutuamente o no puedan ejecutarse dado que
simultáneamente una parte del dispositivo acuerda algo que la otra niega.
·
Laudo dictado en procedimiento que ha violado
formalidades sustanciales: No puede tratarse de cualquier falta o vicio
en el procedimiento, sino de aquellas sustanciales que, en forma moderada y
lógica, ameriten la nulidad del laudo. En
ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual
estaba destinado.
·
Al
tratarse realmente de un recurso de nulidad contra el laudo, creemos que se puede
acumular e invocar los motivos previstos
en el artículo 44 LAC, a) Cuando la parte contra la cual se invoca demuestre
que una de las partes estaba afectada por alguna incapacidad al momento de
celebrarse el acuerdo de arbitraje; b) Cuando la parte contra la cual se invoca
el laudo no hubiere sido debidamente notificada de la designación de un árbitro
o de las actuaciones arbitrales que así lo ameriten, o no ha podido por
cualquier razón hacer valer sus derechos; c) Cuando la composición del tribunal
arbitral o el procedimiento arbitral no se ha ajustado a esta Ley; d) Cuando el
laudo se refiera a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje, o
contiene decisiones que exceden del acuerdo mismo; e) Cuando la parte contra la
cual se invoca el laudo demuestre que el mismo no es aún vinculante para las
partes o ha sido anulado o suspendido con anterioridad, de acuerdo a lo
convenido por las partes para el proceso arbitral; f) Cuando el tribunal ante
el cual se plantea la nulidad del laudo compruebe que según la Ley, el objeto
de la controversia no es susceptible de arbitraje o que la materia sobre la
cual versa es contraria al orden público.
B. Arbitraje institucional:
1.
Anulación del Laudo a través del recurso de nulidad
El recurso de nulidad contra el laudo se establece como una revisión judicial
para determinar su validez.
Artículo 43.
Contra el laudo arbitral únicamente procede el recurso de nulidad. Este deberá interponerse
por escrito ante el Tribunal Superior competente del lugar donde se hubiere
dictado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del
laudo o de la providencia que lo corrija, aclare o complemente. El expediente
sustanciado por el tribunal arbitral deberá acompañar al recurso interpuesto.
La interposición del recurso de nulidad no suspende la ejecución de lo
dispuesto en el laudo arbitral a menos que, a solicitud del recurrente, el
Tribunal Superior así lo ordene previa constitución por el recurrente de una
caución que garantice la ejecución del laudo y los perjuicios eventuales en el
caso que el recurso fuere rechazado.
2.
Motivos para la Anulación del Laudo
Las causales previstas en el artículo 44 LAC:
Artículo 44. La
nulidad del laudo dictado por el tribunal arbitral se podrá declarar:
a) Cuando la parte
contra la cual se invoca demuestre que una de las partes estaba afectada por
alguna incapacidad al momento de celebrarse el acuerdo de arbitraje;
b) Cuando la parte contra la cual se invoca el
laudo no hubiere sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o
de las actuaciones arbitrales que así lo ameriten, o no ha podido por cualquier
razón hacer valer sus derechos;
c) Cuando la composición
del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ha ajustado a esta Ley;
d) Cuando el laudo se
refiera a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje, o contiene
decisiones que exceden del acuerdo mismo;
e) Cuando la parte
contra la cual se invoca el laudo demuestre que el mismo no es aún vinculante
para las partes o ha sido anulado o suspendido con anterioridad, de acuerdo a
lo convenido por las partes para el proceso arbitral;
f) Cuando el tribunal ante el cual se plantea
la nulidad del laudo compruebe que según la Ley, el objeto de la controversia
no es susceptible de arbitraje o que la materia sobre la cual versa es
contraria al orden público.
Consideramos, que además de las cláusulas anteriores, se podría acumular
los motivos previstos de la LOPTRA para la anulación del laudo arbitral.
3.
Órgano Judicial Competente
Según el artículo 43 LAC, el Tribunal Superior del Trabajo del lugar
donde se haya dictado el laudo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación del laudo o posterior a su aclaratoria.
Artículo 43.
Contra el laudo arbitral únicamente procede el recurso de nulidad. Este deberá
interponerse por escrito ante el Tribunal Superior competente del lugar donde
se hubiere dictado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación del laudo o de la providencia que lo corrija, aclare o
complemente. El expediente sustanciado por el tribunal arbitral deberá
acompañar al recurso interpuesto.
4.
Procedimiento
En
conformidad con el principio de autonomía y especialidad procedimental invocado
en la LOPTRA, la nulidad se tramitará de acuerdo al Procedimiento de Segunda Instancia regulado en esa Ley. Por lo que,
el Juez Superior del Trabajo al recibir el expediente sustanciado por el
tribunal arbitral fijará la oportunidad de la audiencia oral y pública, donde
las partes harán valer sus argumentos y pruebas según lo disponen los artículos
163 al 166 eiusdem.
La
inasistencia del recurrente a la audiencia en el Tribunal Superior, producirá el
desistimiento del recurso, y procederá su ejecución al quedar el laudo
definitivamente firme.
C. Decreto de ejecución del laudo:
1.
Arbitraje procesal
La
ejecución del laudo corresponderá al Juez de Sustanciación, Mediación y
Ejecución (JSME) que acordó el arbitraje, quien la decretará siguiendo el
procedimiento establecido en el capítulo del Procedimiento de Ejecución
de la LOPTRA, tanto para la ejecución voluntaria como la forzosa, ajustando la
condena con la indexación inflacionaria y los intereses de mora que correspondan
según la Ley.
Antes
del decreto de ejecución, el juez puede ordenar la realización de la experticia
complementaria del laudo, si así fue ordenado en el laudo definitivamente
firme. Para la aclaratoria o ampliación del dictamen contable se aplicará lo
dispuesto en el artículo 468 del CPC con las variantes introducidas por la jurisprudencia
de la SCS del TSJ sobre este particular.
2.
Arbitraje institucional
El artículo 48 de la LAC dispone, para este supuesto, lo siguiente:
Artículo 48.
El laudo arbitral, cualquiera que sea el país en el que haya sido dictado, será
reconocido por los tribunales ordinarios como vinculante e inapelable, y tras
la presentación de una petición por escrito al Tribunal de Primera Instancia
competente será ejecutado forzosamente por éste sin requerir exequátur, según
las normas que establece el Código de Procedimiento Civil para la ejecución
forzosa de las sentencias. La parte que invoque un laudo o pida su ejecución
deberá acompañar a su solicitud una copia del laudo certificada por el tribunal
arbitral, con traducción al idioma castellano si fuere necesario.
Es sabido que al tribunal arbitral no
se le confiere la facultad de ejecutar sus propios laudos y para ello coopera
el poder judicial. En este supuesto, por ser un conflicto derivado de una
relación jurídica laboral donde las partes previamente sometieron la solución al
arbitraje, la ejecución le corresponde directamente al JSME de los Tribunales
del Trabajo, aplicando el procedimiento de ejecución previsto en la LOPTRA,
con el mismo método expresado en el numeral anterior.
Cuando el asunto resuelto por el centro de arbitraje especial sea trasladado
a la jurisdicción laboral para la ejecución, el expediente se distribuirá entre
los jueces ejecutores según el sistema de distribución aleatoria de causas.
El Juez en funciones de ejecución puede ordenar la realización de la experticia complementaria del laudo en
el caso que así fuese ordenado en el laudo arbitral.
D. El amparo contra el laudo arbitral:
En la doctrina nacional se discute la admisión del amparo contra los laudos
arbitrales o contra las sentencias de los Tribunales Superiores que conozcan
sobre la nulidad del laudo arbitral[23].
En cambio, la SC ha sostenido varios casos donde habilita el amparo
constitucional contra el laudo[24].
Pensamos, que es viable el amparo contra el laudo cuando resulta ser la
única garantía para tutelar el derecho infringido, no para avalar prácticas
indeseables de desnaturalización del medio de solución de conflictos. Su
aplicación debe ser restrictiva, para casos donde no se proporcione una
solución directa, como sería el caso del laudo dictado en el arbitraje procesal
y la cuantía impide la verificación de su validez a través de la casación.
E.
Solicitud de revisión constitucional:
Como
consecuencia de la supremacía constitucional y el sometimiento de los jueces y los
órganos del poder público a los principios constitucionales (justicia
constitucional), surgieron los métodos de control de la constitucionalidad conocidos
como el difuso y el concentrado. Ambos están concebidos en la CN y en la LOTSJ,
dependiendo si el control lo ejerce cualquier Tribunal de la República o la SC.
Se concede únicamente a la SC la posibilidad de revisar la constitucionalidad
de las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los Tribunales
de la República o por otras Salas del TSJ, para casos particulares exigidos en
la ley especial.[25]
Para la revisión constitucional del laudo, nos
topamos con la sentencia 443 del 6 de mayo de 2013 de la SC, caso Procuraduría
General del Estado Monagas, donde pronunciándose sobre un laudo ad-hoc de contenido laboral, especificó
lo siguiente: (i) que verse sobre una
sentencia definitivamente firme, (ii)
que emane del poder judicial, y (iii)
que los laudos arbitrales al no emanar del poder judicial, no cumplen con los
requisitos de procedencia de la revisión.
La
LOPTRA, como anticipamos en los capítulos anteriores, sustituye el medio de
impugnación tradicional de nulidad del laudo por el recurso de casación. Para
determinar la validez del laudo la SCS - poder judicial - dicta una sentencia, en
tanto sujeta a revisión constitucional si irrumpe contra los principios y la interpretación
constitucional. Lo mismo resulta decir, para aquellos casos donde la cuantía
del asunto no es suficiente y se intente el recurso del control de la
legalidad.
La
misma interpretación es aplicable para los supuestos de arbitraje
institucional. El Tribunal Superior del Trabajo que conoce de los motivos de
impugnación del laudo, resuelve su validez a través de una sentencia judicial,
por tanto, revisable constitucionalmente por la SC
F. Medidas cautelares.
Existe una seria laguna legislativa en la LOPTRA sobre la procedencia de
las medidas cautelares solicitadas por las partes mientras se constituye el
tribunal arbitral. No obstante, pensamos que el tribunal arbitral constituido
tiene facultades para acordar la solicitud de cualquier medida cautelar,
nominada o innominada, previo cumplimento de las exigencias especiales previstas
en el artículo 137 de la LOPTRA, por ser accesoria a un procedimiento arbitral
ya iniciado. En conformidad con ese artículo, se puede ejercer recurso de
apelación a un solo efecto contra el laudo interlocutorio que acuerde la medida
cautelar. Para esta incidencia no tiene cabida el recurso de casación al
proscribirse en la propia ley.
En el arbitraje
institucional, el artículo 26 de la LAC expresa que, “salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá
dictar las medidas cautelares que considere necesarias respecto del objeto en
litigio”. Esa posibilidad se complementará con los requisitos de
procedencia desarrollados en el Reglamento Interno del Centro de Arbitraje que
decidan adoptar las partes.
Se especula en
la doctrina sobre la posibilidad de otorgar la medida cautelar anticipada, es decir, antes de iniciar el proceso
arbitral. Sobre este punto la SC considera su admisión de acuerdo con lo
indicado en la sentencia 1067 del 3 de noviembre de 2010 caso Astivenca
Astilleros de Venezuela C.A. Para el otorgamiento de la medida anticipada la SC
faculta y confiere la competencia al poder judicial, así como, condiciona al solicitante
interesado para que active, en un lapso breve, el procedimiento arbitral según
lo establecido en la cláusula compromisoria o pacto arbitral.
Conclusiones.
1.
En Venezuela, el arbitraje como medio
alternativo de solución de conflictos se equipara en sus funciones al poder
jurisdiccional del Estado. Se le faculta como método para resolver
controversias que escapan del derecho privado y que involucren al orden público. Por tanto, la doctrina laboral
venezolana se encargará de favorecer y prever la viabilidad del arbitraje en
los conflictos individuales y jurídicos del trabajo.
2.
No se contempla legislativamente la
imposibilidad del arbitraje en materias que interesen al orden público, sino en
materias que sean contrarias al orden
público, de acuerdo con lo expresado en los artículos 3 y 44 LAC. Ese enfoque - para certificar la garantía de acceso a la
justicia - debe aplicarse a las normas que regulan el Derecho del Trabajo.
3. Como consecuencia del principio pro
arbitraje, en consonancia con los artículos constitucionales 253 y 258, la restricción del orden público deja de ser un
elemento excluyente de la justicia arbitral. De acuerdo al progreso
conceptual de la institución del arbitraje y su efecto expansivo, la
prohibición de someter a arbitraje aquellas controversias laborales de carácter
individual y de derecho debe verse desde una perspectiva reducida. Por tal razón, resulta válido el compromiso
arbitral incorporado en el contrato individual de trabajo, donde las partes
opten por una justicia arbitral, distinta al arbitraje judicial de la LOPTRA.
4. No se considerará nulo un compromiso arbitral que tenga por objeto una
controversia que se refiera al orden público laboral, sino cuando el orden
público sea trasgredido por los árbitros. La actuación de los árbitros - al igual de los jueces - no puede desasociarse del derecho sustantivo del trabajo, no
pueden dejar de aplicar para su resolución las reglas y principio especiales
que la orientan, como la irrenunciabilidad de los derechos, la intangibilidad,
progresividad, in dubio pro operario,
distribución especial de la carga de la prueba, realidad de los hechos sobre
las formas, estabilidad y continuidad de la relación de trabajo, derecho a las
cargas de seguridad social, protección de la vida y la salud del trabajador,
entre otras. En caso de trasgredir los
árbitros las reglas fundamentales de la legislación laboral, el laudo es
contrario a derecho y queda expuesto al proceso de anulación.
*Universidad Central de Venezuela: Abogado;
Especialista en Derecho del Trabajo por la UCV; Doctorando UCV; Coordinador del
postgrado en Derecho del Trabajo UCV. Profesor de la materia Derecho Procesal
del Trabajo en el postgrado en Derecho del Trabajo UCV. Este artículo
corresponde a una línea de investigación que iniciamos en el Doctorado en
Ciencias, Mención Derecho, UCV, en la materia “El Arbitraje como Institución
Jurídica”, con el Profesor Hernando Diaz-Candia.
[1] Algunos
hablan de reconstitucionalización, “La Constitución venezolana de 1999 le
devolvió el rango constitucional al arbitraje, rango que había perdido en 1864”. Vid. Eugenio
Hernández-Bretón, “El arbitraje y las normas constitucionales en Venezuela: lo
malo, lo feo y lo bueno”, Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y
Sociales, N° 149 (2010), pág. 392, en http://acienpol.msinfo.info/bases/biblo/texto/boletin/2010/BolACPS_2010_149_389-407.pdf.
[2] Artículo 495
de la LOTTT “Los y las integrantes de la junta de
arbitraje tendrán el carácter de árbitros arbitradores y sus decisiones serán
inapelables. “
[3] Representa
el arbitraje laboral más utilizado en Venezuela.
[4] Asimilándose
al arbitraje independiente o ad hoc
que dispone la LAC, donde las partes acuerdan las reglas de procedimiento
aplicables en la solución de su conflicto.
[5] Resulta
importante destacar, que este artículo se incorpora en la legislación laboral
venezolana en la Ley del Trabajo de 1990 (Art. 592) y luego ratificado en el artículo 583 de la Ley del Trabajo promulgada en el año 1997.
[6] Incluso por recomendación del juez que conoció de la audiencia
preliminar.
[7] En este
arbitraje procesal se excedieron en el control
judicial: (i) La junta de arbitraje se conforma por tres
(3) árbitros que serán escogidos al azar por el Juez de una lista de árbitros
establecida oficialmente por el TSJ en SCS. (ii) En caso de inconformidad con
el monto de los honorarios estimados, éste será fijado prudentemente por el
Juez, dependiendo de la complejidad del asunto. (iii) No se desarrolla
legalmente como se delimita el acuerdo arbitral.
[8] Para testificar el recelo acerca de la utilización del arbitraje en los
conflictos individuales, es suficiente mencionar la sentencia 289 del 19 de
febrero del 2002, caso José Texeira de Miguel vs. Shell Venezuela Productos
C.A., de la SPA del TSJ, sobre la prohibición de las cláusulas
arbitrales en los contratos de trabajo,
manifestando que cuando existía una relación laboral son llamados los
tribunales [jurisdicción] laborales a quien le corresponde dirimir la
controversia, independientemente que se haya establecido una cláusula arbitral
de compromiso entre las partes en el contrato según la Ley de Arbitraje
Comercial, ya que se considera que éste fue creado para dirimir controversias
exclusivamente de carácter comercial. En el mismo sentido la sentencia 83 del 24
de enero de 2007, caso Oswaldo Antonio
García Girola contra Suramericana
de Transporte Petrolero C.A.
[9] Este reconocimiento constitucional de
avanzada, cambio paradigmático, nos obliga a enfocar con otro prisma la ventaja
del arbitraje, y eso se materializó en las sentencias 192 y 1541 de la SC del
28-2-2008 y 17-10-2008, respectivamente,
referida a la interpretación del artículo 258 de CN, cuando precisó: “…Asimismo,
esta Sala ha establecido en anteriores oportunidades que los medios
alternativos de solución de conflictos no sólo tienen como finalidad dirimir
conflictos de una manera imparcial, autónoma e independiente, mediante un
proceso contradictorio, sino que a través de ellos se producen sentencias que
se convierten en cosa juzgada, -en el caso del arbitraje, el laudo arbitral- y,
por tanto, es parte de la actividad jurisdiccional y del sistema de justicia,
“(…) pero no por ello pertenece al poder judicial, que representa otra cara de
la jurisdicción, la cual atiende a una organización piramidal en cuya cúspide
se encuentra el Tribunal Supremo de Justicia, y donde impera un régimen
disciplinario y organizativo del cual carece, por ahora, la justicia
alternativa (…)” La sentencia N° 1067 de la SC del 03-11-2010 caso
Astivenca y la N° 1773 del 30-11-2011, la reafirma.
[10] Diaz-Candia,
Hernando: El Correcto Funcionamiento Expansivo del Arbitraje. Editorial
legislación económica 2011, pág. 32 “Los
árbitros están tan obligados a aplicar y respetar esos artículos y los derechos
que reflejan, como los jueces del Poder Judicial. También están obligados los
árbitros a aplicar el derecho sustantivo relevante con la seriedad que lo haría
un juez. Ello no quiere decir, sin embargo, que el arbitraje deba funcionar
igual, en aspectos adjetivos, que el poder Judicial, pues aquel permite
loablemente una cierta flexibilización racional de la carga de la prueba y un
método más casuístico y orientado al peso de los hechos (…) pero no hacen y no
deben hacer mutar el sentido sustantivo del Derecho ni del orden público”.
[11] Garantizando
en todo momento el derecho a la defensa y el debido procedimiento.
[12] No obstante
ser una sentencia publicada en el año 2008, a la fecha persiste en el foro
laboral venezolano una marcada indiferencia sobre su habilitación para los
conflictos individuales.
[13] La
exposición de motivos de la CN expresa: “Por otra parte, se incorporan al sistema
de justicia, los medios alternativos para la resolución de controversias, tales
como el arbitraje, la mediación y la conciliación, todo ello con el objeto de
que el Estado los fomente y promueva sin perjuicio de las actividades que en
tal sentido puedan desarrollar las academias, universidades; cámaras de comercio
y la sociedad civil en general”.
[14] Establece el literal a)
del Art. 3 de la LAC: a)
Que sean contrarias al orden público o versen sobre delitos o faltas, salvo
sobre la cuantía de la responsabilidad civil, en tanto ésta no hubiere sido
fijada por sentencia definitivamente firme. ...". Asimismo, el
Artículo 44, literal f, eiusdem,
establece que la nulidad del laudo se podrá declarar cuando el Tribunal
ante el cual se plantea la nulidad del laudo compruebe que según la Ley, el
objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje, o que la materia
sobre la cual versa es contraria al orden
público".
[15] Desde luego,
el árbitro no puede desconectarse de los principios sustantivos de carácter
tutelar que orientan al derecho del trabajo - derechos fundamentales - tales como la irrenunciabilidad de los
derechos mínimos, su intangibilidad, progresividad, in dubio pro operario,
distribución especial de la carga de la prueba, realidad de los hechos sobre
las formas, continuidad de la relación de trabajo, derecho a las cargas de
seguridad social, protección de la vida del trabajo con las normas contenidas
en la LOPCYMAT, lo cual lo acerca a
un arbitraje de derecho más que de equidad.
[16] Vid. sentencia de la SPA N °1.209 del 20-6-01, caso
Hoteles Doral C.A. vs Corporación L
'Hoteles. Ese criterio fue
ratificado en la sentencia de la misma Sala Nº 2.571 del 5-5-2005, caso
Inversiones 225, S.A. Por su parte, la SC del TSJ mantuvo la misma impresión: Vid. Sentencia de esa Sala N° 1.541/2008.
[17] Hoy día podemos confirmar que, esa
interpretación desvirtuó el alcance de la autonomía del instituto arbitral,
puesto que no puede ni debe ser visto como una excepción a la competencia
constitucional que tienen los tribunales ordinarios para decidir conforme al
imperio de la Ley, sino como un
medio alternativo, como otra opción de las partes para dirimir sus
controversias, en la que basta la voluntad manifestada por escrito para
someterse a ella (cláusula arbitral), en cualquier documento o conjunto de
documentos, tal como lo dispone el Artículo 6 de la LAC.
[18] Gaceta Oficial de la República Nº 39.561 del 26 de noviembre de 2010.
[19] Adscrito al Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) o el Centro
de Arbitraje de la Cámara de Caracas (CACC), o cualquier otro centro de
arbitraje regional.
[20] Según el artículo 5 de la LAC
[21] Para este
tipo de arbitraje, la exclusión de la jurisdicción es parcial
y limitado en el tiempo.
[22] Artículo 171.2 LOPTRA. Se aplica al valor de lo discutido al iniciar el
proceso arbitral.
[23] Hung Vaillant, Francisco. Reflexiones
sobre el arbitraje en el sistema venezolano”, Editorial Jurídica
Venezolana, Caracas 2001, pp. 114: “En relación con el laudo arbitral dictado bajo el procedimiento
contenido en la LAC y en un ensayo bastante completo, Andrés Mezgravis expone
los argumentos en los cuales fundamenta su negativa a la posibilidad de que sea
admisible la acción de amparo constitucional en contra del laudo arbitral. Y lo
resume así: a) El Artículo 4 LOA, al señalar la procedencia de la acción de
amparo establece la resolución, sentencia o acto que lesione el derecho
constitucional del accionante, debe emanar de un “Tribunal de la República”. En
este sentido el autor opina que la expresión que identifica al órgano del cual
emane la decisión a la cual se imputa la violación del derecho o garantía
constitucional está concebida en su sentido más estricto; es decir, en el
sentido de “Tribunales de la República” a que se refiere la Constitución cuando
alude a la Ley Orgánica del Poder Judicial. La conclusión del autor comentado
en este punto es que los Tribunales arbitrales no tienen la cualidad de
“Tribunales de la República” y en consecuencia, la acción de amparo no
encajaría dentro del supuesto del Artículo 4 LOA por no tener el autor del
laudo carácter de legitimado pasivo conforme a dicha forma. b) En segundo
lugar, MEZGRAVIS opina que la acción de amparo sólo procede cuando no exista
otro medio o recurso, ordinario o extraordinario, para tutelar el derecho o
garantía constitucional que se señala infringido. Bajo este aspecto, el autor
comentado afirma que el recurso de nulidad del laudo arbitral previsto en el
Artículo 43 LAC constituye un medio idóneo para restablecer inmediatamente la
situación jurídica infringida. c) Finalmente MEZGRAVIS argumenta sobre la base
del contenido del Artículo 5 LAC, norma que expresamente establece que como
efecto del pacto arbitral, las partes renuncian a hacer valer sus pretensiones
ante los jueces. Esta expresión de la ley es interpretada en el sentido de las
partes, al convenir en la sumisión al Arbitraje “renuncian a cualquier
pretensión, vía, medio, acción o recurso judicial, excepto únicamente el
recurso de nulidad”.
[24] Sentencia de
la SC 462 del 20 de mayo de 2010, caso Gustavo Yelamo Lizarzabal, deja abierta
la posibilidad de intentar amparos contra laudos si estos se presentan como
únicos medios de impugnación y no se ha vencido el lapso para interponer el
recurso de nulidad, y aclara que no se puede sustituir el recurso de nulidad
por el amparo constitucional. Las sentencias 1337 de fecha 22 de junio de 2005,
la 2294 del 01 de agosto de 2005, de la misma Sala, admiten el amparo contra
laudos si es interpuesto dentro de los seis (6) meses, contra las sentencias de
tribunales superiores que decidan sobre recursos de nulidad de laudo; la 174
del 14 de febrero de 2006, caso Haagen-Dazs,
ratifica el amparo aun en los casos de arbitraje que se hayan desarrollado en
el extranjero, para el supuesto de que el laudo sea o puede ser objeto de una
petición de reconocimiento en Venezuela. La 1206 del 14 de agosto de 2012,
también admite el amparo contra el laudo.
[25] Ordinales
10, 11 y 12 del artículo 25 de la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia
Comentarios
Publicar un comentario